Victor Manuel Arce Garcia
En un país donde el lema oficial del Gobierno es “Estamos trabajando para usted”, resulta paradójico —por no decir hipócrita— cómo ciertos beneficios otorgados a los funcionarios públicos generan costos innecesarios para el erario fiscal y crean una profunda brecha de respeto hacia el trabajador del sector privado. Este análisis se centra en el teletrabajo y el horario flexible, que en la práctica permiten a muchos servidores públicos iniciar su jornada hasta las 10:00 de la mañana, mientras que los empleados privados deben estar en su puesto a las 8:00. Como profesional con formación en Ingeniería Civil Industrial y Administración de Empresas, no puedo silenciarme ante un sistema que, bajo la bandera de la conciliación laboral, se convierte en un mal ejemplo y un lastre presupuestario.
Primero, examinemos el impacto en los costos energéticos y operacionales del Estado. La normativa actual obliga al empleador público —es decir, al contribuyente— a compensar gastos operacionales como internet, electricidad y mantenimiento de equipos. Cuando un funcionario inicia su día a las 10:00, el consumo energético en su hogar se extiende, trasladando el gasto de las oficinas públicas (donde ya se aplican políticas de eficiencia energética) al hogar del funcionario. No se trata de un ahorro neto: el Estado subsidia consumos que no existirían en un horario estándar. Aunque los informes de los pilotos de teletrabajo (Ley 21.526 y prórrogas hasta marzo de 2027) reconocen avances en la conciliación familiar, falta evidencia objetiva que demuestre un ahorro significativo que compense estos gastos adicionales.
En segundo lugar, el problema de la "residencia oficial" emerge con claridad. Numerosos testimonios indican que un porcentaje considerable de teletrabajadores no opera desde su residencia habitual, sino desde segundas viviendas (playas, campo o familiares). Esto dificulta el control jerárquico y la rendición de cuentas, socavando el propósito de optimizar la función pública. Desde la perspectiva de la Ingeniería Civil Industrial, esto se traduce en un proceso con graves fallas de supervisión: si no se verifica el lugar de trabajo, ¿cómo garantizar la eficacia y calidad del servicio al ciudadano? Esta desigualdad crea resentimiento social; mientras el trabajador privado se adhiere a horarios estrictos y asume todos sus costos, el funcionario público se beneficia de flexibilidad y subsidios estatales.
Tercero, el análisis costo-beneficio para el Estado es crucial. Todo beneficio debe evaluarse según una matriz clara: costos directos (compensaciones por energía e internet, equipos ergonómicos), costos indirectos (pérdida de control, posible baja en productividad) versus beneficios (retención de talento, menor ausentismo). Los informes de evaluación de los 40 servicios en piloto indican cumplimiento de metas, pero también subrayan riesgos como brechas de conectividad y falta de mediciones robustas de satisfacción del usuario. Actualmente, no hay un estudio que demuestre que los ahorros superan los costos netos, y la prórroga del teletrabajo hasta 2027 sugiere que se está institucionalizando un gasto sin una contraprestación clara.
No se trata de estar en contra del teletrabajo en sí. Como ingeniero industrial, reconozco sus ventajas en productividad cuando se implementa con indicadores KPI claros, auditorías remotas y evaluación de resultados. Sin embargo, el sector público chileno carece de un modelo único, regulado y transparente que mida la productividad real y exija presencia mínima en funciones críticas, además de compensar al Estado por los costos que genera. Mientras el lema oficial siga siendo “Estamos trabajando para usted”, es imperativo que los servidores públicos demuestren que su flexibilidad no encarece ni deslegitima el esfuerzo del trabajador común que llega a las 8:00.
Es hora de que la DIPRES, y la Contraloría realicen un análisis exhaustivo de pérdidas y beneficios reales. La ciudadanía —y el presupuesto fiscal— lo merece. Solo así el eslogan dejará de ser una frase publicitaria para convertirse en una realidad verificable.
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