Fiscalía destituye a Cooper por “pinchazos” ilegales en caso ProCultura

Antofagasta, Chile – La Fiscalía Regional de Coquimbo anunció este viernes la remoción del fiscal Patricio Cooper de la investigación del Caso ProCultura, tras un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas a la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura. Este hecho ha generado un terremoto político en Chile, poniendo en el centro del debate los límites del poder investigativo del Ministerio Público.

Un Fallo que Sacude la Investigación

El Caso ProCultura, enmarcado en un marco más amplio conocido como el Caso Convenios, investiga presuntas irregularidades en la gestión de cerca de 6 mil millones de pesos en fondos públicos transferidos a la Fundación ProCultura, asociada al Frente Amplio y a figuras cercanas al gobierno de Boric. La Corte de Apelaciones, compuesta por los ministros Virginia Soublette, Jaime Rojas y el fiscal judicial Rodrigo Padilla, acogió un recurso de amparo presentado por los abogados de Huneeus, quienes argumentaron que las escuchas, autorizadas por la jueza Sissi Bertoglio, violaban derechos fundamentales y carecían de sustento legal.

El fallo, emitido el 16 de mayo de 2025, requirió la eliminación de todo el material obtenido a través de las interceptaciones—incluyendo una conversación entre Huneeus y Boric, grabada el 14 de octubre de 2024. La Corte determinó que las resoluciones que permitieron las escuchas desde octubre de 2024 hasta febrero de 2025 fueron "arbitrarias e infundadas", al considerar que Huneeus actuaba como testigo y no como imputada.

La Conversación que Desató la Controversia

La interceptación de una conversación privada entre Huneeus y Boric, revelada por medios de comunicación como CIPER y T13, ha sido el epicentro de la polémica. Durante el diálogo, Boric expresó inquietudes sobre el avance de la investigación y discutió asuntos relacionados con ProCultura, incluyendo el papel de Irina Karamanos, ex pareja del presidente, y la muerte de un funcionario de la fundación. A pesar de que Boric no tiene la condición de imputado ni figura como testigo, la filtración ha generado acusaciones de “espionaje” por parte del Frente Amplio.

Huneeus describió las escuchas como “intromisiones ilegales” a su privacidad, una postura que fue respaldada por la Corte al ordenar la destrucción de las grabaciones. Este desenlace también ha abierto un debate crucial sobre la protección de datos personales y el alcance de las diligencias investigativas en casos de alta relevancia política.

Repercusiones Inmediatas y la Salida de Cooper

La remoción de Patricio Cooper surge como respuesta a la presión generada por el fallo judicial y las críticas del oficialismo, que aclara que el fiscal excedió sus funciones. Desde el Frente Amplio, figuras como la presidenta Constanza Martínez han insistido en que las interceptaciones conforman un acto de “espionaje”, mientras que otros partidos, como el PS y el PPD, han pedido que se respete la autonomía del Ministerio Público.

La Fiscalía Nacional, encabezada por Ángel Valencia, aún no ha especificado a quién se asignará el caso tras la salida de Cooper, aunque hay rumores de que podría ser transferido a un fiscal con menor exposición pública para mitigar tensiones. Esta decisión llega en un momento crítico, ya que el gobierno de Boric enfrenta cuestionamientos sobre su cercanía a Larraín y acusaciones de financiamiento irregular en la campaña presidencial.

Contexto del Caso ProCultura

El Caso ProCultura ha sido un desafío continuo para el gobierno desde su inicio en 2023. La Fundación, dirigida por Alberto Larraín, recibió considerables fondos públicos para proyectos culturales y de salud mental. La investigación, que comenzó con el fiscal Carlos Palma y fue luego asumida por Cooper, contempla posibles delitos de fraude al fisco y lavado de activos.

Entre los nombres implicados se encuentran el exasesor presidencial Miguel Crispi y varios gobernadores regionales. Las interceptaciones, que abarcaron hasta 42 teléfonos, también afectaron a una autoridad regional de Antofagasta, cuyo nombre permanece bajo reserva.

Análisis Político: The Times en Español

El reciente fallo de la Corte y la destitución de Cooper marcan un punto de inflexión en el Caso ProCultura, con repercusiones que van más allá del ámbito judicial. Este evento desmantela parte de la investigación y revela las tensiones entre el Ministerio Público y el gobierno de Gabriel Boric, en un clima donde la legitimidad de las instituciones está en entredicho.

Desde el Frente Amplio, se busca deslegitimar las acciones de Cooper, pero esta narrativa podría volverse en contra del gobierno. Las declaraciones de Boric desde Japón, donde pidió que “dejen trabajar a las instituciones”, intentan proyectar calma, aunque no eliminan las dudas sobre su relación con Larraín y ProCultura.

La remoción de Cooper puede ser vista como una victoria táctica para el oficialismo, pero también como una señal de debilidad institucional. La respuesta ante las críticas podría comprometer la confianza pública en el ámbito judicial chileno. Como ha señalado CIPER, la filtración de la conversación ilegal ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades en el sistema judicial, que a menudo carece de controles anticipados.

El futuro del Caso ProCultura podría arrastrar una sombra sobre la imagen de transparencia prometida por Boric durante su campaña. Aunque las acusaciones de financiamiento irregular no se han corroborado, la cercanía de Larraín con el círculo presidencial puede ser capitalizada por la oposición, liderada por Chile Vamos, para debilitar al gobierno en las venideras elecciones.

En resumen, la destitución de Cooper no despeja las interrogantes respecto a ProCultura; en cambio, las intensifica. La investigación seguirá su curso, pero envuelta en un clima de desconfianza que afecta tanto al gobierno como al sistema de justicia chileno. La capacidad de Boric para sobrellevar esta crisis dependerá de su habilidad para fortalecer la autonomía de las instituciones y evitar que el caso se convierta en un símbolo de opacidad.

Corte chilena anula escuchas ilegales en caso ProCultura

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