La Constitución de 1980 consagra un modelo económico que otorga a los empresarios libertad para fijar precios, limitando la regulación estatal. Mientras este marco priorice la libertad de mercado, los consumidores enfrentan alzas percibidas como abusivas, profundizando desigualdades.
Editorial19 de abril de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
En Chile, los precios de bienes y servicios son un reflejo del modelo económico que ha definido al país durante las últimas cuatro décadas: una economía de mercado donde la oferta y la demanda reinan con mínima intervención estatal. Sin embargo, la raíz de por qué los empresarios pueden cobrar lo que estimen conveniente se encuentra en la Constitución de 1980, un marco legal que consagra la libertad económica por encima de regulaciones que podrían proteger a los consumidores. Este sistema genera una pregunta persistente: ¿es esta libertad un motor de progreso o un obstáculo para la justicia social?
La Constitución actual, diseñada en un contexto de neoliberalismo, establece en su artículo 19, números 21 y 24, la protección del derecho de propiedad y la libre iniciativa económica. Esto limita severamente la capacidad del Estado para regular precios, salvo en casos excepcionales como estados de catástrofe o sectores monopólicos. En la práctica, los empresarios gozan de una amplia libertad para fijar precios, siempre que no incurran en prácticas ilegales como la colusión. Fuera de servicios públicos como el agua o la electricidad, el mercado opera sin restricciones significativas, dejando a los consumidores vulnerables ante alzas que a menudo perciben como abusivas.
Esta libertad, respaldada por la Constitución, ha generado beneficios innegables: innovación, variedad de productos y un mercado dinámico. Sin embargo, también ha profundizado desigualdades. La percepción de que los empresarios "cobran lo que quieren" se intensificó tras escándalos de colusión en farmacias, supermercados y otros sectores, evidenciados durante el estallido social de 2019. En un país donde el acceso a bienes esenciales como alimentos o medicamentos es desigual, la falta de regulación de precios agrava la brecha entre quienes pueden pagar y quienes no.
Los defensores del modelo argumentan que regular precios podría repetir errores del pasado, como el desabastecimiento de los años 70, cuando controles estrictos desincentivaron la producción. Sin embargo, esta advertencia no aborda el problema de fondo: una Constitución que prioriza la libertad económica sobre el bienestar colectivo. Mientras el marco legal limite la intervención estatal, los consumidores seguirán dependiendo de la buena fe de los empresarios o de fiscalizaciones que, aunque necesarias, no siempre son suficientes.
En Estados Unidos, bajo administraciones republicanas (tradicionalmente de derecha), el mercado es mayormente libre, pero existen regulaciones específicas. Por ejemplo, los precios de medicamentos están influenciados por negociaciones con aseguradoras y programas federales como Medicare, que limitan alzas excesivas en ciertos casos. Las leyes antimonopolio, aplicadas rigurosamente por la Comisión Federal de Comercio (FTC), sancionan prácticas como la colusión o la fijación de precios predatorios. A diferencia de Chile, donde la fiscalización es a menudo reactiva, EE. UU. mantiene un enfoque proactivo para prevenir distorsiones del mercado, incluso bajo gobiernos pro-mercado.
En el Reino Unido, gobernado por los conservadores (de derecha) durante gran parte de las últimas décadas, el libre mercado es un pilar, pero se combina con regulaciones para proteger a los consumidores. La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) supervisa activamente sectores como la energía y las telecomunicaciones, donde los precios están regulados para evitar abusos en mercados con poca competencia. Además, durante crisis, como el Brexit o la pandemia, el gobierno ha intervenido puntualmente para estabilizar precios de bienes esenciales, como combustibles o productos sanitarios. Este enfoque contrasta con la reticencia chilena a intervenir, incluso en contextos de emergencia.
En Australia, liderada por gobiernos de coalición liberal-nacional (de derecha) en varios períodos, el libre mercado coexiste con regulaciones selectivas. La Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) monitorea sectores clave, como supermercados y combustibles, para prevenir alzas injustificadas. Además, Australia regula precios en servicios esenciales como la electricidad, ajustándolos según costos operativos y necesidades del consumidor. Este modelo híbrido permite mantener incentivos para la inversión privada mientras se protege a los ciudadanos, algo que Chile podría considerar para sectores sensibles.
Japón, bajo el Partido Liberal Democrático (de derecha) durante décadas, ofrece otro ejemplo. Aunque el mercado es libre en la mayoría de los sectores, el gobierno regula precios en servicios públicos como la electricidad y el transporte, asegurando accesibilidad. Durante crisis, como desastres naturales, se implementan controles temporales para evitar la especulación en bienes básicos, como alimentos o agua. Esta flexibilidad contrasta con la rigidez constitucional chilena, que dificulta intervenciones rápidas.
En Corea del Sur se aplican controles temporales durante crisis (por ejemplo, en mascarillas durante la pandemia). Estas intervenciones buscan estabilizar mercados sin sofocar la iniciativa privada, ofreciendo un modelo intermedio que Chile podría considerar.
