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La justicia chilena cerró el caso contra el actor Cristián Campos por prescripción, aunque reconoció la existencia de "actos de evidente vulneración sexual" denunciados por Raffaella di Girolamo
29 de mayo de 2025Santiago, Chile. El 34° Juzgado del Crimen de Santiago ha dictaminado el sobresimiento del actor Cristián Campos en el caso de abuso sexual presentado por su hijastra, Raffaella di Girolamo, debido a la prescripción de la acción penal. Sin embargo, el tribunal reconoció la existencia de “actos de evidente vulneración sexual” que suscitaron un “daño emocional” significativo en la víctima. Este fallo, ocurrido el 29 de mayo de 2025, ha avivado el debate sobre la justicia, los plazos de prescripción en delitos sexuales y el impacto que estos casos generan en la sociedad chilena.
La denuncia contra Cristián Campos, un reconocido actor chileno, fue presentada en marzo de 2024 por Raffaella di Girolamo, hija de la actriz Claudia di Girolamo, quien fue pareja de Campos. Según la querella, respaldada por la Fundación para la Confianza, los abusos habrían ocurrido durante la niñez y adolescencia de Raffaella, cuando Campos, en su rol de padrastro, poseía un “máximo deber de cuidado, respeto y protección”.
La fundación destaca que el actor utilizó su posición asimétrica para “confundir, controlar y cometer abusos” contra la víctima, dejando “huellas traumáticas” tanto en ella como en su familia. Este tipo de manipulación es común en contextos de abuso, donde el agresor aprovecha su cercanía y poder.
Durante más de un año, el proceso judicial pasó por diversas etapas. En enero de 2025, el caso fue inicialmente cerrado, pero se reabrió debido a nuevos antecedentes. Uno de ellos fue una supuesta amenaza del hijo de Campos, Pedro Campos, contra el actor Simón Pesutic, quien apoyó la denuncia de Raffaella. Finalmente, el juez Edgardo Gutiérrez determinó que, aunque los hechos denunciados fueron acreditados, la acción penal estaba prescrita, impidiendo así cualquier condena.
El fallo establece que los “actos de evidente vulneración sexual” ocurrieron, generando un “daño emocional” en la denunciante, pero la prescripción —un plazo legal que limita el tiempo para perseguir judicialmente ciertos delitos— imposibilitó seguir adelante con el caso. Esta decisión ha suscitado reacciones encontradas; mientras algunos cuestionan la efectividad del sistema de justicia, otros defienden la presunción de inocencia del actor.
El caso de Cristián Campos se suma a una serie de denuncias de abuso sexual que han sacudido a la sociedad chilena en los últimos años, especialmente en el ámbito del espectáculo y la cultura. Datos de Unicef indican que más de 370 millones de niñas y mujeres en el mundo han sido víctimas de violaciones y abusos sexuales desde la infancia, subrayando la magnitud global del problema.
En Chile, la prescripción de delitos sexuales se presenta como un obstáculo para muchas víctimas, pues los plazos legales pueden expirar antes de que estén listas para denunciar. Organizaciones como la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual han demandado reformas legales para eliminar o extender los plazos de prescripción en estos delitos, argumentando que las víctimas necesitan tiempo para procesar el trauma y buscar justicia. El caso de Campos ilustra estas limitaciones, donde los hechos fueron acreditados mas no punibles.
El fallo del tribunal en el caso de Cristián Campos ilustra una tensión continua en el sistema judicial chileno: el dilema entre la necesidad de justicia para las víctimas de abuso sexual y las restricciones impuestas por la prescripción de delitos. Este caso ha captado la atención del público no solo por la notoriedad del acusado, sino que también vuelve a abrir el debate sobre cómo se aborda la justicia en casos de violencia sexual, especialmente aquellos dirigidos a menores.
Desde un análisis político, el sobreseimiento de Campos por prescripción, a pesar de ser ajustado a la legalidad, plantea interrogantes sobre la confianza en las instituciones judiciales. En un contexto donde movimientos como #MeToo y demandas feministas han cobrado fuerza en Chile, este tipo de resoluciones pueden percibirse como una forma de impunidad estructural. La decisión del tribunal, aunque legal, refuerza la idea de que el sistema prioriza tecnicismos legales sobre la reparación del daño.
Asimismo, el caso evidencia las dinámicas de poder en el ámbito cultural chileno. La rápida reintegración de Campos al teatro, apoyada por figuras del espectáculo, contrasta con el silencio de Raffaella di Girolamo y su familia, reflejando una asimetría en la narrativa pública. Esto plantea una pregunta crucial sobre la cultura de la cancelación: ¿Hasta qué punto un sobreseimiento por prescripción se traduce en una exoneración social? Esta cuestión no tiene respuesta sencilla, pero el caso sugiere que la sociedad chilena aún lucha por equilibrar la presunción de inocencia con el reconocimiento del daño sufrido por las víctimas.
Por último, el rol de la Fundación para la Confianza y su apoyo a la denunciante evidencia la importancia de las organizaciones civiles en la lucha contra el abuso sexual. Sin embargo, su capacidad de influir en cambios legislativos es aún limitada frente a un sistema judicial que opera bajo normas rígidas. En un año electoral donde los temas de género y justicia son centrales, es probable que el debate sobre la prescripción de delitos sexuales resurja con fuerza.
El caso de Cristián Campos es un ejemplo paradigmático de cómo los medios de comunicación influyen en la percepción pública de los casos judiciales. Desde la denuncia de marzo de 2024, la cobertura mediática ha oscilado entre el sensacionalismo y un análisis más profundo, con titulares que han destacado tanto la acusación como el sobreseimiento. Medios como La Tercera, Cooperativa y T13 han proporcionado información, pero la narrativa predominante ha tendido a centrarse en la figura de Campos, relegando la voz de la víctima a un segundo plano.
La acreditación de “actos de evidente vulneración sexual” por parte del tribunal es un hecho relevante que, no obstante, ha quedado opacado por el énfasis en el sobreseimiento. Esto plantea un desafío para el periodismo: cubrir casos de abuso sexual sin revictimizar a las personas afectadas ni alimentar el morbo. Aunque ha habido avances en dar voz a organizaciones como la Fundación para la Confianza, la prensa debe mejorar su equilibrio entre el impacto personal de los involucrados y las implicaciones sociales más amplias.
El uso de términos como “prescripción”, “abuso sexual” y “daño emocional” en los titulares y reportajes ha sido crucial para posicionar la noticia en buscadores como Google. Sin embargo, este enfoque también ha generado confusión entre la audiencia, que puede interpretar mal el sobreseimiento como una absolución total. Los medios deben enfatizar que la prescripción no equivale a inocencia, especialmente en un caso donde se han reconocido los hechos.
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