Matthei destaca la importancia de controlar la migración ilegal en Chile

En cuanto a la situación en Colombia, Matthei también manifestó su preocupación por el respeto a los derechos humanos de los connacionales deportados y la necesidad de garantizar un proceso digno y transparente en su retorno al país.

ChileEl lunesVictor Manuel Arce GarciaVictor Manuel Arce Garcia
Evelyn Matthei
AgenciaUno/Francisco Paredes

La postulante de UDI y RN, Evelyn Matthei, resalta el "derecho de deportar" de Estados Unidos y critica la política migratoria del gobierno chileno. Según ella, en Chile se deporta solo alrededor de mil inmigrantes irregulares al año, a pesar de tener 30 mil expulsiones pendientes. 
  
 En una declaración reciente, Matthei abordó la disputa entre Estados Unidos y Colombia tras la negativa del gobierno de Gustavo Petro de aceptar aviones militares con connacionales deportados. 
  
 La negativa de Petro de permitir el aterrizaje de aviones estadounidenses surgió luego de que el presidente colombiano acusara a Donald Trump de tildar de "criminales" a los inmigrantes connacionales. 
  
 Ante esta situación, Trump amenazó con imponer aranceles a Colombia, lo que finalmente llevó a Petro a cambiar de opinión y aceptar a los deportados. En este contexto, Matthei señaló que "Estados Unidos, al igual que cualquier nación soberana, tiene el derecho de deportar a los inmigrantes irregulares, especialmente si han cometido delitos". 
  
 Asimismo, criticó que el gobierno chileno actual deporte solo a alrededor de mil inmigrantes irregulares al año, a pesar de las 30 mil expulsiones pendientes. Según ella, se necesita valentía y voluntad política para abordar este tema. 
  
 Matthei ha manifestado su postura de mano dura ante la migración irregular en Chile, proponiendo medidas como la implementación de infraestructura de control fronterizo con barreras físicas en Colchane, Arica, y la instalación de cámaras ópticas y térmicas, patrullajes móviles, cuadrimotos, drones y globos aerostáticos. 
  
 Además, contempla la colaboración de las Fuerzas Armadas y la policía en la colocación de barreras físicas, así como la creación de dos centros de internación cerca de la frontera para procesar a 100 personas cada uno en un plazo máximo de 48 horas.

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