¿Qué puede aprender Chile? Estos países demuestran que es posible combinar principios de derecha, como el respeto por el libre mercado, con regulaciones puntuales que protejan a los consumidores. Medidas como una fiscalización más proactiva (al estilo de EE. UU.), controles en sectores estratégicos (como en el Reino Unido o Australia) o intervenciones temporales en crisis (como en Japón) podrían mitigar la percepción de abusos sin desincentivar la inversión. Sin embargo, implementar estas reformas en Chile requeriría superar las restricciones de la Constitución de 1980, que prioriza la libertad económica sobre la intervención estatal.
El desafío para Chile es encontrar un equilibrio. La Constitución actual, al blindar la libertad de precios, dificulta implementar medidas que protejan a los más vulnerables sin caer en los riesgos de una regulación excesiva. Alternativas como impuestos específicos, subsidios focalizados o mayor transparencia en los mercados podrían mitigar el impacto de los precios libres sin desmantelar el modelo económico.
Pero estas soluciones requieren voluntad política y, posiblemente, una reforma constitucional que redefina las prioridades del país.
La libertad de los empresarios para fijar precios no es solo una consecuencia del mercado, sino un mandato de la Constitución de 1980. Mientras este marco persista, el debate sobre los precios seguirá siendo una herida abierta en la sociedad chilena.
Es momento de preguntarnos: ¿puede una constitución que privilegia la libertad de unos garantizar la justicia para todos? El futuro de Chile depende de cómo respondamos.
Por Víctor Manuel Arce García
Síguenos en nuestras redes Sociales
La Constitución de 1980 consagra un modelo económico que otorga a los empresarios libertad para fijar precios, limitando la regulación estatal. Mientras este marco priorice la libertad de mercado, los consumidores enfrentan alzas percibidas como abusivas, profundizando desigualdades.
En una reunión con la prensa antes de dejar La Moneda, el ex presidente Sebastián Piñera admitió que dejaría una herencia de inflación descontrolada y sequía hídrica, cifrando en 30,000 millones de dólares el gasto en ayudas sociales durante la pandemia, aunque datos actualizados revelan que el déficit fiscal real fue de 41,500 millones de dólares, subestimándolo en 11,500 millones y agravando el legado económico de su gestión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que un acuerdo comercial con China podría concretarse en las próximas tres o cuatro semanas, a pesar de la escalada de aranceles que ha intensificado la guerra comercial entre ambas potencias.
Denominada "Ley Mordaza", la iniciativa reduce plazos de rectificación y amplía el concepto de difamación, afectando el trabajo periodístico y el derecho a la información en el país.
El rescate, que combinó la experiencia de voluntarios locales y la destreza del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, destaca la importancia de la preparación y la respuesta coordinada ante emergencias en terrenos montañosos, un desafío recurrente en la comuna.
En una reunión con la prensa antes de dejar La Moneda, el ex presidente Sebastián Piñera admitió que dejaría una herencia de inflación descontrolada y sequía hídrica, cifrando en 30,000 millones de dólares el gasto en ayudas sociales durante la pandemia, aunque datos actualizados revelan que el déficit fiscal real fue de 41,500 millones de dólares, subestimándolo en 11,500 millones y agravando el legado económico de su gestión.
La derecha chilena enfrenta un escenario crítico rumbo a 2025: la fragmentación entre Matthei, Kast y Kaiser, sumada a los tropiezos comunicacionales y unas primarias forzadas en Chile Vamos, pone en jaque sus opciones presidenciales. ¿Podrán unificar un proyecto o cederán terreno al oficialismo?
Las economías de América Latina atraviesan un momento de contrastes, donde las políticas de izquierda y derecha compiten por demostrar su eficacia en un contexto global marcado por la inflación, la incertidumbre política y las demandas sociales.
La economía chilena enfrenta un 2025 marcado por una recuperación moderada, pero con desafíos estructurales como el bajo crecimiento y la alta desigualdad, según medios internacionales especializados. El gobierno de Gabriel Boric busca cerrar su mandato con reformas clave, pero las perspectivas para el traspaso en 2026 muestran un país estabilizado, aunque con limitaciones para un despegue robusto.
Con miles de usuarios afectados por demoras, evacuaciones y un servicio cada vez menos confiable, el Metro de Santiago enfrenta críticas por su falta de mantenimiento y planificación. Este artículo analiza las causas de las fallas, las reacciones ciudadanas y el impacto en la movilidad urbana, cerrando con un análisis crítico sobre la gestión del sistema por parte de The Times en español.
- El corazón asesor del Presidente Gabriel Boric enfrenta su peor crisis. Dominado por militantes del Frente Amplio, con escasa experiencia técnica y una alarmante falta de mujeres y abogados, el Segundo Piso de La Moneda suma renuncias tras el escándalo de la casa de Allende. The Times en Español destapa las grietas de un equipo que, entre improvisaciones y tropiezos, pone en jaque la gestión presidencial.
Pese a un nuevo rechazo, a una entrevista humana y breve, nuestro medio reafirma su compromiso de cubrir cada paso del presidente, porque Chile merece saber qué hace su máxima autoridad.
