El desaforado diputado Mauricio Ojeda, acusado de desviar más de $730 millones en el Caso Convenios, abandona la prisión preventiva en Temuco tras pagar una caución de $40 millones, quedando bajo arresto domiciliario total mientras avanza la investigación.
04/04/2025
Victor Manuel Arce Garcia
Temuco, Chile - El Juzgado de Garantía de Temuco autorizó este miércoles 2 de abril de 2025 la salida del desaforado diputado Mauricio Ojeda del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, donde permanecía en prisión preventiva desde el 3 de enero. Tras el pago de una caución de $40 millones, el parlamentario, acusado de liderar una red que desvió más de $730 millones destinados a fundaciones en La Araucanía, cumplirá ahora arresto domiciliario total con arraigo nacional, en una decisión que ha reavivado el debate sobre la justicia y los privilegios en Chile.
Ojeda, electo en 2021 como independiente con respaldo del Partido Republicano, está imputado por fraude al fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos en la arista “Manicure” del Caso Convenios, uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. La investigación, liderada por el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, apunta a que el diputado gestionó el traspaso irregular de fondos públicos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc entre 2022 y 2023. Estos recursos, destinados a supuestos cursos de capacitación en manicure y otras actividades, nunca se ejecutaron, y parte del dinero habría sido redirigido a cuentas personales, incluyendo las del propio Ojeda, quien reconoció haber prestado $20 millones a los representantes de las fundaciones, según consta en el expediente.
El juez Luis Olivares Apablaza aceptó la solicitud de la defensa tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, argumentando que el pago de la fianza y las nuevas condiciones —arresto domiciliario total y arraigo— son suficientes para garantizar el avance del proceso sin riesgo de fuga. Sin embargo, la resolución desató una ola de críticas. Organizaciones ciudadanas y parlamentarios de oposición, como el diputado socialista Juan Santana, cuestionaron la “baja caución” en comparación con los $730 millones presuntamente malversados. “Es una señal preocupante que alguien acusado de robarle al Estado pueda salir con tan poco”, afirmó Santana en redes sociales. En contraste, el abogado defensor de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, celebró el fallo como “un paso hacia la justicia”, insistiendo en que su cliente es víctima de una persecución política y que probará su inocencia.
El caso ha puesto bajo escrutinio al Partido Republicano, que respaldó a Ojeda en su campaña y ahora guarda silencio ante las acusaciones. La arista “Manicure” es solo una parte del Caso Convenios, que ya suma más de $23 mil millones en fondos cuestionados a nivel nacional y ha salpicado a figuras de distintos sectores políticos. En el caso de Ojeda, la Fiscalía prepara una formalización definitiva para mayo, con pruebas que incluyen interceptaciones telefónicas y transferencias bancarias que lo vinculan directamente a la trama. De ser condenado, podría enfrentar una pena de hasta 19 años de cárcel, además de la inhabilitación perpetua para cargos públicos.
La salida de Ojeda de la cárcel llega en un momento delicado para el gobierno de Gabriel Boric, que ha hecho de la lucha contra la corrupción un estandarte, pero enfrenta críticas por la lentitud en casos de alto perfil.
En La Araucanía, donde la pobreza y el conflicto mapuche agravan las tensiones, el desvío de fondos destinados a capacitación ha generado indignación entre los habitantes, quienes ven en el arresto domiciliario de Ojeda un trato preferencial. Mientras el diputado se instala en su hogar en Padre Las Casas, el Ministerio Público intensifica la recolección de antecedentes, prometiendo un juicio que, según Chiffelle, “será un ejemplo de que nadie está por encima de la ley”. Sin embargo, para muchos, los $40 millones pagados por Ojeda son un recordatorio de que, en Chile, la justicia aún parece tener un precio.
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