La oposición exige a la CMF esclarecer las condiciones del crédito hipotecario de Gabriel Boric tras la compra de una propiedad en San Miguel, agitando el debate político.
03 de julio de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile, En un nuevo episodio de tensiones políticas en Chile, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha denunciado la compra de una vivienda por parte del presidente Gabriel Boric en la comuna de San Miguel. Los parlamentarios han solicitado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que investigue las condiciones preferenciales del crédito hipotecario que Boric habría obtenido, lo que algunos han calificado como un "hipotecazo". Este asunto ha reavivado las críticas hacia el gobierno de Boric en un contexto de creciente polarización política.
El pasado 16 de junio, Boric formalizó la compra de una casona en el barrio El Llano Subercaseaux, según indicó el medio Interferencia. La propiedad, construida en 1939 y de estilo clásico, se extiende por 792 metros cuadrados, con cuatro dormitorios y tres baños. Su valor de mercado, de alrededor de 13.400 UF (unos 525 millones de pesos chilenos), fue considerablemente reducido a 10.218 UF, lo que equivale a 400,8 millones de pesos. Este precio, en parte, se debió a una hipoteca preexistente de 7.900 UF y la necesidad de reparaciones valoradas en 139 millones de pesos.
Lo que ha desatado la controversia no es solo el precio atractivo, sino las condiciones del crédito hipotecario que Boric obtuvo de Scotiabank. Según el diario La Segunda, el presidente accedió a un financiamiento del 90% sobre el valor de la propiedad, a un plazo de 15 años, con una tasa de interés notablemente baja, del 3,47%. Los diputados de la UDI han cuestionado estas condiciones, argumentando que un ciudadano promedio no podría acceder a términos similares.
“Es inaceptable que el presidente de la República, quien debe ser un ejemplo de transparencia, obtenga condiciones que parecen inalcanzables para la mayoría de los chilenos”, declaró el diputado Gustavo Benavente, jefe de la bancada de la UDI. Esta petición de investigación también contempla la verificación de posibles conflictos de interés o tratos preferenciales durante el proceso de aprobación del crédito.
La decisión de Gabriel Boric de mudarse desde el barrio bohemio Yungay a San Miguel tiene raíces personales. A los 39 años, el presidente espera la llegada de su primera hija, Violeta, con su pareja, Paula Carrasco, exseleccionada nacional de básquetbol. La proximidad con los abuelos de Carrasco, residentes en la zona, fue un factor clave en su elección. Boric confirmó su intención de establecerse allí, enfatizando el deseo de estar más cerca de la familia.
La casona, situada en la calle Real Audiencia, requiere reparaciones significativas en techumbre, conexiones eléctricas y sanitarias, según expertos citados por Las Últimas Noticias. El avalúo fiscal de la propiedad es de 346 millones de pesos, con contribuciones trimestrales de aproximadamente 713.000 pesos. No obstante, las reparaciones necesarias podrían elevar considerablemente estos costos y generar cuestionamientos sobre la viabilidad económica de la compra para un presidente que ha defendido un discurso de austeridad.
La UDI ha capitalizado esta situación para poner en tela de juicio la transparencia del gobierno de Boric. Diputados como Sergio Bobadilla y Gustavo Benavente han liderado la ofensiva, sosteniendo que la adquisición refleja un trato privilegiado en un contexto donde muchos chilenos enfrentan dificultades para acceder a créditos hipotecarios en un entorno de tasas de interés elevadas. “El aumento de más de un 600% en los recursos recibidos por una institución ligada a la pareja del presidente ya nos había alertado. Ahora, este crédito preferencial refuerza la percepción de favoritismo”, afirmó Bobadilla.
Expertos inmobiliarios coincidieron al señalar que una tasa del 3,47% es excepcionalmente baja en el mercado chileno, donde las tasas hipotecarias suelen ser superiores al 4,5% para plazos similares. “Es una tasa que no está al alcance del ciudadano común, lo que genera preguntas legítimas sobre cómo se negoció este crédito”, comentó Teodosio Cayo, presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV).
Desde el gobierno, se ha defendido la legalidad de la operación. Un comunicado oficial esclareció que la compra se realizó con "dineros propios" de Boric y no se utilizaron fondos públicos. La transacción fue registrada ante la 19° Notaría de Santiago y el Conservador de Bienes Raíces, lo que sugiere una frecuencia de operaciones transparentes. Sin embargo, la falta de detalles sobre el proceso de negociación con Scotiabank ha aumentado la desconfianza en el Ejecutivo.
La controversia ha desencadenado un intenso debate en redes sociales, particularmente en X. Usuarios han expresado tanto críticas como defensas hacia Boric. “Boric habla de igualdad, pero consigue un crédito que ningún chileno promedio podría soñar”, escribió un usuario identificado como @claudiovilla. Por otro lado, algunos consideran que el enfoque en la compra de la casa puede ser una estrategia de la oposición para desviar la atención de problemas más urgentes, como la inseguridad y el estancamiento económico. “Es una operación normal. Muchas propiedades en Chile están hipotecadas, y la tasa no es tan inusual para alguien con un ingreso estable como el presidente”, agregó Víctor Maldonado, experto en finanzas personales.
Sin embargo, la percepción de desigualdad persiste en un país donde el acceso a la vivienda es un desafío para muchos. Según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el programa de subsidios habitacionales ha beneficiado a miles de familias, aunque los largos tiempos de espera y requisitos estrictos dificultan el acceso a la vivienda propia. “La gente ve estas noticias y siente que hay dos Chiles: uno para los poderosos y otro para el resto”, declaró Sonia Palestro, hija del exalcalde de San Miguel, en una entrevista con EL PAÍS Chile.
Por The Times en español
La controversia por el "hipotecazo" de Gabriel Boric no es un hecho aislado; refleja las tensiones políticas que han marcado su mandato. A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2025, la UDI ha encontrado en esta situación una herramienta para desgastar la imagen del presidente, quien ya enfrenta críticas por el manejo de la economía y la seguridad pública. La narrativa de un trato preferencial alimenta la percepción de un gobierno desconectado de las necesidades ciudadanas, un punto que la oposición sabe aprovechar en tiempos de creciente descontento social.
Este caso también cuestiona la estrategia comunicacional del Ejecutivo. La falta de transparencia inicial sobre los detalles del crédito y la tardía respuesta de Presidencia han permitido que la oposición controle la narrativa, presentando a Boric como alguien que se beneficia de privilegios mientras clama por igualdad. Este episodio podría tener un costo político considerable, especialmente entre los sectores medios y bajos que fueron clave en su elección de 2021.
A nivel regional, este caso se suma a los desafíos que enfrentan los gobiernos progresistas en América Latina. Líderes como Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia han sido cuestionados por decisiones personales que contrastan con sus discursos de austeridad. En Chile, un país con una larga tradición de escrutinio sobre sus autoridades, el "hipotecazo" podría alimentar la desconfianza hacia las instituciones, justo cuando Boric busca consolidar su legado antes de dejar el poder.
El gobierno debe actuar con rapidez para esclarecer las condiciones del crédito y demostrar que no hubo irregularidades. De lo contrario, este episodio podría convertirse en un lastre político crucial en un momento crítico, en medio de una carrera presidencial que ya ha comenzado. La CMF enfrentará la presión de responder con imparcialidad, ya que cualquier decisión será interpretada como un gesto político.
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