Victor Manuel Arce Garcia
En Chile, un país que se enorgullece de su Ley de Transparencia y su modelo de Consejo para la Transparencia, se ha observado una preocupante práctica desde el inicio del Gobierno de José Antonio Kast: la creación de una prensa de primera clase y otra de segunda clase en el acceso a información vital para la ciudadanía. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, otorgó entrevistas exclusivas en horario prime a solo cinco canales de televisión, excluyendo intencionadamente a numerosos medios que representan a la diversidad informativa del país, lo que plantea serias dudas sobre la equidad en la gestión comunicacional del Gobierno.
El método de selección de los medios fue deliberado. Como lo señaló Radio Bío Bío, el Ejecutivo priorizó la difusión de información económica crucial, como el alza de combustibles, solo a ciertos canales, dejando a otros medios, incluidas radios, portales digitales y medios comunitarios, sin la misma oportunidad de informar. La falta de una rueda de prensa abierta o un comunicado general refleja un diseño comunicacional que favorece a unos pocos, creando una ciudadanía de primera y segunda clase.
La Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información defiende el derecho de todos los ciudadanos a acceder y difundir información sin discriminación. Esta normativa exige al Estado que los datos de interés general sean entregados de manera oportuna, igualitaria y sin favoritismos. Proporcionar primicias exclusivas a una selección limitada de medios no solo desvirtúa esta ley, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones.
No se cuestiona la necesidad de estrategias comunicacionales por parte del Gobierno, sino que se rechaza la idea de crear desigualdades entre los medios. En un país donde la concentración mediática ya es un problema, esta estrategia solo profundiza la desigualdad informativa y debilita la democracia.
El Gobierno de Kast tiene una oportunidad crucial para corregir este rumbo. Implementar una rueda de prensa abierta o proporcionar acceso equitativo a la información no solo beneficiaría a todos los medios, sino que también sería un acto de inteligencia institucional. En la era de la información instantánea, las decisiones de exclusión solo generan ruido, con el riesgo de distorsionar las noticias.
La ciudadanía chilena demanda transparencia genuina, sin exclusiones ni privilegios. Una prensa libre y el acceso igualitario a la información no son favores al periodismo: son derechos que el Estado debe garantizar a todos los chilenos. Cualquier otra acción es, sencillamente, un retroceso disfrazado de estrategia comunicacional.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
