Chile impulsa aborto legal sin causales en 2025

Santiago, Chile – Este viernes, el presidente Gabriel Boric anunció que la próxima semana se presentará en el Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales. Esta propuesta, respaldada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, reaviva un debate que ha polarizado a la sociedad chilena por décadas y cumple con una de las promesas clave de la administración progresista.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar que el aborto sea legal, seguro y gratuito, posicionando a Chile como un referente en derechos reproductivos en América Latina.

Un hito en la lucha por la autonomía reproductiva

La decisión de avanzar con el proyecto se da tras sortear obstáculos técnicos relacionados con la regulación de la Ley 21.030, que desde 2017 permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo para la vida de la gestante, inviabilidad fetal y violación.

Orellana comentó que el aplazamiento de esta propuesta, inicialmente prevista para finales de 2024, fue necesario para asegurar que el sistema de salud pudiera implementar adecuadamente la ley actual, evitando traslados innecesarios y garantizando la presencia de personal médico no objetor en todos los centros asistenciales.

“No vamos a permitir que se retroceda en los avances logrados”, declaró Orellana en 2022, enfatizando la necesidad de avanzar hacia el aborto sin causales. Esta postura se reafirma con el envío del proyecto, que busca eliminar las restricciones actuales, permitiendo que las mujeres decidan sobre sus cuerpos.

Reacciones inmediatas

El anuncio ha generado diversas reacciones. Sectores progresistas y feministas celebran el avance hacia la autonomía reproductiva, mientras que grupos conservadores, liderados por José Antonio Kast y el Partido Republicano, han expresado su rotundo rechazo, argumentando que la medida atenta contra el “derecho a la vida del que está por nacer”.

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, consideró que el aplazamiento del proyecto anterior fue un “regalo” para los opositores al aborto, lo que llevó a una firme respuesta de Orellana: “Las decisiones no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia”.

Un contexto histórico

El aborto ha sido un tema de controversia en Chile desde la colonización española, donde se establecieron prohibiciones influenciadas por valores judeocristianos. En 1931, el Código Sanitario permitió el aborto terapéutico, pero esa excepción fue abolida en 1989 durante la dictadura de Augusto Pinochet, dejando a Chile entre los pocos países con prohibición total del aborto. Se estima que entre 30.000 y 150.000 abortos clandestinos ocurren anualmente, frecuentemente en condiciones peligrosas que amenazan la salud de las mujeres.

El año 2017 marcó un punto de inflexión bajo el gobierno de Michelle Bachelet, con la promulgación de la Ley 21.030, que despenalizó el aborto en tres causales. Aunque este avance fue significativo, se limitó a las restricciones ya mencionadas, dejando insatisfecha a una gran parte de la sociedad que clama por la aprobación del aborto libre.

Desafíos en la implementación de la ley actual

A pesar de los avances, la implementación de la Ley 21.030 ha enfrentado serios desafíos. La objeción de conciencia por parte de médicos, especialmente en casos de violación, ha llevado a que muchas mujeres, incluyendo niñas abusadas, deban ser trasladadas a otros centros de salud, aumentando su vulnerabilidad.

El gobierno de Boric se encuentra en la tarea de resolver estos problemas antes de avanzar con el nuevo proyecto, asegurando que el sistema de salud esté preparado para un eventual aumento de procedimientos relacionados.

Detalles del proyecto de aborto sin causales

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, se anticipa que la Ley propondrá ciertos plazos gestacionales, permitiendo el aborto hasta la semana 14 de gestación, de manera similar a una propuesta de 2018. Se espera también que incluya medidas para asegurar el acceso efectivo al procedimiento y para combatir el estigma del aborto mediante campañas de educación sexual integral.

La iniciativa también busca abordar las desigualdades en el acceso al aborto seguro, enfocándose en mujeres en situaciones vulnerables como pobres, adolescentes y migrantes. La ilegalidad del aborto impacta desproporcionadamente a estos grupos, perpetuando las desigualdades de género. La propuesta podría incluir recursos para garantizar que los procedimientos sean gratuitos y accesibles en todo el país.

Reacciones y desafíos políticos

El anuncio ha reavivado el fervor en el debate entre sectores progresistas y conservadores. Organizaciones como Corporación Humanas han aplaudido la iniciativa, considerándola un avance hacia la justicia reproductiva. Sin embargo, la falta de mayoría del gobierno en el Congreso presenta un obstáculo potencial. Orellana ha reconocido que las posibilidades de aprobación son limitadas, pero ha reiterado que seguiremos trabajando para cumplir con los compromisos del presidente Boric.

El Partido Republicano, que tiene una fuerte influencia en el Consejo Constitucional de 2023, ya ha intentado restringir el aborto en el pasado, proponiendo artículos que refuercen la protección del “que está por nacer”. Aunque estas propuestas fueron rechazadas, evidencian la resistencia de los sectores conservadores ante cualquier avance en derechos reproductivos.

Análisis político: The Times en español

La presentación del proyecto de aborto libre representa un momento crítico para el gobierno de Boric, que busca consolidar su agenda progresista. Los analistas de The Times en español apuntan que aunque hay un soporte público significante hacia el aborto, la polarización política, impulsada por la influencia de la Iglesia Católica y figuras prominentes como Kast, podría complicar la tramitación legislativa.

La estrategia cautelosa del gobierno, que prioriza la consolidación de la Ley 21.030 antes de avanzar hacia el aborto libre, sugiere la necesidad de asegurar una base sólida ante futuros posibles retrocesos legislativos.

Según una encuesta de Ipsos de 2024, el 73% de los chilenos respaldan el aborto en ciertas circunstancias, y un 41% está a favor del aborto libre. Sin embargo, la presencia de una oposición que, aunque minoritaria, es vocal, puede obstaculizar la discusión en un Congreso fragmentado.

El proyecto de aborto sin causales no solo plantea un desafío en términos de derechos reproductivos, sino también refleja las tensiones entre modernidad y tradición en Chile. Si la administración de Boric desea posicionar al país como un líder en derechos humanos en la región, deberá navegar un entorno que, aunque favorable en ciertos aspectos, sigue marcado por profundas divisiones culturales.

Este proyecto de ley, si se aprueba, podría transformar de manera significativa el panorama de los derechos reproductivos en Chile, constituyendo un avance crucial hacia la autonomía de las mujeres en el país. Sin embargo, su éxito dependerá de la habilidad del gobierno para hacer frente a la resistencia política y cultural que ha caracterizado el debate por décadas.

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