Investigación revela desvíos de fondos y vínculos políticos en el caso ProCultura, poniendo en jaque la confianza en el gobierno de Boric.
13 de mayo de 2025
Elena Carvajal
Santiago, Chile - Este martes, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, se pronunció sobre la controvertida investigación del caso ProCultura, reafirmando el firme respaldo del gobierno al trabajo de la Fiscalía. La autoridad hizo hincapié en que la justicia debe actuar con total impartialidad, asegurando que "si el señor Alberto Larraín es responsable, que le caiga todo el peso de la ley", enfatizando la necesidad de que se realice una investigación exhaustiva.
El caso que rodea a ProCultura ha generado gran inquietud debido a las implicaciones de posibles delitos como fraude al Fisco, lavado de activos y financiamiento ilegal de la política. En este contexto, Etcheverry subrayó que la Fiscalia cuenta con el respaldo gubernamental para realizar su labor, destacando que "cuando correspondan formalizaciones u otras diligencias, se realizarán".
Alberto Larraín, creador y director ejecutivo de la Fundación ProCultura, se presentó ante la Fiscalía para responder sobre su implicación en el escándalo. Según declaraciones obtenidas por Teletrece, Larraín reconoció haber militado en partidos políticos, incluyendo la Democracia Cristiana entre 2012 y 2018, y detalló su participación en campañas políticas relevantes, desde candidateos presidenciales hasta campañas comunales.
Larraín también comentó sobre su participación en la campaña presidencial del Presidente Gabriel Boric, indicándole a los fiscales que su papel se centró en la revisión del programa de salud mental del candidato durante su campaña. No obstante, su trabajo dentro de ProCultura ha generado controversia, ya que se especula sobre posibles vías de financiamiento ilícitas, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de las ONG en el contexto actual.
Larraín declaró que entre abril y agosto de 2023, su único ingreso por parte de ProCultura fue a través de un contrato de trabajo que ascendió a $4.500.000. Los convenios que mantenía con las gobernaciones, uno de los cuales involucró $600 millones en la recuperación de fachadas en Antofagasta, se hicieron supuestamente a través de los conductos legales. Sin embargo, la reputación de ProCultura sufrió un golpe significativo tras el estallido del caso Convenios y la denuncia relacionada con Democracia Viva.
Larraín argumentó que, dado que ProCultura no está asociada a una empresa o familia con recursos, su mayor activo era su reputación en términos de calidad de trabajo. Sin embargo, el cuestionamiento sobre el manejo de recursos públicos ha afectado sus vías de financiamiento, generando un efecto dominó en la credibilidad de la organización.
El caso ProCultura plantea serios interrogantes sobre el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en Chile y la relación entre política y recursos públicos. Este tipo de escándalos pone de manifiesto la necesidad de establecer regulaciones más estrictas en torno al financiamiento de campañas políticas y la gestión de fondos públicos.
La Fiscalía tiene la responsabilidad de actuar con rigurosidad en este tipo de casos, ya que la credibilidad de las instituciones se encuentra en entredicho. El apoyo de la ministra Etcheverry al trabajo de la Fiscalía es esencial no solo para recuperar la confianza ciudadana, sino también para sentar un precedente en la lucha contra la corrupción.
Fuentes serias como CNN Chile y Teletrece han cubierto ampliamente este tema, brindando contexto sobre la gravedad de las acusaciones que afectan a Larraín y su fundación. La ministra ha sabido posicionar el tema en la agenda pública, mostrando que el gobierno no solo se preocupa por la justicia, sino también por mantener su integridad ante la opinión pública.
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