La nueva exención fiscal, parte de un conjunto de políticas económicas, inyectará cerca de 110.000 millones de reales (aproximadamente 19.800 millones de dólares) en la economía brasileña para 2026.
Latam01 de enero de 2026
Javier Saldívar
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciado un avance significativo hacia la justicia tributaria, destacando la reciente implementación de una exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales (aproximadamente 900 dólares), entrante en vigor el 1 de enero. Esta medida, que se produce en un contexto de alta inflación y desigualdad, tiene como objetivo aumentar el bienestar de los trabajadores brasileños.
"Esto significa más dinero en el bolsillo de quienes viven de su propio trabajo y más justicia tributaria para Brasil", subrayó Lula en sus redes sociales. Esta declaración refleja el compromiso de su gobierno por promover la equidad social y revertir políticas fiscales consideradas regresivas en administraciones anteriores.
La nueva exención fiscal, parte de un conjunto de políticas económicas, inyectará cerca de 110.000 millones de reales (aproximadamente 19.800 millones de dólares) en la economía brasileña para 2026. Se prevé que alrededor de 10 millones de trabajadores dejen de pagar el impuesto sobre la renta, experimentando un aumento real del ingreso mensual superior a 300 reales (cerca de 54 dólares) y casi 4.000 reales adicionales al año (aproximadamente 720 dólares).
Además, otros 6 millones de contribuyentes en el rango de ingresos de 5.000 a 7.350 reales (entre 900 y 1.323 dólares) también se beneficiarán con una reducción del impuesto retenido en la fuente, fortaleciendo aún más la situación financiera de la clase trabajadora y estimulando el consumo.
La exención se complementa con el ajuste del salario mínimo, que ahora se sitúa en 1.621 reales (aproximadamente 292 dólares), lo que representa un aumento del 6,79%. Este reajuste se realiza en línea con la inflación y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y había sido suspendido durante los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro entre 2016 y 2022, lo que generó considerables críticas por parte de sindicatos y defensores de derechos económicos.
El Ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, indicó que "el crecimiento del salario mínimo inyecta en la economía cerca de 7.000 millones de reales mensuales (alrededor de 1.260 millones de dólares), ayudando a generar empleo al promover una economía dinámica". Esto destaca la conexión entre políticas salariales y creación de empleo, sugiriendo que un salario base sólido puede catalizar el crecimiento económico.
Con el aumento actual, se espera que más de 34 millones de trabajadores se beneficien directamente, y al considerar jubilados, pensionados, personas con discapacidad y beneficiarios del seguro de desempleo, se estima que el apoyo alcanzará a alrededor de 62 millones de brasileños. Según el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos, la valorización del salario mínimo aportará este año 81.700 millones de reales (cerca de 14.700 millones de dólares) a la economía, subrayando el potencial de estas políticas para reactivar el consumo y fomentar un crecimiento inclusivo.
En resumen, la administración de Lula avanza en su misión de revertir la precarización laboral y la desigualdad a través de acciones que benefician a los trabajadores. La nueva ley de exención del impuesto sobre la renta, acompañada del reajuste del salario mínimo, tiene el firme propósito de elevar el estándar de vida de millones de brasileños, promoviendo un crecimiento sostenible y equitativo. Este enfoque se alinea con una visión de un Brasil más justo, donde las políticas económicas se dirigen a satisfacer las necesidades de la población y contribuir a una sociedad más equitativa.
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