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Constanza Martínez defiende tesis de irregularidades en Fiscalía, mientras Boric y Winter toman distancia. Catalina Pérez enfrenta arresto domiciliario.
Chile14 de mayo de 2025Santiago, Chile – 14 de mayo de 2025 El Frente Amplio (FA) ha intensificado su ofensiva contra la Fiscalía chilena, acusándola de practicar "espionaje político" en el marco de la investigación del caso Procultura, un escándalo que ha sacudido al oficialismo desde sus cimientos. Esta acusación ha emergido en un contexto político especialmente tenso, donde las líneas divisorias entre el gobierno y la oposición parecen cada vez más estrechas, y la crítica a las instituciones del Estado se vuelve cada vez más común.
El caso Procultura gira en torno a presuntas irregularidades en la asignación de fondos públicos a la fundación homónima. Este caso no solo ha puesto bajo escrutinio al FA, sino también al gobierno del presidente Gabriel Boric, cuyo liderazgo ha quedado expuesto en medio de esta crisis. Constanza Martínez, presidenta del FA, ha denunciado públicamente lo que considera un ataque a las libertades políticas y un abuso de la autoridad judicial. En una reciente entrevista con Tele13 Radio, Martínez insistió en que las irregularidades no son exclusivas del FA, señalando que los desembolsos más significativos hacia la fundación provinieron de gobiernos anteriores, en su mayoría bajo la administración de la Democracia Cristiana (DC).
"Procultura lleva años recibiendo fondos, incluso en los gobiernos de Piñera y Bachelet. No es un caso exclusivo del Frente Amplio", afirmó Martínez, tratando de desplazar la culpa hacia precedentes históricos y otros actores políticos.
Uno de los principales puntos de controversia en esta situación radica en las escuchas telefónicas realizadas por la Fiscalía, que está bajo el liderazgo del fiscal Patricio Cooper. Las grabaciones expuestas incluyen discusiones entre Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa del director de Procultura, Alberto Larraín. Martínez ha señalado que la autorización para intervenir el teléfono de Huneeus fue erróneamente fundamentada debido a una confusión con el número correcto, lo que, según ella, constituye un uso indebido de la facultad fiscal.
"La autorización no se basó en una causa justificada", argumentó Martínez, quien intenta posicionar a su partido como víctima de una cacería política. También ha cuestionado la filtración sistemática de información preliminar por parte de la Fiscalía, alegando que esto crea sesgos en la opinión pública.
El compromiso del FA por exponer lo que considera una estrategia de "persecución política" ha llevado a tensiones internas significativas. La distinción entre los líderes del partido y del gobierno —como es el caso de Boric y el candidato presidencial Gonzalo Winter— ha profundizado el debate sobre la autonomía judicial versus la ética política vigente en Chile.
A diferencia del discurso combativo de Constanza Martínez, el presidente Boric ha optado por una postura más moderada y cauta. Desde su gira por Asia, ha manifestado que se siente "tranquilo" y ha instado a las instituciones a realizar sus tareas sin interferencias ni persecuciones políticas. "Que se investigue todo lo que tiene que investigarse", declaró, distanciándose de la idea de espionaje político y tratando de asegurar que las investigaciones sigan su curso sin presión.
Por otro lado, Gonzalo Winter ha mostrado un apoyo más matizado a la posición del FA, aunque ha discrepado con la caracterización del proceso como "espionaje". Su declaración, "No estoy de acuerdo con el nombre, pero sí con el fondo", establece una clara fractura en la narrativa oficialista que podría ser explorada por sus oponentes.
Paralelamente, el caso de la exdiputada Catalina Pérez, quien enfrenta arresto domiciliario en el marco del escándalo de la fundación Democracia Viva, ha minado aún más la imagen del FA. Formalizada por tres delitos de fraude al fisco, Pérez es acusada de ser parte de un millonario convenio irregular que ha causado gran revuelo mediático. La respuesta de Martínez ha sido defenderse, subrayando que Revolución Democrática (RD) ha actuado con transparencia al expulsar a los involucrados, en contraste con otros partidos que podrían no haber hecho lo mismo ante situaciones de corrupción.
Sin embargo, sus argumentos enfrentan un escepticismo creciente, e incluso desde la oposición se cuestiona la rigidez de las medidas cautelares impuestas a Pérez. "Me llama la atención que no sea prisión preventiva", comentó el diputado Rubén Oyarzo, exponiendo una doble vara en el tratamiento de los casos de corrupción.
Mientras el FA enfrenta cuestionamientos desde todas partes, la oposición, liderada por figuras como José Antonio Kast del Partido Republicano, ha capitalizado la situación para exigir respuestas claras del gobierno. Kast ha calificado lo ocurrido como "grave" y ha solicitado el regreso inmediato de Boric de su viaje al extranjero para que ofrezca explicaciones. En este clima de tensión política, partidos aliados como el PS y el PPD se han distanciado de las tesis del FA, abogando por la autonomía de la Fiscalía, lo que resalta aún más las divisiones en el oficialismo.
A medida que la situación avanza, la presión sobre el gobierno y el Frente Amplio para abordar estos escándalos se intensificará. Comentarios como los del diputado Cristián Araya sugieren que la investigación no sólo debe ocuparse de las irregularidades evidentes, sino que también insinúan la existencia de "responsabilidades políticas en las más altas esferas".
El caso Procultura y la situación de Catalina Pérez destacan la fragilidad del Frente Amplio y del gobierno de Gabriel Boric. La acusación de "espionaje político" no solo representa una defensa ante ataques, sino que también refleja la incapacidad del FA para articular una narrativa coherente que unifique sus miembros y mantenga la confianza del electorado.
El uso de escuchas telefónicas por parte de la Fiscalía ha reabierto debates sobre la ética y la transparencia en el sistema judicial chileno. Sin embargo, hasta el momento, el FA no ha presentado pruebas sólidas que respalden su acusación, lo que podría mermar su posición en el futuro. Además, el caso Democracia Viva ha dejado al descubierto fallas estructurales en la gestión de fondos públicos, lanzando sombras sobre la moralidad del bloque que se había proclamado como la alternativa ética al sistema político tradicional.
A medida que se acercan las elecciones municipales de 2025, el FA se enfrenta a un dilema crucial: ¿deberían mantenerse firmes en su identidad progresista o adoptar un enfoque más pragmático que les permita recuperar la confianza perdida entre los ciudadanos? La dirección que tome el partido y su alianza con el gobierno será fundamental para determinar su futuro en el inestable panorama político de Chile.
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