Victor Manuel Arce Garcia
En un contexto donde miles de chilenos enfrentan la crisis sanitaria y educativa, más de 6.300 funcionarios públicos han convertido sus licencias médicas en oportunidades para recibir ingresos adicionales en el sector privado. La contralora general, Dorothy Pérez, hizo esta alarmante revelación en su Cuenta Pública 2026, afirmando que el abuso sistemático de licencias médicas va más allá de episodios aislados, constituyendo un problema estructural que afecta directamente al erario fiscal.
La Contraloría, a través del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°21, identificó entre 2023 y 2024 un total de 6.311 casos donde se registraron 48.682 licencias médicas (72% Fonasa y 28% Isapres) mientras se percibían ingresos paralelos. La situación es escandalosa: 2.538 empleados recibieron remuneraciones de otras instituciones; 3.611 emitieron boletas de honorarios; y casi 150 obtuvieron ingresos a través de plataformas de transporte o delivery, demostrando un uso fraudulento de las licencias.
No se trata de errores aislados. Según el mismo informe, 862 funcionarios viajaron al extranjero durante su licencia, 427 visitaron casinos y 138 hicieron ambas cosas, revelando una cultura de impunidad y un menú a la carta de actividades recreativas durante su "reposo médico".
Los sectores más perjudicados son aquellos que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos: con un 46% en municipalidades, 26% en salud y 17% en educación. Las instituciones con mayor número de casos incluyen la Fundación Integra (214), la Junta Nacional de Jardines Infantiles (196), y la Universidad de Chile (110), donde la ausencia de personal contribuye a prolongar listas de espera y clases canceladas.
Este nuevo escándalo no llega por sorpresa. En mayo de 2025, la Contraloría reportó que 25.078 funcionarios habían viajado al extranjero con licencia médica, resultando en 35.585 licencias irregulares. Sin embargo, tras nueve meses, solo un 1% de los involucrados ha sido destituido, dejando un sistema de sanciones ineficaz. A pesar de haber recuperado más de $1.311 millones en subsidios mal pagados, el impacto sobre la confianza pública es devastador.
La contralora hizo un llamado a reformar las normativas legales que permiten que los funcionarios que renuncian se escapen sin consecuencias. La situación actual parece enviar un mensaje claro: la combinación de licencias médicas y trabajos paralelos se han vuelto prácticas aceptables.
El cruce de datos con el SII, PDI, y SUSESO permitió desenmascarar estos abusos. La pregunta es: ¿por qué no se realizó esta fiscalización antes? La respuesta parece evidar a un sistema diseñado para ignorar el abuso. La cultura de "no pasa nada" sigue vigente en gran parte del aparato público, dejando al contribuyente a cargar con los costos de suplencias y servicios deteriorados.
Este no es solo un caso de "manzanas podridas"; es un reflejo de un Estado con controles laxos y una tolerancia excesiva al abuso. Mientras se discuten reformas laborales en el Congreso, la Contraloría sigue revelando nuevas formas de mal manejo de las licencias.
El futuro ahora depende de las instituciones, la Fiscalía, y el Consejo de Defensa del Estado. La Contraloría ha ordenado iniciar sumarios en un plazo de cinco días, esperando que, esta vez, las sanciones no se pierdan en trámites interminables ni en renuncias convenientes. La licencia médica debería ser vista como un derecho necesario para la recuperación, no como una herramienta para el enriquecimiento personal. Esto es, sin lugar a dudas, INACCEPTABLE en un Chile que demanda transparencia y eficiencia del Estado.
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