La situación pone en evidencia la necesidad de transparencia en la asignación de escoltas a precandidatos en un contexto electoral marcado por la desconfianza ciudadana.
Chile22 de mayo de 2025
Diego Arenas
Iquique, Chile – La participación del diputado Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, en el acto conmemorativo de las Glorias Navales el 21 de mayo de 2025 ha generado un fuerte debate sobre el uso de recursos públicos y la transparencia electoral en vísperas de las elecciones presidenciales de Chile. Su presencia, acompañada por un miembro de la Escolta de Carabineros, ha levantado suspicacias sobre la legitimidad de su protección, dado que su candidatura presidencial aún no ha sido oficializada por el Servicio Electoral (Servel), cuyas confirmaciones se darán a conocer en agosto.
Durante la celebración de las Glorias Navales en Iquique, se conmemoraron a héroes nacionales como Arturo Prat. La aparición de Kaiser en la tribuna oficial, protegido por un escolta del Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros, suscitó críticas severas. Este servicio, destinado a personalidades de alto perfil o en situaciones de riesgo, ha generado cuestionamientos sobre el uso indebido de recursos fiscales en una campaña electoral que aún no es oficial. Según Carabineros, la asignación de escoltas se efectúa "en cumplimiento de su misión constitucional y en coordinación con las autoridades competentes", pero no hay suficiente información pública que justifique la protección de Kaiser en este tipo de eventos.
El caso de Kaiser es revelador al compararlo con otros precandidatos, como Carolina Tohá, exministra del Interior, quien tiene un escolta, y Evelyn Matthei, precandidata de Chile Vamos, que cuenta con dos. Por su parte, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, también dispone de un escolta. La disparidad en la protección otorgada, sin criterios claros, ha suscitado preguntas sobre la equidad en el uso de recursos estatales. Un informe de Transparency International de 2024 indica que Chile enfrenta desafíos en la percepción de la corrupción en el sector público, con un índice de 67 puntos, lo cual subraya la importancia de la transparencia en el manejo de estos recursos.
Las elecciones presidenciales de 2025, programadas para el 16 de noviembre, han traído consigo una creciente polarización política. Según la última encuesta de Cadem de abril de 2025, Evelyn Matthei lidera la intención de voto con un 20%, seguida de Johannes Kaiser con un 15%, José Antonio Kast con un 14% y Carolina Tohá con un 12%. El ascenso de Kaiser, un exintegrante del Partido Republicano que ha adoptado un discurso libertario enfocado en temas de crimen e inmigración, lo ha convertido en una figura controvertida. Su uso de una escolta en un evento protocolar no vinculado a amenazas potenciales ha sido interpretado como una estrategia para proyectar una imagen presidencial.
La normativa de Carabineros establece que el PPI debe basar su asignación de escoltas en evaluaciones de riesgo específicas. La falta de claridad en estos criterios ha sido criticada por distintas organizaciones, incluido Chile Transparente, que ha instado a establecer "protocolos claros y públicos". Esta falta de regulación no es nueva: en las elecciones de 2021, figuras como Gabriel Boric y José Antonio Kast también enfrentaron reclamos en torno al uso de recursos estatales durante sus campañas. Un artículo de El País Chile de abril de 2025 menciona que esta práctica refleja una falta de regulación clara en el uso de recursos públicos durante periodos preelectorales.
El empleo de escoltas por parte de precandidatos plantea un dilema en términos éticos y prácticos. Mientras que algunas figuras públicas pueden enfrentarse a riesgos reales en un contexto de aumento de la violencia política, el uso de recursos fiscales sin una justificación clara puede interpretarse como un privilegio indebido. Por ejemplo, Tohá justificó su escolta con base en "amenazas recibidas durante su gestión como ministra del Interior". Sin embargo, no se han presentado evidencias similares que sustenten la necesidad de protección para Kaiser.
Diversos expertos y organizaciones han sugerido varias medidas para optimizar el uso de escoltas de manera justa:
Criterios transparentes: Establecer protocolos públicos para la asignación de escoltas, basados en evaluaciones de riesgo verificadas.
Regulación preelectoral: Creación de normas específicas para el uso de recursos públicos durante períodos preelectorales, prohibiendo su uso en actividades de campaña no oficiales.
Auditorías independientes: Implementar revisiones periódicas por parte de la Contraloría General de la República, para garantizar que los recursos asignados cumplan con los criterios establecidos.
Equidad entre precandidatos: Asegurar que todos los precandidatos tengan acceso a protección si se justifican riesgos, evitando las disparidades basadas en influencias políticas.
Un informe de CELAG de abril de 2025 advierte que "la percepción de abuso de recursos públicos puede erosionar la confianza en el proceso electoral". La reforma del sistema de asignación de escoltas podría ser un paso clave para fortalecer la democracia chilena.
The Times en Español observa que el incidente de Johannes Kaiser en Iquique pone de relieve una tensión estructural en la política chilena: la estrecha línea entre la seguridad legítima de las figuras públicas y el uso indebido de recursos estatales para fines electorales. La asignación de escoltas a precandidatos aún no oficializados como Kaiser, Kast, Matthei y Tohá indica una falta de regulación clara, en un momento donde la transparencia resulta crucial para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Las encuestas indican que un 68% de los chilenos cree que los políticos abusan de los recursos públicos, una percepción que reafirma la necesidad de reformas. A medida que la polarización política aumenta, como se documentó en la encuesta de Feedback, cualquier indicio de privilegio podría exacerbar la desconfianza hacia las élites políticas.
El caso de Kaiser es particularmente delicado, ya que su ascenso en las encuestas lo sitúa como un competidor directo de Kast y Matthei dentro del espectro de la derecha. Su uso de una escolta en un evento protocolar puede interpretarse como una maniobra para proyectar poder, pero también podría considerarse provocativa en un contexto de alta vigilancia ciudadana. Tohá y Matthei han justificando su protección con base en amenazas documentadas, pero la falta de transparencia en estos procesos sigue siendo un punto débil en la legitimidad de sus argumentos.
Chile se enfrenta a la urgente necesidad de una reforma integral en la protección de figuras públicas. La Contraloría podría desempeñar un papel clave en la auditoría de estas asignaciones, mientras que el Congreso debería legislar para establecer límites claros sobre el uso de recursos fiscales en campañas. Sin estas medidas, seguirán surgiendo incidentes como el de Iquique, alimentando la percepción de que los políticos favorecen sus intereses individuales sobre el bienestar del país.
La transparencia y la equidad son fundamentales para fortalecer la democracia en Chile. Con el proceso electoral de 2025 a la vuelta de la esquina, es imperativo que los precandidatos actúen con responsabilidad para evitar que la percepción de abuso de recursos públicos opaque el debate político.
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