En un comunicado, la institución castrense declaró que "las actividades de inteligencia y contrainteligencia, necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional, se han ajustado plenamente a las disposiciones de la ley N° 19.974 Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia”.
Además, indicó que la intervención se efectuó “con la autorización de los señores Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago designados al efecto, en los casos que es exigido por la citada ley”.
Asimismo, enfatizó que la ley de Inteligencia establece que “se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el sistema o de su personal”.
Finalmente, advirtió que el control de ese tipo de actividades corresponde a los tribunales y la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, “ante la cual comparece y comparecerá, siempre que sea requerido, el Director de Inteligencia del Ejército de Chile”.
Según un reportaje de Radio Bío Bío, El Ejército intervino los teléfonos de al menos cuatro militares que denunciaron casos de corrupción institucional, tanto de forma pública como judicial.
La acción estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
