La Contraloría revela fallas graves en gestión administrativa de fondo público, afectados Gobiernos Regionales, Carabineros y sectores clave, un escándalo de corrupción sin precedentes.
21 de junio de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile, 21 de junio de 2025, 02:19 AM -04 – En un giro que conmociona al país, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha denunciado irregularidades que superan los $1,5 billones (exactamente $1.505.707.732.640) en la gestión de fondos públicos, un resumen escabroso de un año fiscal entre abril de 2024 y marzo de 2025. Presentado el 19 de junio ante el Congreso, el informe encuentra fallas graves en Gobiernos Regionales, Carabineros, municipalidades, y sectores esenciales como la salud y la educación. Las repercusiones de este escándalo no solo hablan de mala gestión y corrupción, sino que también amenazan con erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
Bajo la dirección de Pérez, quien se ha convertido en la primera mujer en ocupar el cargo de Contralora en la historia de la institución, el informe de 233 páginas se fundamenta en 792 acciones de fiscalización. Con una metodología precisa, que incluye auditorías normativas y financieras, se identificaron $359 mil millones en errores contables, $328 mil millones en problemas contractuales, $316 mil millones en deficiencias de rendición de cuentas, y $252 mil millones en mala gestión de fondos.
“La Contraloría no solo fiscaliza, sino que colabora en la prevención y sanción de la corrupción”, afirmó Pérez durante su discurso inaugural tras la ratificación en noviembre de 2024. Su compromiso por la transparencia y la modernización de la gestión pública es palpable, y su enfoque en el uso de cruzamientos de datos ha permitido detectar irregularidades de manera más eficaz. Esto ya había resultado en la exposición de un escándalo de licencias médicas fraudulentas a inicios de 2025.
Los Gobiernos Regionales (GORE) son los principales implicados en este desfalco, con un alarmante total de $303 mil millones en irregularidades. Las regiones de Tarapacá, Biobío, Arica y Parinacota, y Antofagasta resaltan por la magnitud de los problemas encontrados. Por ejemplo, en Tarapacá se detectaron $45 mil millones en pagos sin respaldo documental, mientras que en Biobío las irregularidades contractuales alcanzaron los $62 mil millones. Estas cifras reflejan una preocupante falta de justificación para las transferencias, modificaciones de contratos sin base legal, y el fraccionamiento de compras para evadir la licitación, elementos que perpetúan la desigualdad en el país.
La policía nacional, Carabineros, también enfrenta severas acusaciones con un total de $151 mil millones debido a irregularidades. Dentro de los problemas identificados, destacan pagos indebidos a proveedores, fallas en proyectos de videovigilancia y graves desórdenes contables. El senador Juan Antonio Coloma expresó que “la seguridad no puede ser pretexto para la opacidad”, exigiendo así una investigación a fondo para esclarecer las responsabilidades que involucran esta entidad vital para la seguridad del país.
Otros sectores, como municipalidades, salud, y medioambiente, también muestran problemas significativos. Un caso paradigmático proviene de una municipalidad en Valparaíso, donde $12 mil millones destinados a infraestructura escolar carecen de respaldo, dejando en riesgo la formación de futuros ciudadanos. El sector de la salud, crítico en un contexto donde las listas de espera son un tema recurrente, se ve igualmente afectado por rendiciones incompletas que diluyen la efectividad de los programas fundamentales para la población.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la carencia de pasos hacia la rendición de cuentas. Según Pérez, muchas instituciones no han implementado procesos disciplinarios o judiciales, y los montos cuestionados no se registran como deudas.
El caso de las licencias médicas fraudulentas es un claro ejemplo del impacto positivo de este enfoque: se identificaron a más de 25.000 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante permisos médicos. Esto resultó en 6.600 sumarios y 1.100 renuncias para aquellos implicados.
La divulgación del informe ha desencadenado reacciones vibrantes en el espectro político. La exalcaldesa Evelyn Matthei lo calificó como “una radiografía de la ineficiencia pública” y demandó reformas inmediatas. Tanto parlamentarios de oposición como del oficialismo han coincidido en la urgencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización, aunque divergen en cuanto a las responsabilidades.
