La Constitución de 1980 consagra un modelo económico que otorga a los empresarios libertad para fijar precios, limitando la regulación estatal. Mientras este marco priorice la libertad de mercado, los consumidores enfrentan alzas percibidas como abusivas, profundizando desigualdades.
Editorial19 de abril de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
En Chile, los precios de bienes y servicios son un reflejo del modelo económico que ha definido al país durante las últimas cuatro décadas: una economía de mercado donde la oferta y la demanda reinan con mínima intervención estatal. Sin embargo, la raíz de por qué los empresarios pueden cobrar lo que estimen conveniente se encuentra en la Constitución de 1980, un marco legal que consagra la libertad económica por encima de regulaciones que podrían proteger a los consumidores. Este sistema genera una pregunta persistente: ¿es esta libertad un motor de progreso o un obstáculo para la justicia social?
La Constitución actual, diseñada en un contexto de neoliberalismo, establece en su artículo 19, números 21 y 24, la protección del derecho de propiedad y la libre iniciativa económica. Esto limita severamente la capacidad del Estado para regular precios, salvo en casos excepcionales como estados de catástrofe o sectores monopólicos. En la práctica, los empresarios gozan de una amplia libertad para fijar precios, siempre que no incurran en prácticas ilegales como la colusión. Fuera de servicios públicos como el agua o la electricidad, el mercado opera sin restricciones significativas, dejando a los consumidores vulnerables ante alzas que a menudo perciben como abusivas.
Esta libertad, respaldada por la Constitución, ha generado beneficios innegables: innovación, variedad de productos y un mercado dinámico. Sin embargo, también ha profundizado desigualdades. La percepción de que los empresarios "cobran lo que quieren" se intensificó tras escándalos de colusión en farmacias, supermercados y otros sectores, evidenciados durante el estallido social de 2019. En un país donde el acceso a bienes esenciales como alimentos o medicamentos es desigual, la falta de regulación de precios agrava la brecha entre quienes pueden pagar y quienes no.
Los defensores del modelo argumentan que regular precios podría repetir errores del pasado, como el desabastecimiento de los años 70, cuando controles estrictos desincentivaron la producción. Sin embargo, esta advertencia no aborda el problema de fondo: una Constitución que prioriza la libertad económica sobre el bienestar colectivo. Mientras el marco legal limite la intervención estatal, los consumidores seguirán dependiendo de la buena fe de los empresarios o de fiscalizaciones que, aunque necesarias, no siempre son suficientes.
En Estados Unidos, bajo administraciones republicanas (tradicionalmente de derecha), el mercado es mayormente libre, pero existen regulaciones específicas. Por ejemplo, los precios de medicamentos están influenciados por negociaciones con aseguradoras y programas federales como Medicare, que limitan alzas excesivas en ciertos casos. Las leyes antimonopolio, aplicadas rigurosamente por la Comisión Federal de Comercio (FTC), sancionan prácticas como la colusión o la fijación de precios predatorios. A diferencia de Chile, donde la fiscalización es a menudo reactiva, EE. UU. mantiene un enfoque proactivo para prevenir distorsiones del mercado, incluso bajo gobiernos pro-mercado.
En el Reino Unido, gobernado por los conservadores (de derecha) durante gran parte de las últimas décadas, el libre mercado es un pilar, pero se combina con regulaciones para proteger a los consumidores. La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) supervisa activamente sectores como la energía y las telecomunicaciones, donde los precios están regulados para evitar abusos en mercados con poca competencia. Además, durante crisis, como el Brexit o la pandemia, el gobierno ha intervenido puntualmente para estabilizar precios de bienes esenciales, como combustibles o productos sanitarios. Este enfoque contrasta con la reticencia chilena a intervenir, incluso en contextos de emergencia.
En Australia, liderada por gobiernos de coalición liberal-nacional (de derecha) en varios períodos, el libre mercado coexiste con regulaciones selectivas. La Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) monitorea sectores clave, como supermercados y combustibles, para prevenir alzas injustificadas. Además, Australia regula precios en servicios esenciales como la electricidad, ajustándolos según costos operativos y necesidades del consumidor. Este modelo híbrido permite mantener incentivos para la inversión privada mientras se protege a los ciudadanos, algo que Chile podría considerar para sectores sensibles.
Japón, bajo el Partido Liberal Democrático (de derecha) durante décadas, ofrece otro ejemplo. Aunque el mercado es libre en la mayoría de los sectores, el gobierno regula precios en servicios públicos como la electricidad y el transporte, asegurando accesibilidad. Durante crisis, como desastres naturales, se implementan controles temporales para evitar la especulación en bienes básicos, como alimentos o agua. Esta flexibilidad contrasta con la rigidez constitucional chilena, que dificulta intervenciones rápidas.
En Corea del Sur se aplican controles temporales durante crisis (por ejemplo, en mascarillas durante la pandemia). Estas intervenciones buscan estabilizar mercados sin sofocar la iniciativa privada, ofreciendo un modelo intermedio que Chile podría considerar.
¿Qué puede aprender Chile? Estos países demuestran que es posible combinar principios de derecha, como el respeto por el libre mercado, con regulaciones puntuales que protejan a los consumidores. Medidas como una fiscalización más proactiva (al estilo de EE. UU.), controles en sectores estratégicos (como en el Reino Unido o Australia) o intervenciones temporales en crisis (como en Japón) podrían mitigar la percepción de abusos sin desincentivar la inversión. Sin embargo, implementar estas reformas en Chile requeriría superar las restricciones de la Constitución de 1980, que prioriza la libertad económica sobre la intervención estatal.
El desafío para Chile es encontrar un equilibrio. La Constitución actual, al blindar la libertad de precios, dificulta implementar medidas que protejan a los más vulnerables sin caer en los riesgos de una regulación excesiva. Alternativas como impuestos específicos, subsidios focalizados o mayor transparencia en los mercados podrían mitigar el impacto de los precios libres sin desmantelar el modelo económico.
Pero estas soluciones requieren voluntad política y, posiblemente, una reforma constitucional que redefina las prioridades del país.
La libertad de los empresarios para fijar precios no es solo una consecuencia del mercado, sino un mandato de la Constitución de 1980. Mientras este marco persista, el debate sobre los precios seguirá siendo una herida abierta en la sociedad chilena.
Es momento de preguntarnos: ¿puede una constitución que privilegia la libertad de unos garantizar la justicia para todos? El futuro de Chile depende de cómo respondamos.
Por Víctor Manuel Arce García
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