El exsubsecretario chileno, acusado de abuso sexual, deja la cárcel tras decisión de la Corte Suprema. El fallo genera controversia en Santiago, Chile.
Chile19 de mayo de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile - La decisión de la Corte Suprema de otorgar prisión domiciliaria total al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha generado un intenso debate sobre la justicia en casos de violencia sexual.
El fallo, emitido el 19 de mayo de 2025, se produce en un contexto en el que el país enfrenta una creciente preocupación por la protección de víctimas de abusos. Monsalve, quien había estado en prisión preventiva desde noviembre de 2024, fue formalizado por cargos de violación y abuso sexual en un caso extremadamente delicado que involucra a una exasesora de su gabinete.
La controversia se origina en un incidente ocurrido el 14 de octubre de 2024, cuando una funcionaria de 32 años denunció haber sido víctima de violación y abuso sexual por parte de Monsalve. Según su relato, los hechos ocurrieron entre el 22 y 23 de septiembre de 2024, en el Hotel Panamericano de Santiago, durante el fin de semana de las Fiestas Patrias. En su declaración, la víctima alegó que Monsalve aprovechó su estado de vulnerabilidad, ya que se encontraba bajo el efecto del alcohol y no podía resistir.
Monsalve, que había sido una figura prominente en la lucha contra el crimen organizado hasta su renuncia el 17 de octubre de 2024, fue formalizado el 20 de noviembre de 2024. El juez Mario Cayul decidió iniciar su prisión preventiva, considerando que su libertad representaba un "peligro para la seguridad de la sociedad". Durante su tiempo en prisión, el exsubsecretario enfrentó amenazas y conflictos que llevaron a su traslado a diferentes recintos penitenciarios por razones de seguridad.
La defensa de Monsalve, liderada por el abogado Víctor Providel, argumentó repetidamente que la prisión preventiva era desproporcionada. En abril de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la medida cautelar; sin embargo, la Corte Suprema, tras revisar un recurso de amparo, decidió otorgarle prisión domiciliaria total, suprimiendo la medida de reclusión.
El tribunal argumentó que "las condiciones actuales permiten garantizar el desarrollo de la investigación sin necesidad de reclusión en un penal". Es importante señalar que Monsalve, en su defensa, afirmó no recordar los hechos debido a lo que llamó una “pérdida de memoria” tras el consumo de alcohol y medicamentos. Esta afirmación fue puesta en tela de juicio por la fiscalía, que presentó pruebas contradictorias.
El fallo de la Corte Suprema ha desatado una ola de reacciones y polarización en la sociedad chilena. Desde el entorno de la víctima, la abogada Carolina Santibáñez expresó su preocupación sobre el mensaje que se envía en relación con los casos de violencia sexual. “Mi representada nunca dio su consentimiento para los actos denunciados, y funcionarios vinculados a Monsalve intentaron contactarla tras los hechos”, comentó, destacando el impacto emocional de esta resolución sobre la víctima.
Desde el lado de la defensa, celebraron la decisión, afirmando que Monsalve siempre ha colaborado con la justicia. Sin embargo, evidentes puntos de contradicción en los relatos y pruebas han llevado a muchos a cuestionar la integridad del proceso judicial.
El caso no solo ha tenido repercusiones legales, sino que también ha generado un profundo impacto político en el gobierno de Gabriel Boric, cuyas bases se centran en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género. La filtración de una declaración por parte de Monsalve, donde sugería que Boric le había aconsejado viajar al sur para hablar con su familia tras la denuncia, se convirtió en un tema de ataque para la oposición. El diputado Miguel Mellado acusó al gobierno de "mentir" y de poner en entredicho su compromiso con las víctimas de abuso.
La decisión de otorgar prisión domiciliaria a Monsalve se produce en un contexto donde el sistema judicial chileno está bajo un recrudecimiento de críticas. Según un informe de Human Rights Watch de 2024, se han identificado serias deficiencias en el tratamiento de víctimas de abuso sexual, particularmente en el ámbito laboral.
Asimismo, la demanda laboral presentada por la víctima contra la Subsecretaría del Interior añade presión sobre el gobierno para que revise sus protocolos de protección a víctimas. Este tipo de acciones judiciales podría sentar precedentes relevantes en la lucha por la equidad y la justicia.
El fallo ha tenido un gran eco en redes sociales como X, donde se ha desatado un intenso debate. Usuarios han opinado tanto a favor como en contra de la decisión, desde la defensa de la presunción de inocencia hasta la indignación por la percepción de una justicia permisiva y con privilegios. Un comentario en X decía: "No nos extrañemos si lo dejan con arresto domiciliario total. Cómo están las cosas hoy”, evidenciando el escepticismo frente a la situación judicial en el país.
El caso de Manuel Monsalve no simplemente es un escándalo judicial, sino que representa un punto de quiebre político que expone las contradicciones del gobierno de Gabriel Boric. Desde su llegada al poder en 2022, Boric hizo del combate a la violencia de género un pilar de su administración. Sin embargo, la gestión del caso Monsalve, con las demoras en aceptar su renuncia y las declaraciones que sugieren un trato preferencial, han debilitado esta narrativa.
Según fuentes periodísticas como EL PAÍS Chile, el gobierno se enfrenta a una crisis sin precedentes, lo que ha afectado su credibilidad y la confianza del electorado a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2025. El fallo de la Corte Suprema parece reforzar la percepción de los ciudadanos de que figuras de alto perfil pueden recibir tratos diferenciados, lo que colisiona con el mensaje de Boric de que “en Chile nadie está por sobre la ley”.
Además, un análisis de CIPER Chile acentúa otra dimensión crítica: la reticencia de los funcionarios públicos a denunciar a sus superiores. Esto pone de manifiesto una debilidad estructural en la administración pública, donde la lealtad partidaria puede prevalecer sobre aspectos éticos, lo cual merma la posibilidad de exigir accountability en el entorno laboral.
A medida que el caso avanza, el Gobierno de Boric debe actuar rápida y decisivamente para restaurar la confianza, especialmente entre las mujeres, un electorado clave que ha sido esencial para su éxito político hasta ahora. La presión pública por reformas en la protección de víctimas de violencia sexual podría generar cambios necesarios en la manera en que se manejan estos casos en el sector público.
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