En la esfera ciudadana, las plataformas digitales como X han mostrado indignación. “¿Cómo se pierden $1,5 billones sin que nadie responda?”, pregunta un usuario, mientras otros apuntan a los Gobiernos Regionales como focos de corrupción, exigiendo auditorías independientes. A pesar de las críticas, Pérez ha logrado captar la atención y el respeto de muchos a través de su firmeza en la lucha contra la corrupción, llegando a ser apodada “la salvadora de Chile” en redes sociales.
Con 49 años, Pérez ha tejido un legado de meritocracia en su carrera. Se graduó con distinción máxima de la Universidad de Chile y se unió a la Contraloría en 2004, llegando a ser la Contralora Regional de Valparaíso a la temprana edad de 31 años, un hito en la historia del país. Su trayectoria incluye disputas con excontralores, como Jorge Bermúdez, quien intentó su destitución en 2018, un conflicto que culminó con una resolución favorable para Pérez por parte de la Corte Suprema.
Desde su ratificación, ha buscado modernizar la Contraloría con un enfoque en el uso de tecnología y en la fiscalización preventiva. Con 30 nuevos CIC en curso sobre varios temas, incluidos seguridad municipal y el uso del agua, su gestión promete cambiar radicalmente el panorama de la política chilena.
El informe plantea un desafío crucial para el futuro de la gestión pública: la necesidad de reformar los mecanismos de transparencia y eficiencia. Expertos sugieren la digitalización de procesos, la profesionalización de la administración y un endurecimiento de las sanciones. “La Contraloría debe ser un pilar del Estado de Derecho, no solo un ente reactivo”, enfatizó Pérez en recientes declaraciones al Senado.
El gobierno de Gabriel Boric, que apoyó la nominación de Pérez, está ahora frente a una presión significativa para implementar medidas que corrijan estas falencias. Sin embargo, la magnitud del problema sugiere que las soluciones requerirán un esfuerzo conjunto sustancial, algo complicado en un entorno de creciente polarización.
Por The Times en español
El informe de la Contraloría, liderado por Dorothy Pérez, representa no solo un diagnóstico financiero al conflicto de la corrupción en Chile, sino un verdadero punto de inflexión que expone las debilidades del sistema de gobernanza en el país. La suma de $1,5 billones en irregularidades revela una problemática sistémica que trasciende administraciones y pone en tela de juicio la confianza de la ciudadanía, un activo crucial en un país que aún se recupera del estallido social de 2019.
La decisión de Pérez de hacer público el informe, rompiendo con la tradición de confidencialidad, subraya su imagen como una figura disruptiva, aunque genera tensiones con sectores que habrían preferido un enfoque menos confrontador. Para el gobierno de Gabriel Boric, esta situación representa un dilema complejo. Si bien su nominación fue un acierto político que muestra apoyo por una profesional con capacidades técnicas y aceptación transversal, las revelaciones pueden complicar su narrativa de progreso, especialmente en regiones donde la descentralización se prometió como un agente de cambio.
A nivel internacional, este caso puede influir en la percepción de Chile como un modelo de estabilidad en América Latina. Organismos como el FMI y el Banco Mundial observarán de cerca cómo el país aborda estas fallas, dado que la transparencia es esencial para atraer inversión. La gestión de Pérez, con su énfasis en tecnología y fiscalización preventiva, podría ser un diferencial, pero requiere el respaldo político necesario para traducirse en reformas estructurales y duraderas.
El desafío más grande es, sin embargo, cultural. La impunidad evidenciada en el informe refuerza el desencanto ciudadano, que ve en las instituciones un sistema que protege a los poderosos. Tanto Pérez como el sistema político tienen la responsabilidad de mostrar que la Contraloría puede ser un motor de cambio, y no solo un juez de errores pasados. Si no se implementan sanciones efectivas y reformas concretas, corre el riesgo de que este informe se convierta en un eco de indignación más en un país que clama por justicia.
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