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En Santiago, Chile, la Fiscalía imputa a la abuela materna y al primo de Tomás Bravo tras interceptaciones telefónicas, en un nuevo giro en la investigación por la muerte del menor en 2021.
19 de junio de 2025Santiago, Chile, – La investigación sobre la muerte del niño Tomás Bravo, hallado sin vida en febrero de 2021 en Caripilún, Región del Biobío, ha tomado un rumbo inesperado. La Fiscalía Regional de Los Ríos ha imputado a Elisa Martínez, abuela materna del menor, y a su primo, Jorge Escobar Hermosilla, en un proceso paralelo al juicio principal que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete. Este nuevo desarrollo, basado en interceptaciones telefónicas y otras diligencias intrusivas, reaviva la conmoción en un caso que ha capturado la atención nacional durante más de cuatro años. La madre del menor, Estefanía Gutiérrez, ha expresado su furia en redes sociales, acusando a la Fiscalía de "corrupta y mentirosa".
El caso de Tomás Bravo, que desapareció el 17 de febrero de 2021 en el sector rural de Caripilún, ha sido uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Chile. Después de nueve días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado a dos kilómetros de donde fue visto por última vez. Desde entonces, la investigación ha estado envuelta en controversias y giros inesperados. Hasta ahora, el único formalmente imputado era el tío abuelo, Jorge Escobar Escobar, acusado de abandono de menor con resultado de muerte. La reciente imputación de Martínez y Escobar Hermosilla abre un nuevo capítulo en esta tragedia.
La fiscal Tatiana Esquivel, al frente de la Fiscalía de Los Ríos, ha tomado medidas intrusivas como la interceptación de comunicaciones, lo que llevó a la Corte de Apelaciones de Concepción a aceptar a la abuela y al primo como imputados. Aunque no se han revelado los delitos específicos, este desarrollo sugiere que el Ministerio Público explora nuevas hipótesis sobre la muerte del menor.
La inclusión de Elisa Martínez y Jorge Escobar Hermosilla ha sorprendido y generado controversia. La Fiscalía de Valdivia solicitó la interceptación de sus teléfonos, lo que llevó a un recurso de amparo por parte de la Defensoría Penal Pública. La Corte otorgó a ambos la calidad de imputados, garantizando sus derechos procesales. Las razones detrás de estas imputaciones no se han explicado públicamente, pero las interceptaciones parecen ser clave. Una conversación grabada reveló que Jorge Escobar Escobar, el tío abuelo, expresó: “Gracias a Dios que estas mierdas no tienen cómo cagarme. No le tengo miedo a la justicia porque soy inocente”, lo cual ha suscitado especulaciones sobre contradicciones en el entorno familiar.
La imputación de la abuela materna ha provocado una respuesta visceral de Estefanía Gutiérrez, quien en su cuenta de Instagram defendió a su madre: “Mami, eres la mejor abuela que mi hijo pudo tener”. Gutiérrez acusó a la Fiscalía de tener motivaciones indebidas, reflejando el dolor y la frustración de una madre que busca justicia para su hijo. En redes como X, las reacciones han sido polarizadas; mientras algunos apoyan a Gutiérrez, otros cuestionan a la Fiscalía.
Este caso ha estado marcado por tensiones familiares y cuestionamientos sobre la investigación. En 2022, Martínez y Gutiérrez fueron imputadas por agredir a la abuela paterna, Elicea Salazar, reflejando las divisiones familiares. Además, un testigo aseguró haber tenido reuniones secretas con Martínez, quien supuestamente intentó influir en su testimonio.
La Fiscalía de Los Ríos indica que posee evidencia que podría relacionar a Jorge Escobar Escobar con un homicidio, mientras que la reciente imputación de Martínez y Escobar Hermosilla sugiere que podrían estar investigando posibles encubrimientos. El juicio contra Escobar Escobar ha estado constituido por controversias y acusaciones de presiones indebidas por parte de fiscales.
La muerte de Tomás Bravo ha conmocionado a Chile, generando manifestaciones como “Los niños no se tocan”, que mantienen viva la presión sobre las autoridades. La desaprobación hacia la gestión de la investigación es alta, con encuestas que indican que un 65% de los chilenos consideran que el caso no ha sido tratado con transparencia.
Este nuevo giro en el caso no solo reaviva el dolor de una tragedia, sino que también cuestiona la credibilidad de las instituciones judiciales en Chile. La imputación de Martínez y Escobar Hermosilla resalta la complejidad del proceso, en un contexto donde la confianza en la justicia ya estaba erosionada. La reacción de Gutiérrez resuena en una sociedad que enfrenta crecientes cuestionamientos hacia las instituciones. La percepción de que la justicia no logra esclarecer un caso emblemático podría influir en el discurso político, especialmente en un año electoral.
Mientras Chile espera respuestas en este caso que ha tocado fibras profundas, la incertidumbre persiste, dejando a la sociedad a la expectativa de la verdad que aún parece lejana.
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