Ciudadanos claman por justicia económica; la polémica se centra en las pensiones vitalicias.
Chile05 de julio de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile, — En medio de un creciente malestar por la desigualdad económica, un grupo de diputados de oposición en Chile ha iniciado un ferviente llamado a la revisión de las pensiones vitalicias de los expresidentes. La controversia, protagonizada por los parlamentarios Marcia Raphael (Renovación Nacional), Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) y Catalina del Real (Partido Republicano), se dirige especialmente hacia el presidente Gabriel Boric, quien ahora se enfrenta a crecientes cuestionamientos sobre los privilegios económicos que disfruta la élite política en un país donde millones viven con pensiones indignas.
El cuestionamiento a las asignaciones millonarias que reciben los expresidentes no es un asunto nuevo; sin embargo, ha cobrado nueva fuerza tras recientes declaraciones del Gobierno. "Discutamos el tema sin nombres ni apellidos", fue la postura de Boric, interpretada por la oposición como un intento de protegerse ante las críticas.
Las cifras son impactantes: los expresidentes reciben aproximadamente 7.3 millones de pesos (cerca de 7.600 USD) mensuales, además de asignaciones que superan los 10 millones de pesos, lo que se traduce en un total de hasta 19 millones de pesos al mes (cerca de 20.000 USD) por exmandatario. En comparación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) asciende a solo 250.000 pesos (260 USD) para los jubilados más vulnerables, lo que ha incendiado el debate.
La diputada Marcia Raphael fue clara al manifestar su indignación: "Es insostenible mantener un sistema que premie con sueldos millonarios a quienes ya cumplieron su función pública". Comentó cómo Boric, en épocas de diputado, defendía la reducción de asignaciones parlamentarias. "Resulta difícil justificar que una persona joven como él tenga acceso a una pensión tan alta tras un corto mandato", enfatizó Raphael.
Roberto Arroyo sumó su voz al llamado urgente: “La ciudadanía no acepta ver que el Estado pague pensiones desproporcionadas mientras millones sobreviven con pensiones indignas”. Del Real no se quedó atrás, afirmando que “no es saludable para la democracia” que quienes ejercieron el poder mantengan privilegios vitalicios.
Desde la Fundación Una Mirada, dedicada a la transparencia en recursos públicos, también se alzaron voces críticas. Camille Sigl, coordinadora estratégica de la fundación, pidió el cese inmediato de estas pensiones. “El problema político actual es que muchos se aferran a los beneficios del poder y se vuelven incapaces de trabajar como el resto de los chilenos”, expresó Sigl. La fundación propone redestinar los fondos de expresidentes hacia áreas críticas como la salud pública, donde los hospitales enfrentan carencias severas.
El sistema de pensiones para expresidentes tiene sus raíces en una práctica histórica que otorgaba a los exmandatarios la calidad de senadores vitalicios, figura eliminada en 2005. Sin embargo, las dietas y asignaciones se mantienen, sin regulación clara. Según un informe de La Tercera, los gastos de secretaría para expresidentes superaron los 1.800 millones de pesos (1.9 millones de USD) en los últimos cinco años, lo que tira más leña al fuego de la controversia.
El diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Comisión de Constitución, reconoció que la discusión sobre la eliminación de estas asignaciones es viable. “Hemos hablado de esto de manera transversal”, añadió.
La controversia ha impulsado varias iniciativas legislativas. Algunos senadores han propuesto limitar las pensiones vitalicias a expresidentes mayores de 65 años, afectando exclusivamente a Boric, quien dejará su cargo a los 40 años en marzo de 2026. Esta propuesta ha sido considerada por el oficialismo un "aprovechamiento político".
Por otro lado, los diputados Pamela Jiles y Carlos Bianchi han impulsado propuestas para reducir o eliminar los fondos asignados a gastos de oficina de expresidentes, argumentando su carencia de respaldo constitucional. Estas propuestas han resonado en el público que ve las pensiones millonarias como un símbolo de desigualdad.
Desde La Moneda, el Gobierno ha adoptado una postura cautelosa. En su Cuenta Pública 2025, Boric destacó los avances en la reforma de pensiones, incluyendo un aumento de la PGU a 250.000 pesos y la creación de un seguro social. Sin embargo, evadió el tema de las pensiones de expresidentes, sugiriendo que la discusión debe centrarse en justicia y equidad, no en ataques personales.
La controversia sobre las pensiones de expresidentes en Chile no solo es un debate presupuestario; refleja una creciente desconfianza hacia las élites políticas. Después del estallido social de 2019, donde las demandas por justicia social y equidad económica resurgieron, este tema alimenta el malestar ciudadano. La disparidad entre las pensiones millonarias de los expresidentes y las indignas que reciben muchos jubilados ha sido capitalizada por la oposición.
Esta controversia pone al presidente Boric en una posición precaria. La visión de un líder joven y progresista se ve opacada por el hecho de que podría beneficiarse de un sistema que él mismo criticó. Esta contradicción amenaza con erosionar su legado, especialmente en un año electoral donde la derecha busca presentarse como defensora de la austeridad fiscal.
A nivel regional, el caso chileno resuena en países como Argentina y Perú, donde los privilegios de las élites han sido cuestionados. La discusión sobre pensiones vitalicias podría inspirar reformas, sobre todo en gobiernos que enfrentan presiones por transparencia y responsabilidad fiscal.
El desafío para Chile radica en equilibrar el reconocimiento a los exmandatarios con la necesidad de redirigir recursos hacia sectores críticos como la salud y la educación. Sin una reforma apropiada, este debate seguirá siendo una fuente de tensión que podría socavar la confianza en las instituciones democráticas.
La controversia sobre las pensiones de expresidentes en Chile sigue generando controversia. Con la oposición y organizaciones como la Fundación Una Mirada clamando por reformas urgentes, el Gobierno enfrenta un desafío significativo. En un país marcado por la desigualdad, el debate sobre privilegios políticos se mantendrá en el centro de la agenda pública, especialmente ante las próximas elecciones presidenciales de noviembre de 2025.
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