Victor Manuel Arce Garcia
En medio de una crisis de aprobación presidencial tras el aumento de los combustibles, el Gobierno de José Antonio Kast enfoca sus esfuerzos en fortalecer su política migratoria. La administración busca revertir el desgaste ciudadano mediante medidas de control fronterizo y deportaciones masivas.
El director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, anunció que están en marcha los primeros vuelos de deportación hacia Venezuela, previstos para abril. “Estamos trabajando intensamente para concretar en abril los primeros vuelos de deportación a Venezuela”, afirmó Sauerbaum, enfatizando la necesidad de “recuperar el orden y la seguridad en nuestras fronteras”.
Este enfoque se alinea con las promesas de Kast durante su campaña, abanderando una estrategia que incluye fiscalizaciones masivas a empresas que contratan inmigrantes en situación irregular. “Vamos a hacer fiscalizaciones en empresas que contratan inmigrantes ilegales”, declaró Sauerbaum, dejando claro que se intensificarán los operativos conjuntos con la Policía de Investigaciones y Carabineros.
La iniciativa llega en un momento sensible; encuestas recientes muestran una caída en la aprobación de Kast de entre 8 y 12 puntos, coincidiendo con el impacto del aumento del precio de la bencina y el diésel en los hogares chilenos. Fuentes del Palacio reconocen que la cuestión migratoria sigue siendo de gran relevancia para la ciudadanía y abre una oportunidad para que el gobierno recupere la confianza pública.
Durante la campaña electoral, Kast había prometido una “deportación inmediata” de aquellos extranjeros con antecedentes penales y el cierre efectivo de las fronteras a la inmigración irregular. Ahora, con un gobierno en sus primeras etapas, se acelera la implementación de estas políticas para demostrar el cumplimiento de sus compromisos.
Desde el Sermig, se detalló que los vuelos programados son apenas el inicio de un plan más amplio, con protocolos que ya se están coordinando con las autoridades venezolanas. A su vez, la presión sobre el sector empresarial por el empleo de inmigrantes irregulares en áreas como el comercio, la construcción y la agricultura aumentará.
Mientras tanto, la oposición permanece en silencio, aunque sectores de centroizquierda anticipan críticas sobre la "humanidad" de las medidas y demandan garantías de debido proceso para los migrantes. En La Moneda, confían en que la visibilidad de acciones como deportaciones y fiscalizaciones televisadas permitirá a Kast recuperar rápidamente su imagen y consolidar su promesa de “orden y seguridad” para el país.
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