Santiago, Chile - A solo días de su última Cuenta Pública, programada para el 1 de junio de 2025, el Presidente Gabriel Boric se enfrenta a una creciente ola de críticas por parte de la oposición. Estos opositores lo acusan de implementar una estrategia política diseñada para beneficiar a los candidatos del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) en el marco de las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales de 2025.
Los parlamentarios de derecha, encabezados por figuras como el diputado José Miguel Castro, presidente de la Cámara, y el senador Manuel José Ossandón, presidente del Senado, han puesto en tela de juicio la insistencia del Gobierno en promover el proyecto de ley de aborto libre y en generar tensiones diplomáticas con Israel. Los opositores interpretan estas acciones como intentos de desviar la atención de problemáticas urgentes como la seguridad ciudadana y los escándalos de corrupción que afectan al oficialismo, especialmente el caso ProCultura.
Una cortina de humo
El diputado José Miguel Castro (RN) fue claro al señalar que Boric está utilizando temas sensibles como el aborto libre y la relación con Israel para "agitar a sus barras" y desviar la mirada de los problemas que aquejan a la ciudadanía. "Boric quiere desviar la atención de los temas importantes, como la seguridad ciudadana, que está en crisis, o los casos de corrupción que han golpeado al Frente Amplio. Esperaría que en su Cuenta Pública se refiera a estos temas más que a movilizar a su base electoral", dijo Castro en una declaración que resonó en el Congreso de Valparaíso.
El senador Ossandón añadió otra dimensión al debate, sugiriendo que estas iniciativas son parte de una "estrategia de campaña" para posicionar a los candidatos del FA y el PC en un año electoral crucial. "Creo que es una estrategia para movilizar un electorado progresista que está desencantado con el Gobierno", indicó.
El proyecto de ley de aborto libre, presentado el 28 de mayo de 2025, busca legalizar la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, en lo que se considera una de las promesas de campaña de Boric. Sin embargo, la oposición lo rechaza como una "cortina de humo ideológica" que carece del respaldo necesario en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría. La diputada Ximena Ossandón (RN) enfatizó: "No va a tener los votos. Es una maniobra para distraer de los problemas reales del país". La Democracia Cristiana (DC), en ocasiones aliada del Gobierno, también se ha distanciado de la iniciativa, con el diputado Eric Aedo declarando que su bancada no apoyará un proyecto de aborto sin causales.
Relación con Israel: un foco de controversia
Paralelamente, la decisión de Boric de adoptar una postura más dura contra Israel en el contexto del conflicto en Medio Oriente ha suscitado críticas adicionales. Parlamentarios de derecha, como Johannes Kaiser, han denunciado que el Presidente está utilizando este asunto para desviar la atención de los escándalos locales, incluyendo el caso ProCultura, que involucra a militantes del FA en presuntas irregularidades financieras. "Antes de la Cuenta Pública, Boric distrae con el conflicto de Israel y la ley de aborto, mientras Chile enfrenta asesinatos, narcotráfico y corrupción", escribió el usuario @alonso3050 en X.
Retos reales: seguridad y corrupción
La oposición señala que Boric debería dar prioridad a la crisis de seguridad ciudadana, que ha empeorado en los últimos años en Santiago y otras regiones de Chile. Aunque el fiscal nacional Ángel Valencia asegura que Chile mantiene la tasa de homicidios más baja de América Latina (6.7 por cada 100,000 habitantes), los delitos violentos no letales han aumentado considerablemente, especialmente en barrios vulnerables.
La creciente presencia de bandas criminales extranjeras y la percepción de inseguridad han convertido a la delincuencia en la principal preocupación de la ciudadanía, según encuestas recientes. Aunque el Gobierno ha intentado abordar esta crisis creando el Ministerio de Seguridad Pública en enero de 2025, la oposición califica estas iniciativas como insuficientes y tardías. El diputado Andrés Longton (RN) criticó la falta de resultados inmediatos: "Boric traslada el problema al Congreso, pero la responsabilidad de la seguridad recae en La Moneda".
Por otro lado, el caso ProCultura, parte del escándalo de "Caso Convenios", que involucra a la fundación liderada por Alberto Larraín, un cercano al FA, ha dañado la imagen del Gobierno. La oposición exige que Boric aborde este tema en su Cuenta Pública, aunque anticipa que el Presidente evitará mencionarlo al considerarlo "un tema oscuro para su sector". El diputado Henry Leal (UDI) advirtió: "El Presidente no puede eludir los graves hechos de corrupción que rodean a su Gobierno".
Desafíos en la Cuenta Pública
La Cuenta Pública del 1 de junio de 2025 será la última de Boric antes de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que no podrá postularse para un segundo mandato consecutivo. Con una aprobación ciudadana de alrededor del 35% (según Cadem) y la oposición fortaleciéndose con figuras como Evelyn Matthei liderando las encuestas, Boric se enfrenta al reto de resaltar los logros de su administración mientras contesta a las críticas de la oposición.
Entre los avances que el Gobierno busca destacar están la reforma de pensiones, el incremento del salario mínimo a 539,000 pesos chilenos (aproximadamente 540 dólares) desde enero de 2026, y la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, la oposición sostiene que estos logros son insuficientes frente a las promesas incumplidas, tales como las reformas en educación, salud y cultura, donde el avance es prácticamente nulo de acuerdo con un informe de la Fundación Ciudadanía Inteligente.
La estrategia de Gabriel Boric para su última Cuenta Pública representa un delicado equilibrio entre mantener la lealtad de su base progresista y atender las demandas de una ciudadanía cada vez más desilusionada. La insistencia en el proyecto de aborto libre y la postura hacia Israel parecen ser movimientos calculados para reenganchar al electorado del FA y el PC, que ha comenzado a mostrar signos de descontento tras el giro moderado del Gobierno en temas de seguridad y economía. Sin embargo, esta táctica podría alejar a sectores moderados, como la DC, que serán cruciales para aprobar legislación en un Congreso fragmentado.
Desde la perspectiva periodística, la narrativa de la oposición sobre una "estrategia de distracción" resuena en un contexto donde la seguridad ciudadana y la corrupción acaparan la agenda pública. La derecha, al mando de figuras como Castro y Ossandón, ha sabido capitalizar la percepción de inseguridad y los escándalos del FA para posicionarse como una alternativa viable de cara a 2025. Sin embargo, su discurso carece de propuestas concretas más allá de la crítica, lo que podría limitar su impacto a largo plazo.
El enfoque de Boric, aunque arriesgado, busca proyectar un legado progresista en un momento en que su Gobierno enfrenta un estancamiento legislativo. La falta de mayorías en el Congreso y la fragmentación del oficialismo, dividido entre el FA y el Socialismo Democrático, complican la implementación de su agenda. La Cuenta Pública será un momento clave para evaluar si Boric puede articular una visión que trascienda las elecciones de 2025, o si, por el contrario, queda atrapado en las acusaciones de oportunismo político.
