Victor Manuel Arce Garcia
Este viernes, el Gobierno del presidente José Antonio Kast dio un paso decisivo en La Moneda hacia su compromiso de transparentar y ordenar las cuentas públicas al constituir el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. Esta importante instancia, liderada por la subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo, marca el inicio de una exhaustiva inspección interna del Estado, enfocándose en el uso eficiente y transparente de los recursos fiscales.
En la sesión inaugural, que incluye a los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez; de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; el director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez; y el representante del Gabinete Presidencial, Francisco Riveros, se determinó que los servicios públicos deben enviar, en un plazo de 17 días, toda la información sobre el uso de recursos fiscales desde enero de 2025 hasta el 11 de marzo de 2026 (fecha de asunción de Kast). Este proceso tiene como objetivo ofrecer un diagnóstico claro de la situación actual de las finanzas públicas y establecer bases para la revisión de años anteriores del gobierno anterior.
La subsecretaria Castillo subrayó que esta medida obedece a un mandato directo del presidente Kast: «El Presidente nos ha solicitado conocer el estado real de la nación. Estamos trabajando con rapidez y transparencia de cara a la ciudadanía. El buen uso de los recursos públicos es una prioridad de este gobierno». La información recopilada será procesada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), que presentará sus primeros hallazgos el 10 de abril.
El comité ha establecido un calendario escalonado para la incorporación de información histórica:
La auditoría se centrará inicialmente en cinco ejes clave para evaluar la gestión de los fondos públicos y reforzar los controles de transparencia y probidad:
Esta iniciativa es parte del programa de auditoría total del aparato público prometido por Kast durante su campaña, formalizado con decretos en los primeros días de gobierno. Su finalidad es agilizar la inspección interna, detectar posibles irregularidades y fortalecer los estándares de responsabilidad fiscal en un contexto de estrechez heredada, como han señalado las autoridades del Ejecutivo.
Enmarcado en una lógica de gestión de emergencia, el proceso busca generar un informe claro sobre la situación actual del Estado, avanzando hacia una administración más eficiente y transparente. Los primeros resultados preliminares se esperan en las próximas semanas, con el CAIGG como ente técnico central en el procesamiento de la data.
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