Tras la destitución de la senadora Isabel Allende por contratos con el Estado, cinco parlamentarios enfrentan posibles sanciones del Tribunal Constitucional por vínculos financieros con el fisco, desatando un debate sobre la ética en la política chilena.
Un un giro drástico, el presidente Trump impone gravámenes récord a China, desencadenando una escalada de represalias que sacude los mercados y amenaza la estabilidad económica global.
Los medios chilenos se ahogan en una crisis financiera alimentada por empresarios que no pagan, un sistema de subcontratación que diluye los ingresos y el dominio de Meta y Google, que devoran la publicidad, dejando al periodismo de calidad y al lector como víctimas silenciosas.
El presidente Gabriel Boric aterrizó en Santiago tras buscar en India nuevos socios comerciales y tecnológicos frente a los aranceles de Trump, pero su regreso coincide con una semana crítica: cambio de gabinete, inflación, crisis migratoria y un oficialismo fracturado ante las elecciones de 2025.
Expertos y autoridades debaten estrategias para desincentivar la llegada de migrantes extranjeros por vías no legales o con documentación falsa, mientras el gobierno chileno enfrenta críticas por su enfoque y la falta de soluciones integrales.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
La economía chilena enfrenta un 2025 marcado por una recuperación moderada, pero con desafíos estructurales como el bajo crecimiento y la alta desigualdad, según medios internacionales especializados. El gobierno de Gabriel Boric busca cerrar su mandato con reformas clave, pero las perspectivas para el traspaso en 2026 muestran un país estabilizado, aunque con limitaciones para un despegue robusto.
"...modernizar el Servicio Militar no significa solo más canto, más trote, más sueldo, más contingente o, peor aún, creer que basta con un emocionante llamado con música épica de fondo..."
Las negociaciones entre el Gobierno y la CUT se desarrollan en un contexto de diálogo social fortalecido, con acuerdos previos que han permitido mejoras laborales y económicas. Este proceso, liderado por los ministros Marcel y Boccardo, apunta a un nuevo ajuste que equilibre el bienestar de los trabajadores con la estabilidad económica, mientras se abordan temas clave como el costo de la vida y el fortalecimiento institucional.
El robo ocurrió la mañana del jueves, cuando los delincuentes sustrajeron los vehículos en un golpe cuidadosamente planeado. Carabineros, alertados por el sistema GPS, interceptó a los sospechosos en plena vía pública, recuperando la carga y desarticulando una red que operaba con precisión en la comuna.
La presentación, dirigida a la presidenta de la Comisión, Ana María Bravo, acusa a Kaiser de propagar falsedades, comparando su actuar con tácticas de desinformación. El caso reaviva el debate sobre la ética parlamentaria y la veracidad en la política chilena.
El estudio, realizado con la Universidad de Hong Kong y Harvard, muestra cómo los flujos migratorios globales no solo van de países pobres a ricos, sino que operan en “escalones económicos”. Chile destaca como un punto intermedio en esta dinámica, recibiendo a miles de migrantes regionales mientras sus ciudadanos buscan oportunidades en el exterior.
En redes sociales se ha viralizado la afirmación de que el expresidente Sebastián Piñera fue el creador del proyecto de ley que reduce la jornada laboral en Chile de 45 a 40 horas. Sin embargo, la iniciativa nació en 2017 de las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola, y no de Piñera, quien propuso una reforma alternativa que no prosperó.
El rescate, que combinó la experiencia de voluntarios locales y la destreza del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, destaca la importancia de la preparación y la respuesta coordinada ante emergencias en terrenos montañosos, un desafío recurrente en la comuna.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que un acuerdo comercial con China podría concretarse en las próximas tres o cuatro semanas, a pesar de la escalada de aranceles que ha intensificado la guerra comercial entre ambas potencias.
En una reunión con la prensa antes de dejar La Moneda, el ex presidente Sebastián Piñera admitió que dejaría una herencia de inflación descontrolada y sequía hídrica, cifrando en 30,000 millones de dólares el gasto en ayudas sociales durante la pandemia, aunque datos actualizados revelan que el déficit fiscal real fue de 41,500 millones de dólares, subestimándolo en 11,500 millones y agravando el legado económico de su gestión.
No habrá un futuro digno para el periodismo si renunciamos al pilar esencial que da sentido a nuestra labor en una sociedad democrática: la independencia periodística. Este valor, que sustenta la confianza pública y justifica las protecciones otorgadas a la prensa libre, es la base de nuestra legitimidad y propósito. Víctor Manuel Arce García Editor de The Times en Español
La independencia periodística requiere presentar los hechos con claridad, aunque puedan parecer favorecer a una parte en un conflicto. Asimismo, exige reflejar con precisión la ambigüedad y el debate en los casos más comunes donde los hechos no son evidentes o su interpretación genera controversia razonable, permitiendo a los lectores comprender y evaluar la incertidumbre por sí mismos. Víctor Manuel Arce García Editor de The Times en Espanol
El periodismo independiente sostiene que una democracia sólida depende de que las personas accedan a fuentes confiables que proporcionen información veraz. Confía en que los ciudadanos pueden entender los hechos, abordar su complejidad y desarrollar sus propias opiniones fundamentadas. Víctor Manuel Arce García