La vocera Aisén Etcheverry descarta renuncia de Julio Salas y prioriza soluciones para la Ley de Fraccionamiento.
12 de mayo de 2025
Irmina Herrera
Santiago, Chile En un escenario marcado por la controversia y las exigencias de parlamentarios, el Gobierno de Chile ha decidido respaldar al subsecretario de Pesca, Julio Salas, tras la entrega de datos erróneos durante la tramitación de la Ley de Fraccionamiento de la merluza. La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, salió al paso de las críticas este lunes, asegurando que “la energía no está en identificar a un culpable, sino en resolver el problema”. Con esta declaración, el Ejecutivo busca apaciguar las tensiones y enfocarse en una nueva discusión legislativa que evite la pérdida de empleos en el sector pesquero, un tema clave para la economía chilena.
La polémica estalló cuando el ministro de Economía, Nicolás Grau, confirmó que los datos proporcionados por Salas durante el debate de la Ley de Fraccionamiento contenían errores. Esta normativa, que regula el procesamiento de la merluza, es crucial para la industria pesquera, ya que afecta directamente a empresas, trabajadores y comunidades costeras. Desde el Congreso, figuras de oposición y algunos sectores oficialistas exigieron la renuncia tanto de Grau como de Salas, argumentando que el error comprometió la transparencia y la calidad del proceso legislativo.
Consultada sobre una posible renuncia de Salas, Etcheverry fue tajante: “Siendo el mediodía, podemos informar que eso no ha ocurrido”. La vocera enfatizó que el Gobierno está concentrado en encontrar soluciones prácticas para mitigar el impacto del error. “El 100% de la concentración está en resolver la situación de la mejor manera posible para todos los actores involucrados”, afirmó, descartando cualquier cambio en el equipo del Ministerio de Economía por el momento.
Etcheverry también aclaró que las decisiones sobre eventuales modificaciones en el gabinete o en cargos como el de Salas dependen exclusivamente del Presidente Gabriel Boric. “Los cambios se hacen en base a la evaluación del propio Presidente, y se comunican en el minuto que se hacen. Esa no es la situación de ahora”, señaló, poniendo fin a las especulaciones sobre una salida inmediata del subsecretario.
El foco del Gobierno, según Etcheverry, está en preparar el terreno para una nueva discusión legislativa sobre el fraccionamiento de la merluza, cuya votación está programada para este martes. El ministro Grau ha intensificado las reuniones con parlamentarios, empresas y sindicatos del sector pesquero para consensuar una solución que proteja los empleos y garantice la sostenibilidad de la industria. “Estamos todos de acuerdo en buscar una solución”, aseguró la vocera, subrayando la necesidad de un diálogo amplio y constructivo.
El error en los datos no solo ha generado críticas por su impacto en la tramitación legislativa, sino que también ha avivado tensiones políticas. Desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, sectores que forman parte de la coalición oficialista, se ha cuestionado la idea de reabrir el debate sobre la Ley de Fraccionamiento. Algunos parlamentarios han advertido sobre un posible “aprovechamiento político” por parte de la oposición, que podría utilizar la controversia para desgastar al Gobierno.
En este contexto, Etcheverry destacó que el Ejecutivo está evaluando “distintos mecanismos” para abordar la situación, en coordinación con el Congreso. “Entre hoy y mañana existirá claridad y será informado”, prometió, dejando abierta la posibilidad de que el proyecto sea revisado mediante un mecanismo legislativo que permita corregir los errores sin generar mayores conflictos.
El debate sobre la merluza no es un tema menor. La pesca es un pilar económico en regiones como Biobío y Los Lagos, donde miles de familias dependen de esta actividad. Un manejo inadecuado de la normativa podría traducirse en pérdidas de empleos y tensiones sociales, un riesgo que el Gobierno busca evitar a toda costa.
La Ley de Fraccionamiento busca regular el procesamiento de la merluza, permitiendo que una parte de la captura sea procesada en plantas en tierra, lo que beneficia a la industria local y genera empleo. Sin embargo, los datos erróneos entregados por el subsecretario Salas generaron dudas sobre la viabilidad de la norma y su impacto en la sostenibilidad de la especie. Este error llevó a que el proyecto fuera cuestionado, obligando al Gobierno a replantear su estrategia.
El ministro Grau ha reconocido la gravedad del error, pero ha defendido la gestión de su equipo, argumentando que los datos fueron proporcionados de buena fe. No obstante, la oposición ha insistido en que el incidente refleja una falta de rigurosidad en el trabajo del Ejecutivo, lo que ha intensificado las presiones para que se tomen medidas drásticas, como la renuncia de Salas.
La decisión del Gobierno de respaldar al subsecretario Julio Salas en medio de la controversia por la Ley de Fraccionamiento refleja una estrategia clara: priorizar la estabilidad política y evitar ceder a las presiones de la oposición en un momento delicado. Sin embargo, esta postura no está exenta de riesgos, especialmente en un contexto donde la credibilidad del Ejecutivo ha sido cuestionada.
Fuentes periodísticas como El Mercurio y La Tercera han destacado que el error en los datos no solo afectó la tramitación de la ley, sino que también expuso las tensiones internas en la coalición oficialista. El Partido Comunista y el Frente Amplio, aliados clave del Presidente Boric, han mostrado incomodidad con la posibilidad de reabrir el debate, lo que podría interpretarse como una concesión a la oposición. Este escenario pone a prueba la capacidad del Gobierno para mantener la unidad interna mientras gestiona un tema de alta sensibilidad económica y social.
Desde un punto de vista político, la negativa a aceptar la renuncia de Salas puede leerse como un intento de proyectar fortaleza. Según el analista político Marco Moreno, citado por Radio Biobío, “el Gobierno está apostando por cerrar filas en torno a sus figuras clave, pero esto podría costarle capital político si no logra resolver el problema de manera efectiva”. La oposición, por su parte, ha encontrado en este episodio una oportunidad para cuestionar la gestión del Ejecutivo, un tema recurrente en los últimos meses.
El manejo de la crisis por parte del ministro Grau será crucial. Su capacidad para articular una solución que satisfaga a los actores involucrados –empresas, trabajadores y parlamentarios– determinará si el Gobierno logra salir airoso de esta controversia. Por ahora, la promesa de claridad antes de la votación del martes genera expectativas, pero también presión sobre un Ejecutivo que no puede permitirse más errores.
El respaldo del Gobierno a Julio Salas y su enfoque en soluciones prácticas para la Ley de Fraccionamiento muestran una estrategia orientada a la acción, pero no exenta de desafíos. La pesca, como motor económico de varias regiones chilenas, exige decisiones precisas y transparentes. La votación de este martes será un termómetro para medir la capacidad del Ejecutivo de sortear esta crisis y mantener la confianza de los sectores involucrdos.
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