
Gobierno comenzará a cobrar a deudores del CAE: cuentas bancarias de morosos corren riesgo de embargo
Elena Carvajal Gorosábel
El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, comenzará la próxima semana el cobro efectivo de las deudas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE), enfocándose inicialmente en un primer grupo de deudores de altos ingresos. Según información exclusiva de ADN Radio, la Tesorería General de la República (TGR) notificará a cerca de 1.800 personas con ingresos superiores a $5 millones mensuales y deudas pendientes.
Las acciones de cobro incluyen descuentos directos desde cuentas bancarias y, si los fondos disponibles son insuficientes, se contempla el embargo de bienes. Cada deudor tiene, en promedio, una deuda de $11 millones, lo que podría representar una merma estimada de US$20 millones para el Estado.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó esta medida, afirmando que “actuaremos ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos”. Quiroz enfatizó que "el derecho social es el CAE, un crédito con tasa subsidida y cobro contingente al ingreso", subrayando que “nunca ha sido un derecho social no pagarlo”.
En una segunda fase, el plan se ampliará a deudores con ingresos entre $1,5 millones y $5 millones mensuales, quienes recibirán facilidades de pago, aunque deberán acercarse personalmente a la TGR para regularizar su situación.
La instrucción del Ministerio de Hacienda a la TGR representa un endurecimiento en la política de cobro del CAE, que no ha sido perseguido de forma activa desde 2017. Esta medida forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional del actual Gobierno y busca recuperar recursos fiscales en un contexto de morosidad total del CAE que supera los $7 billones. Hasta ahora, un número indeterminado de deudores ya ha iniciado trámites de regularización tras los anuncios oficiales. La TGR llevará a cabo una vocería en los próximos días para detallar el proceso.
Esta ofensiva contra la morosidad del CAE ha suscitado un amplio debate público, especialmente entre quienes abogan por la condonación de deudas estudiantiles. No obstante, el Ejecutivo ha sido claro: “Las cuentas hay que pagarlas”, sobre todo cuando se refiere a individuos con capacidad económica para saldar sus deudas.


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