Para mitigar los efectos sociales derivados del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública decretado a causa del Covid-19, hasta la fecha se han realizado tres retiros desde los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFPs). El pasado viernes 3 de diciembre la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que establecía un cuarto retiro y un segundo anticipo de rentas vitalicias al no alcanzar los 93 votos necesarios.

A raíz de esta derrota en el Congreso, han surgido proyectos que buscan el quinto retiro del 100% y en este contexto es que el diputado de Renovación Nacional (RN), Jorge Durán, presentó recientemente una iniciativa en el Congreso para el retiro de la totalidad de los ahorros previsionales frente a las amenazas de expropiaciones y así proteger el derecho de propiedad de los trabajadores respecto de sus fondos.

La propuesta del parlamentario por el Distrito Nº 9 de la Región Metropolitana (RM) permite a los afiliados solicitar este retiro de sus fondos desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta 730 días después. Las personas que retiren una suma igual o inferior a 35 Unidades de Fomento (UF); es decir, casi 1.1 millones, recibirán el pago en una sola cuota, en el plazo máximo de 15 días corridos desde la presentación de la solicitud.

Por otra parte, las personas que retiren una suma superior a 35 UF o hasta la totalidad de los fondos, recibirán el pago en dos cuotas, la primera en un plazo máximo de 15 días corridos desde la presentación de la solicitud, y la segunda en un plazo de 45 días corridos. El monto de la primera cuota será equivalente al 50% del retiro. Con todo, esta primera cuota no podrá ser inferior a 35 UF. La segunda cuota corresponderá al 50% restante o al saldo que reste por pagar.

En el proyecto se establece legalmente que los fondos previsionales no pueden ser objeto de expropiación, nacionalización, confiscación, apropiación o cualquier otra medida o mecanismo destinado a privar o restringir las facultades del propietario sobre dichos fondos, ni aún en virtud de una ley general o especial que lo autorice so pretexto de utilidad pública o interés nacional. En los demás aspectos se mantiene la legislación en forma similar a lo establecido en las anteriores iniciativas aprobadas.