Diego Arenas
En un reciente informe del comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., se reveló que la administración de Donald Trump ha desembolsado 40 millones de dólares para deportar a 300 inmigrantes a países terceros en el último año. Este esfuerzo, que antes se consideraba "excepcional", ha sido sistematizado por el Gobierno actual, generando preocupaciones sobre el uso de fondos públicos.
La investigación, que abarcó diez meses, evaluó los convenios para las deportaciones a países como Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau. La senadora Jeanne Shaheen, quien dirigió el informe, criticó que el Gobierno logre enviar dinero de los contribuyentes a gobiernos extranjeros mientras ignora los costos humanos y el riesgo de deteriorar relaciones diplomáticas.
El estudio también sugiere que el gasto en deportaciones podría superar los 40 millones de dólares hasta enero de 2026, dado que se han transferido más de 32 millones a los cinco países mencionados. En total, 250 de los inmigrantes deportados eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025, mientras que otros 51 fueron enviados a diferentes naciones, principalmente a Guinea Ecuatorial y Eswatini.
El informe destaca que, en muchos casos, EE.UU. podía haber deportado a estas personas a su país de origen sin costo adicional. Más del 80% de esos deportados están regresando a sus hogares o ya lo han hecho. "Algunos migrantes fueron enviados pagándoles a terceros países y luego tuvieron que ser repatriados", señala el documento.
Los senadores demócratas advirtieron sobre la creciente intención del Gobierno de retirar el estatus legal a miles de inmigrantes en EE.UU., lo que podría intensificar aún más las deportaciones a terceros países. El informe concluye que estas operaciones son costosas, ineficientes y representan un despilfarro, al mismo tiempo que financian "gobiernos corruptos sin supervisión", desafiando así el derecho migratorio estadounidense y la transparencia de las operaciones involucradas.
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