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La negativa del gobernador Claudio Orrego a revelar informes de coaching ha desatado un intenso debate sobre la transparencia en la gestión pública, justo en un momento clave de su carrera política.
23 de julio de 2025Santiago, Chile — La controversia ha estallado en torno al Gobierno Regional (Gore) Metropolitano luego de que el gobernador Claudio Orrego se rehusara a entregar informes de coaching que contemplan al menos 16 sesiones de campaña. La revelación surge a raíz de las críticas de la Contraloría, que cuestionó el carácter de estas sesiones, sugiriendo que se enfocaban en su reelección. Orrego defendió su postura argumentando que las sesiones estaban orientadas a la gestión interna y no a actividades electorales.
La solicitud por la copia de estos informes se realizó bajo la ley de transparencia, pero fue denegada por el administrador Manuel Gallardo, quien indicó que la decisión provenía directamente del gobernador. La negativa se basa en la interpretación de que la divulgación podría perjudicar una investigación penal relacionada. Dicha respuesta ha sido apelada ante el Consejo para la Transparencia.
Orrego, al defender su posición, enfatizó: "Los mismos informes muestran que el enfoque es de gestión interna, planificación y desarrollo de equipos, no de campaña ni propaganda". Sin embargo, esta postura ha generado un revuelo, especialmente en la oposición, que busca presentar un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para destituirlo del cargo.
Este controversial coaching, titulado "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024", está bajo la lupa desde un informe de la Contraloría, que alertó sobre un traspaso irregular de $31.366.179 a la consultora Vera y Asociados S.A.. En este contexto, 16 de las 28 sesiones analizadas se alinean con temas políticos stringentes, particularmente con la campaña electoral a Gobernador Regional en la que Orrego aspira a la reelección.
Más que una simple cuestión de transparencia, esta situación pone en evidencia las intrincadas conexiones entre la gestión pública y la política electoral. Estas tensas relaciones se acentúan tras la reciente aprobación del Consejo Regional, donde se permitió el nombramiento de personas cercanas a Orrego en instituciones clave. Como consigno el medio Ex - Ante
El organismo fiscalizador ha manifestado sus reparos respecto a las sesiones de coaching, afirmando que "aludir explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política" convierte a estos informes en un material de interés público que debería ser accesible. En este sentido, la Contraloría ha subrayado que “el Gore no entregó las minutas” de otras 24 sesiones, lo que genera más dudas sobre el manejo de los recursos y la transparencia en la información pública.
Frente a los cuestionamientos, Orrego ha afirmado que "no ha habido ni un solo peso del Gobierno de Santiago que haya ido a parar a mi campaña", intentado desacreditar las acusaciones de uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, su declaración como imputado en este caso ha complicado su defensa, generando escepticismo entre sus opositores políticos.
El caso del coaching no es el único escándalo que envuelve a Orrego. Este también está vinculado a la investigación del caso ProCultura, donde fue nombrado como imputado debido a la aprobación del traspaso de $1.683.788.000 a la organización para un programa de prevención de suicidios. La relación entre estos eventos ha aumentado el escrutinio público sobre su gestión.
La negativa de Orrego de entregar los informes de coaching resalta la continua lucha entre la transparencia y la opacidad en la política chilena. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra no solo en las decisiones del gobernador sino también en las implicaciones que estos eventos podrían tener en su futura reelección.
A través de este escenario, se plantea una pregunta fundamental para los ciudadanos, ¿cuánto debe saber el público sobre las decisiones que afectan su vida cotidiana? La falta de claridad en la gestión podría resultar en repercusiones significativas para Orrego y su administración en el futuro inmediato.
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