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Víctima podría perder un ojo tras violenta agresión en edificio de lujo. El agresor, bajo efectos de alcohol y drogas, quedó con medidas cautelares.
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Vitacura, Chile - En la madrugada del 17 de mayo de 2025, un conserje de 70 años, Guillermo Oyarzún, fue víctima de una brutal golpiza que lo dejó con graves secuelas. La agresión, llevada a cabo por Martín De Los Santos, un empresario de 34 años, ocurrió mientras Oyarzún realizaba su ronda nocturna en un exclusivo edificio de la comuna. Este ataque ha suscitado una ola de indignación nacional, poniendo de relieve situaciones de violencia sin sentido, impunidad y el impacto del consumo de alcohol y drogas.
El incidente tuvo lugar alrededor de las 3:00 de la mañana. Según el testimonio de Héctor Oyarzún, hijo de la víctima, el agresor le solicitó un cigarro a su padre. Al recibir una respuesta negativa —debido a que Guillermo no fuma—, De Los Santos reaccionó de forma violenta. “Un tipo sin mayor provocación, lo golpea por la espalda,” relató Héctor en una entrevista el matinal de Chilevisión. El ataque fue feroz: Guillermo cayó al suelo y el agresor continuó golpeándolo con pies y puños, dejándolo con múltiples fracturas en el rostro y un daño grave en el ojo derecho, que podría perderse permanentemente.
Héctor también destacó el impacto emocional que esta agresión ha tenido en su padre. “Está en shock, nervioso, llora a cada rato,” agregó. La fractura en la mandíbula le impide comer con normalidad, lo que agrava su estado de salud general.
Testigos del edificio afirmaron que Martín De Los Santos había presentado un comportamiento errático antes de la agresión, sugiriendo que estaba bajo la influencia de alcohol y drogas. “Sabemos que estaba con alcohol y drogas. Estaba totalmente descontrolado,” afirmó Héctor Oyarzún.
Chilevisión también reveló que el agresor tiene antecedentes criminales por incidentes similares. Esto ha generado un debate en torno al sistema judicial chileno. En plataformas como X, usuarios han expresado su indignación: “Cómo puede pasar que un ‘empresario’ golpee a un conserje sin consecuencias?” La respuesta judicial inicial no tranquilizó a la comunidad; después de ser formalizado, De Los Santos quedó en libertad condicional con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional durante 100 días, una decisión que ha aumentado la percepción de injusticia.
Guillermo Oyarzún no es solo un conserje, es un hombre dedicado con 20 años de servicio en el mismo edificio. A pesar de haberse jubilado hace cinco años, continuó trabajando por su compromiso con los residentes. Su hijo describió a Guillermo como una figura respetada y querida. La agresión ha dejado a sus familiares en shock y preocupación, resaltando la vulnerabilidad de los trabajadores del sector.
La controversia en torno a la decisión de liberar a De Los Santos ha intensificado críticas al sistema judicial. En redes sociales, muchos argumentan que la decisión favorece a los de alta posición económica. La percepción de que el agresor recibió un trato privilegiado reaviva el debate sobre la desigualdad ante la ley en Chile. Además, la información de que el empresario ya había sido implicado en incidentes de violencia previa, como “sacar un diente” a otra persona, plantea serias dudas sobre la efectividad del sistema penal.
Este caso pone de manifiesto una problemática más amplia relacionada con el consumo de alcohol y drogas en Chile. Según Meganoticias, el comportamiento descontrolado de De Los Santos podría haber sido amplificado por el uso de sustancias. Este incidente se suma a otros casos recientes que vinculan el abuso de drogas con actos de violencia. La región metropolitana, y especialmente Vitacura, han visto un aumento en los reportes de situaciones similares en los últimos años.
La Subsecretaría de Prevención del Delito ha señalado que este contexto demanda políticas públicas que aborden la problemática tanto en términos de prevención como de rehabilitación. La seguridad de los trabajadores, como los conserjes, también requiere una atención urgente.
El caso de Guillermo Oyarzún no es simplemente una tragedia individual, sino un reflejo de los problemas estructurales en la sociedad chilena. La desigualdad social, la percepción de impunidad para quienes pertenecen a las élites económicas, y la falta de protección para los trabajadores vulnerables son temas que resuenan en este caso.
La decisión de otorgar medidas cautelares a un empresario con antecedentes penaliza la confianza en un sistema judicial que, según un informe de Amnistía Internacional Chile (2023), adolece de desigualdad. En consecuencia, esto fortalece la narrativa de que la justicia en Chile ocurre de manera desigual, un tema que ha generado un importante descontento social, especialmente tras el estallido social de 2019.
Desde una esfera política, el incidente revela una necesidad urgente de reformas que fortalezcan la seguridad laboral y aborden la prevención de la violencia. La precariedad laboral de los trabajadores de servicios como Guillermo Oyarzún debe ser reconsiderada, dado que un estudio de la Fundación Sol (2024) indica que el 60% de estos trabajadores carecen de contratos que garanticen condiciones de seguridad adecuadas.
La relación entre el consumo de drogas y la violencia resalta la insuficiencia de las políticas de salud pública existentes en el país. El gobierno de Gabriel Boric enfrenta la presión de no solo prometer enfrentar estas desigualdades, sino de implementar medidas concretas para restaurar la confianza en las instituciones.
El caso de Guillermo Oyarzún es un llamado urgente a la acción social. La indignación pública, evidente en plataformas como X, es un reflejo de un malestar más profundo que trasciende un solo incidente y apunta a problemas sistémicos en Chile. La justicia, la seguridad y la igualdad ante la ley son demandas que necesitan ser atendidas.
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