Una trabajadora del Servicio Nacional del Adulto Mayor denuncia la difusión no autorizada de su contenido privado de Arsmate, desatando un conflicto laboral. Respaldada por sus superiores, la institución lleva el caso al Ministerio Público. ¿Dónde termina la privacidad en la era digital?
25 de abril de 2025
The Times en Español
Valdivia, Chile – Lo que empezó como un emprendimiento personal en Arsmate, la plataforma chilena de contenido para adultos, se convirtió en una pesadilla para una funcionaria del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en Valdivia. El 16 de abril de 2025, la profesional descubrió que videos íntimos, subidos originalmente a su cuenta privada en la conocida “OnlyFans chilena”, circulaban sin su permiso entre colegas de su propio entorno laboral. La filtración, acompañada de comentarios mordaces, ha desencadenado un torbellino de acoso digital que pone en tela de juicio los límites entre la vida privada y las expectativas profesionales.
La afectada, cuya identidad permanece en reserva, relató a 24 Horas cómo el material fue distribuido a través de WhatsApp con mensajes que la señalaban como “una profesional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que hace contenido pornográfico”. Según su testimonio, la intención era clara: exponerla y dañarla. “Esto comienza a ser enviado a todos mis colegas de mi círculo cercano con la finalidad de darlo a conocer”, explicó, destacando que incluso personas de su confianza participaron en la difusión. Con tres años de experiencia en la Coordinación Regional del Adulto Mayor, la funcionaria se encuentra ahora con licencia médica hasta el 2 de mayo, lidiando con las secuelas emocionales de esta vulneración.
El caso escaló rápidamente al ámbito institucional. El 17 de abril, Senama presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la difusión no consentida, argumentando que el acto podría constituir un delito y afecta tanto a la trabajadora como a la imagen del servicio. “Ante la difusión no autorizada de fotografías privadas de una funcionaria a otros trabajadores del servicio, Senama interpuso una denuncia en la Fiscalía”, indicó la entidad en un comunicado. La medida busca no solo proteger a la afectada, sino también contener las repercusiones para quienes recibieron el contenido y para la reputación del organismo.
A nivel personal, la funcionaria encontró un respaldo inicial en sus superiores. “Mantuve una conversación con mi jefatura, que me daba a conocer que yo tengo derecho a mi vida privada”, afirmó. Sin embargo, este apoyo no ha logrado calmar sus temores sobre el futuro. “Siento que voy a tener de una u otra forma un reproche, quizás no de forma directa, pero sí de forma indirecta”, confesó, evidenciando la incertidumbre que la embarga ante su eventual regreso al trabajo. La circulación del material, según le han reportado más colegas, no se ha detenido, intensificando su sensación de exposición y desamparo.
El auge de plataformas como Arsmate, que permite a usuarios monetizar contenido exclusivo, ha abierto un debate en Chile sobre la legitimidad y los riesgos de estas actividades. Para algunos, es una fuente válida de ingresos en tiempos económicos difíciles; para otros, un terreno ético conflictivo, especialmente en roles públicos. Este no es el primer caso que sacude el país: a principios de abril, una funcionaria judicial de Loncoche fue suspendida tras vender contenido en Arsmate, un incidente que también involucró acusaciones de estafa, según Araucanía Diario. La diferencia aquí radica en que la funcionaria de Senama no enfrentó sanciones internas, sino un ataque directo de sus pares.
Legalmente, Chile cuenta con herramientas para abordar estas situaciones. Desde 2018, el Decreto Legislativo N°1410 tipifica la difusión no consentida de contenido íntimo como delito, con penas de hasta seis años de cárcel. Sin embargo, la efectividad de estas normas depende de la identificación de los responsables y la celeridad de las investigaciones, aspectos que suelen complicarse en casos de acoso digital. La denuncia de Senama es un paso hacia la justicia, pero el daño ya causado plantea interrogantes más amplias sobre la protección de la privacidad en entornos laborales y la cultura del juicio social.
WhatsApp, una herramienta omnipresente, jugó un rol clave en la viralización del contenido, demostrando cómo la tecnología puede convertirse en un arma de doble filo. Expertos en violencia digital, como los del Observatorio Contra el Acoso Callejero, señalan que estos incidentes suelen ser intentos de “disciplinar” a quienes ejercen su autonomía, un patrón que afecta desproporcionadamente a mujeres. La funcionaria de Senama, atrapada entre su derecho a la privacidad y el escrutinio de sus colegas, personifica esta tensión. “Desde la naturaleza humana, la verdad que me asusta muchísimo”, admitió, reflejando el peso de la situación.
El respaldo institucional y la denuncia son señales positivas, pero no borran el impacto personal. Mientras la investigación avanza, el caso expone las fragilidades de la privacidad en la era digital y la facilidad con que una decisión personal puede convertirse en un escándalo público. ¿Es Arsmate una herramienta de empoderamiento o una puerta a la vulnerabilidad? La respuesta, como el destino de esta funcionaria, sigue en el aire.
En Valdivia, la funcionaria de Senama se ha convertido en el último titular de una saga que bien podría titularse “Chile vs. la privacidad: el reality”. Según fuentes de The Times en español, este caso no es solo un drama laboral, sino un espejo de nuestra obsesión colectiva por juzgar vidas ajenas. Arsmate, ese “OnlyFans con cueca y empanada”, prometía libertad financiera, pero terminó sirviendo una ración de humillación pública con extra de WhatsApp.
La denuncia de Senama al Ministerio Público, reportada el 17 de abril, es un guiño serio a la justicia, pero no nos engañemos: el verdadero juicio ya ocurrió en los chats de oficina. Como diría un columnista de The Times en español, “en Chile, el derecho a la vida privada termina donde empieza el grupo de WhatsApp”. La sátira aquí escribe sola: colegas indignados compartiendo videos “por el bien de la moral”, mientras la víctima pide licencia para no colapsar. ¿Y la institución? Hace lo correcto, pero llega tarde al baile.
La pregunta, queridos lectores, es si alguna vez aprenderemos a deslizar el dedo hacia arriba en vez de hacia los lados. Mientras tanto, este caso nos deja un sabor agridulce: la tecnología empodera, pero también desnuda –literalmente– a quien se atreve a usarla.
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