Un tribunal prohíbe a la administración Trump el envío de tropas a Oregón por violaciones de autoridad.
Estados Unidos05/10/2025
Javier Saldívar
Un juez federal en Oregón ha dictaminado que el despliegue de 200 miembros de la Guardia Nacional en Portland por parte de la administración Trump excede la autoridad presidencial. Este fallo llega en medio de protestas masivas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha llevado a un creciente debate sobre el uso de la fuerza federal en asuntos estatales.
El tribunal de distrito de Estados Unidos emitió una orden de restricción temporal (TRO) el sábado, bloqueando el despliegue militar. La demanda fue presentada por el Estado de Oregón y la ciudad de Portland, argumentando que la acción era ilegítima y superaba la jurisdicción del presidente.
La jueza Karin Immergut, quien fue designada por Trump en 2019, otorgó la orden temporal, señalando que “este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a la extralimitación gubernamental”. En su fallo, explicó que la federalización de tropas solo puede ser autorizada en circunstancias excepcionales, como una invasión, una rebelión, o cuando hay incapacidad para ejecutar la ley federal usando fuerzas regulares.
En junio, el presidente Trump emitió un memorando autorizando la federalización de las tropas debido a supuestas amenazas a empleados federales y propiedades durante las protestas. No obstante, las manifestaciones en el verano se habían transformado en eventos predominantemente pacíficos, lo que llevó al Estado y a la ciudad a argumentar que no había justificación para la presencia militar.
El 27 de septiembre, Trump anunció en Truth Social que había ordenado al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el despliegue de tropas en la percipiente “Portland devastada por la guerra”, mencionando peligros como “Antifa y otros terroristas nacionales”. A pesar de la oposición decidida de la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, quien afirmó que no existía una emergencia de seguridad pública, Hegseth procedió a ordenar la federalización de los miembros de la Guardia Nacional.
Este acto generó indignación en Oregón, donde se considera que el despliegue es una violación de la soberanía estatal y podría resultar en un uso indebido de recursos públicos, con implicaciones de costos que podrían llegar a los 10 millones de dólares.
La jueza Immergut determinó que la fuerza de seguridad federal y local era suficiente para mantener el orden en Portland. En su razonamiento, destacó que las autoridades de Oregón tienen el derecho soberano de controlar su propia Guardia Nacional, una cuestión que se encuentra en la Décima Enmienda de la Constitución.
Además, la jueza encontró que el despliegue podría resultar en un daño irreparable al Estado, tanto por la pérdida de control sobre sus tropas como por el riesgo que implica desviar efectivos entrenados de su misión principal: atender emergencias del propio estado.
El fallo ha sido bien recibido por las organizaciones defensoras de los derechos civiles. Sandy Chung, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Oregón, celebró la decisión, afirmando que es "coherente con la ley y los hechos sobre el terreno en Portland". Resaltó que el intento del presidente de desplegar tropas en Oregón representa "un peligroso abuso de poder”.
Chung también añadió que tales acciones no solo perjudicarían el erario público, sino que también contradicen el derecho del estado a manejar sus propios asuntos.
¿Qué provocó el despliegue de la Guardia Nacional en Portland?
El despliegue fue ordenado debido a las protestas en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
¿Qué decía la corte sobre la autoridad del presidente?
La corte dictaminó que el presidente no tenía la autoridad para desplazar tropas a menos que existieran circunstancias excepcionales.
¿Cuál fue la reacción de los líderes locales?
La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, se opuso al despliegue, indicando que no existía una emergencia de seguridad pública.
¿Cuál es el costo estimado del despliegue militar?
Se estima que el despliegue podría costar hasta 10 millones de dólares del erario público.
¿Qué implicaciones tiene la Décima Enmienda en este caso?
La Décima Enmienda protege el derecho soberano de los estados, lo que significa que Oregón debería tener control sobre su propia Guardia Nacional.
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