Victor Manuel Arce Garcia
Un hecho alarmante y éticamente cuestionable sacude al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). La ministra Judith Marín ha solicitado la renuncia no voluntaria de la directora nacional, Priscilla Carrasco Pizarro, con un plazo de 48 horas, bajo amenaza de declarar el cargo vacante, "por encargo del Presidente de la República, José Antonio Kast", según una carta a la que tuvo acceso Contrapoder Chile.
La acción, amparada en el artículo 58 de la Ley N° 19.882, da inicio a un proceso que ha generado una fuerte repercusión. En la carta, la ministra Marín reconoce "la colaboración y labor desempeñada", aunque no precisa las causas de esta remoción. Cabe mencionar que Carrasco se encuentra en medio de un tratamiento de cáncer de mama triple negativo desde octubre de 2025, lo cual ha sido comunicado públicamente.
En diálogo exclusivo con Contrapoder Chile, Carrasco expresó su sorpresa y rechazo a la decisión: “No he pedido licencias. He trabajado diariamente, muy comprometida en mi función con el Estado. […] Esto no solo me afecta a mí, sino a todas las mujeres que enfrentan problemas similares. Es una pésima señal para los derechos de las mujeres en Chile”.
Este episodio contrasta drásticamente con lo declarado por el Presidente Kast el 20 de marzo, quien proclamó una alerta sanitaria nacional para abordar las listas de espera de más de 27,000 pacientes con cáncer. Esta situación plantea cuestionamientos sobre la coherencia del Gobierno en su compromiso con la salud pública. La ministra Marín ha enfatizado que el cáncer es uno de los pilares de su gestión, lo que hace aún más desconcertante la remoción de Carrasco en un momento crítico para su salud.
La decisión ha suscitado reacciones contundentes en redes sociales. La diputada Lorena Fries la calificó de “falta de humanidad e indolencia”, subrayando la inconsistencia de exigir la renuncia de Carrasco en plena quimioterapia. Por su parte, la exministra Antonia Orellana destacó los logros de Carrasco en su gestión, que incluyen una significativa expansión en atención a la violencia de género.
Este incidente pone de manifiesto una alarmante falta de sensibilidad en el Gobierno de Kast. Despedir a una funcionaria en tratamiento oncológico no solo vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución, sino que envía un mensaje desolador a miles de mujeres chilenas: su salud puede ser utilizada en su contra en el entorno laboral. Este acto, originado en el Ministerio de la Mujer, contradice las políticas proclamadas sobre la protección de sus derechos.
Hasta el cierre de esta nota, ni La Moneda ni el MinMujer han emitido declaraciones que justifiquen la decisión, dejando a la opinión pública a la espera de una respuesta. En un país que declara al cáncer como prioridad nacional, despedir a su máxima defensora mientras lucha por su vida representa un desacierto moral que no puede ser ignorado.
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