Un operativo conjunto de SERMIG y PDI saca del país a extranjeros con antecedentes penales, reforzando la política migratoria chilena.
Chile18 de mayo de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile – El 18 de mayo de 2025, un vuelo chárter partió del Aeropuerto Internacional de Santiago con destino a Bolivia, Colombia y la República Dominicana, transportando a 34 migrantes expulsados de Chile por delitos graves y violaciones a la normativa migratoria. Esta operación, coordinada por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI), subraya la Política Nacional de Migración y Extranjería, cuyo eje central es la expulsión de migrantes con antecedentes penales. Este evento destaca los esfuerzos del gobierno chileno por mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer el control de fronteras.
El vuelo reportó la expulsión de 21 personas bajo la categoría administrativa y 13 bajo la judicial. Las expulsiones administrativas involucraron delitos como tráfico ilícito de drogas, hurto, porte ilegal de armas y ingreso irregular al país. Las expulsiones judiciales incluyeron condenados por delitos severos, como robo con intimidación, homicidio simple, asociación ilícita y conducción bajo la influencia del alcohol. Luis Eduardo Thayer, director del SERMIG, enfatizó: “Priorizamos la expulsión de quienes han cometido delitos y representan un riesgo para la sociedad chilena”.
Hasta la fecha, en 2025, Chile ha concretado un total de 402 expulsiones, de las cuales 285 son administrativas y 117 judiciales. Estas cifras contrastan con el año 2024, que marcó un récord histórico de 1.100 expulsiones (690 administrativas y 410 judiciales). Este incremento se atribuye a un nuevo protocolo lanzado en diciembre de 2024 que optimiza la coordinación entre SERMIG, PDI, Gendarmería y la Subsecretaría del Interior. Según Thayer, este protocolo ha logrado “agilizar los tiempos y priorizar casos críticos”, especialmente aquellos ligados al crimen organizado.
El director nacional del SERMIG, Luis Eduardo Thayer Correa, declaró: “Hoy ha salido un nuevo chárter con personas expulsadas desde nuestro país. Con este ya son 18 los vuelos de esta naturaleza que salen de Chile en lo que va de mandato del presidente Gabriel Boric y más de 3.500 las expulsiones materializadas desde 2022 hasta la fecha”. Esta acción demuestra el continuo esfuerzo del gobierno por garantizar una migración segura, ordenada y regular, así como por establecer sanciones para aquellos que cometen delitos o incumplen la normativa migratoria.
Chile enfrenta desde hace años una crisis migratoria creciente, agravada por el aumento de ingresos irregulares por la frontera norte, especialmente con Bolivia y Perú. Entre enero y abril de 2024, se reportaron 11.705 ingresos clandestinos, siendo abril el mes con más casos (4.272). En 2024, las nacionalidades más expulsadas fueron colombiana (38%), venezolana (35%) y boliviana (8%), lo que evidencia la composición de la población migrante en Chile. Thayer enfatizó que “las expulsiones no discriminan por nacionalidad”, sino que se fundamentan en la gravedad de los delitos.
El reciente operativo de expulsión de 34 migrantes desde Santiago destaca el endurecimiento de la política migratoria chilena bajo la administración de Gabriel Boric, impulsada por las demandas de seguridad ciudadana. Sin embargo, este enfoque enfrenta críticas, especialmente en materia de derechos humanos. La ejecución efectiva de expulsiones masivas se complica por la falta de acuerdos bilaterales con países como Venezuela. Además, aunque se busca un equilibrio entre la seguridad y la integración, estas medidas generan tensiones internas en la coalición gobernante.
El gobierno de Boric se enfrenta a un desafío delicado: fortalecer la seguridad ciudadana sin caer en discursos xenófobos ni vulnerar los derechos humanos. Los próximos meses serán cruciales para determinar si las expulsiones, como la realizada el 18 de mayo, tendrán un impacto significativo en la disminución de la delincuencia o, por el contrario, fomentar un debate polarizado que ponga en riesgo la gobernabilidad del país.
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