Victor Manuel Arce Garcia
La auditoría completa del Estado propuesta por el gobierno de José Antonio Kast representa un avance crucial hacia la transparencia que Chile necesita. La creación del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, liderado por la subsecretaria Constanza Castillo, busca realizar una revisión exhaustiva de ministerios y servicios públicos, abordando temas críticos como la gestión de recursos y presupuestos. Sin embargo, su éxito dependerá del enfoque y aplicación del proceso.
El instructivo presidencial del 11 de marzo establece directrices durante esta auditoría, priorizando aspectos como la probidad y la transparencia. Aunque se trata de un levantamiento preliminar de información, su objetivo es detectar rápidamente anomalías, con resultados esperados para septiembre de 2026 que permitirán evaluar la situación fiscal del país y medir la efectividad del proceso.
En la primera sesión del comité, se estableció un cronograma riguroso: los servicios públicos tienen solo 17 días para enviar reportes detallados sobre aspectos críticos de gestión. Se espera que el informe preliminar del 10 de abril ofrezca información valiosa sobre las finanzas públicas.
Como ingeniero industrial con un MBA en administración, celebro la metodología basada en registros del Sistema de Información y Gestión Financiera (SIGFE), que asegura datos 100% auditables, un paso importante hacia una gestión pública más efectiva.
Sin embargo, la controversia está presente. Las cifras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que muestran una supuesta caja fiscal de solo US$40 millones, frente a los US$3.000-4.000 millones esperados, generan dudas sobre la gestión anterior y la veracidad de los datos.
Si bien aplaudo la iniciativa, existe un riesgo inminente: que se utilice para revanchismo político, en lugar de ser una herramienta de fiscalización objetiva.
Es crucial plantear preguntas específicas sobre este proceso, basadas en la institucionalidad chilena y estándares internacionales de accountability:
Base legal y duplicidad institucional: ¿El decreto delimita las atribuciones del Comité para evitar solapamientos con la Contraloría y el Ministerio Público? ¿Puede derivar causas penales?
Independencia de los Auditores: Con más de 1.000 auditores internos, ¿qué mecanismos aseguran su imparcialidad? ¿Se incluye a expertos independientes?
Costo-eficiencia: ¿Cuál será el costo adicional del Comité en un contexto de "gobierno de emergencia" y cómo se justificará?
Transparencia y Resultados: ¿Se publicarán todos los informes de manera íntegra y en un portal oficial?
Cronograma y Calidad Técnica: ¿Los plazos ajustados permitirán un análisis riguroso o comprometerán la calidad de los hallazgos?
Alcance y selectividad: ¿Se auditarán con la misma intensidad los gobiernos anteriores? ¿Podría haber un sesgo político en la auditoría?
Gestión de hallazgos: ¿Existen protocolos claros para remitir irregularidades a la Contraloría o Fiscalía sin filtraciones prematuras?
Evaluación de Impacto: ¿Se han considerado riesgos de polarización y se contempla diálogo con la oposición?
Estos cuestionamientos no niegan la necesidad de una fiscalización eficaz, pero exigen un enfoque riguroso para evitar divisiones políticas. La transparencia y un manejo apropiado de los hallazgos serán claves para fortalecer la democracia y evitar que este proceso se convierta en un juego de caza de brujas.
En The Times en Español™, estamos comprometidos a exigir claridad y transparencia en este proceso. Instamos a que la probidad no sea solo un lema, sino un principio rector en la administración pública. Con rigor y justicia, esta auditoría puede ser el inicio de un cambio significativo en la relación entre el Estado y los ciudadanos, fomentando confianza y participación activa.
Víctor Manuel Arce García
Ingeniero Civil Industrial y MBA en Administración de Empresas,
Propietario y Director de The Times en Español™
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