Un hombre acusa a funcionarios de la 33ª Comisaría de insultarlo por su orientación sexual, golpearlo y burlarse de su condición de VIH.
Chile12 de mayo de 2025
Irmina Herrera
Santiago, 12 de mayo de 2025 – Un hombre de 41 años denunció haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de funcionarios de la 33ª Comisaría de Ñuñoa, en un control de identidad que, según el afectado, se convirtió en un acto de abuso motivado por su orientación sexual y expresión de género no binaria. El caso, reportado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), incluye insultos homofóbicos, burlas por su condición de persona viviendo con VIH y lesiones certificadas en manos, rodillas y brazos, según un informe médico.
La denuncia, presentada el 16 de marzo de 2025 ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, expone un presunto patrón de violencia institucional que ha generado indignación en organizaciones de derechos humanos. El Movilh exigió a Carabineros una investigación “rigurosa y célere”, advirtiendo que la falta de respuesta institucional podría implicar complicidad en los abusos.
El incidente ocurrió cuando el denunciante, un hombre gay no binario, fue interceptado por carabineros en Ñuñoa durante un control de identidad. Según su relato, los funcionarios justificaron inicialmente la detención por un supuesto estado de ebriedad, pero luego cambiaron su versión, alegando que se negó a mostrar su cédula de identidad, algo que el afectado desmiente categóricamente.
“Aprovechándose de mi evidente condición de gay no binario, me realizan un supuesto control de identidad, sustraen mis especies personales por la fuerza, me golpean y quitan mi porta-documentos, donde se encontraba mi cédula de identidad, tarjeta bancaria de Banco Estado, tarjeta bip de transporte y dinero en efectivo”, señaló la víctima en su denuncia, según el comunicado del Movilh.
El afectado describió cómo los carabineros lo arrastraron por el suelo, provocándole lesiones en brazos, muñeca izquierda, rodilla y codo derecho, mientras lo insultaban con términos como “maricón” y debatían entre ellos cómo “pasar detenido” a alguien con su orientación sexual. En la comisaría, la violencia psicológica continuó: un funcionario habría alertado a sus colegas sobre su condición de VIH, diciendo “oye weón, no dijiste que tenías VIH. Pónganse mascarillas”, lo que desencadenó burlas y amenazas de confiscar su celular. El hombre fue encerrado en un calabozo, donde, según su testimonio, sufrió una “tortura psíquica”.
Tras ser trasladado a constatar lesiones, el denunciante escuchó a los carabineros discutir cómo eliminar del registro de atención médica cualquier mención que los identificara como responsables de las agresiones. Al día siguiente, en la audiencia ante el 8º Juzgado de Garantía, el fiscal calificó el caso como una “falta”, solicitando una multa de 2 UTM (aproximadamente $130.000) y afirmando que el detenido no tenía antecedentes penales. El abogado defensor de turno recomendó presentar una denuncia contra los carabineros, lo que el afectado hizo verbalmente ante el magistrado.
Un certificado médico emitido por Integramédica el 17 de marzo de 2025, a las 11:35 horas, confirmó las lesiones del denunciante. El documento detalla “signos de agresión” con “edema en muñeca y antebrazo izquierdo, múltiples escoriaciones en codo derecho, muñeca, mano y antebrazo izquierdo, rodilla izquierda y flanco posterior”, además de “equimosis en porción interna de brazo izquierdo” y “dolor al órgano de la prensión mano izquierda”. Estas lesiones corroboran la versión del afectado sobre la violencia física sufrida durante el control y la detención.
El Movilh, que ha acompañado al denunciante en el proceso, envió una carta al Departamento de Derechos Humanos de Carabineros hace un mes, exigiendo una investigación interna. Sin embargo, la institución no ha respondido, lo que ha llevado a la organización a advertir que “la falta de sanciones convierte a Carabineros como conjunto en responsable de estos abusos”. En un comunicado, el Movilh calificó los hechos como “injustificables” y exigió claridad sobre las razones de la detención, así como sanciones ejemplares para los responsables.
El caso se suma a una serie de denuncias contra Carabineros por abusos motivados por orientación sexual o identidad de género. Según el Informe Anual de Derechos Humanos del Movilh de 2024, el 15% de las denuncias por discriminación en Chile involucran a instituciones públicas, con Carabineros encabezando las acusaciones por violencia verbal y física contra personas LGBTIQ+. En 2023, un caso similar en Valparaíso involucró a un joven trans agredido durante un control de identidad, lo que llevó a la institución a comprometerse a reforzar su protocolo de derechos humanos, un compromiso que, según el Movilh, no se ha cumplido.
En el ámbito político, el caso ocurre en un momento de creciente escrutinio sobre Carabineros, tras escándalos como el Caso Convenios y críticas por su manejo de protestas sociales. La falta de respuesta del Departamento de Derechos Humanos, creado en 2020 para abordar violaciones de derechos, refuerza la percepción de opacidad institucional.
Reacciones y próximos pasos
La denuncia contra los carabineros de la 33ª Comisaría de Ñuñoa pone en evidencia un problema estructural en la formación y fiscalización de las fuerzas policiales chilenas. Desde la perspectiva de The Times en Español, este caso no es un incidente aislado, sino un síntoma de la persistente discriminación institucional contra personas LGBTIQ+, agravada por la falta de accountability dentro de Carabineros.
La violencia verbal y física descrita, junto con la burla por la condición de VIH del denunciante, refleja una cultura de estigmatización que contradice los avances legislativos en materia de derechos LGBTIQ+, como la Ley de Identidad de Género (21.120) y el matrimonio igualitario. La ausencia de claridad sobre las razones de la detención y el intento de ocultar la responsabilidad de los funcionarios, como reportó el afectado, sugieren un abuso de poder que pone en tela de juicio la legitimidad del control de identidad como práctica policial.
El silencio de Carabineros, un mes después de la carta del Movilh, refuerza la percepción de impunidad. Como señala El Desconcierto, la institución ha enfrentado críticas recurrentes por su manejo de denuncias de derechos humanos, especialmente tras el estallido social de 2019, donde se documentaron más de 8.000 casos de abuso policial. La creación del Departamento de Derechos Humanos fue un intento de abordar estas críticas, pero su inacción en este caso sugiere que las reformas no han permeado la cultura institucional.
En el contexto político, el gobierno de Gabriel Boric enfrenta un desafío. Aunque ha promovido una agenda progresista, incluyendo políticas de inclusión LGBTIQ+, la incapacidad de garantizar una respuesta efectiva a casos como este podría alimentar el desencanto con su administración, especialmente en un año electoral. La oposición, por su parte, ha evitado pronunciarse, lo que refleja la polarización en torno a los derechos LGBTIQ+ en el debate público.
Fuentes como BioBioChile, El Mostrador y La Tercera destacan la gravedad del caso, pero también la dificultad de lograr justicia en denuncias contra Carabineros, debido a la falta de testigos independientes y la protección interna a los funcionarios. Para The Times en Español, este caso es una oportunidad para que el gobierno y Carabineros demuestren un compromiso real con los derechos humanos, pero también un recordatorio de que la lucha contra la discriminación institucional requiere cambios estructurales profundos.
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