La ministra Etcheverry defiende la transparencia del gobierno frente a filtraciones, pero persisten dudas sobre la gestión institucional. ¿Qué está en juego?
Editorial10 de mayo de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile – El gobierno del presidente Gabriel Boric enfrenta un nuevo desafío crítico en su gestión debido a una serie de filtraciones que han generado un revuelo político y mediático considerable. En este contexto, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, salió al paso de las críticas al afirmar que “no hay nada que esconder”, insistiendo en que el mandatario no tiene un rol procesal, ni siquiera como testigo, en los casos relacionados. Sin embargo, estas filtraciones han reavivado el debate sobre la transparencia, la probidad y el funcionamiento de las instituciones en Chile, poniendo a prueba la promesa de una administración progresista que llegó al poder en 2022 con un discurso centrado en el cambio y la renovación.
Las filtraciones recientes son parte de un fenómeno más amplio que ha caracterizado la gestión de Boric desde el inicio de su mandato. Las operaciones gubernamentales han estado marcadas por múltiples controversias que han erosionado su popularidad, la cual, según encuestas recientes de Cadem, se sitúa en un preocupante 28% de aprobación. Uno de los casos más significativos es el escándalo de la Fundación Democracia Viva, que destapó informaciones sobre el partido Revolución Democrática (RD) de la fecha que se unificó con Frente Amplio en la actualidad , un actor clave dentro de la coalición oficialista, el Frente Amplio. Este caso involucró la asignación directa de 426 millones de pesos (aproximadamente 530.000 dólares) a la fundación, lo que desencadenó acusaciones de corrupción y nepotismo.
Ante estos eventos, Boric tomó la decisión de crear una comisión de probidad, presidida por María Jaraquemada, directora de Chile Transparente. Su objetivo fue proponer reformas que mejoren la relación entre el Estado y organismos sin fines de lucro, buscando dar una respuesta contundente a las acusaciones de irregularidades. No obstante, aunque el presidente aseguró que las recomendaciones no quedarían “guardadas en un cajón”, los recientes hechos sugieren que los problemas de transparencia persisten como un núcleo crítico de la administración.
El caso más reciente de filtraciones implica la difusión de información reservada sobre investigaciones en curso, lo que ha preocupante en la sede de gobierno, La Moneda. En una declaración pública, la ministra Etcheverry resaltó la necesidad de que “las instituciones funcionen y funcionen bien”, enfatizando la urgencia en fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. No obstante, la oposición, liderada por figuras prominentes como Evelyn Matthei, ha encontrado en este embrollo una oportunidad para cuestionar la capacidad del gobierno en la gestión de crisis.
La administración Boric ha intentado manejar la situación adoptando un discurso abierto y conciliador. La ministra vocera, Camila Vallejo, en su momento des destape del escandalo , reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia, recordando que, en casos anteriores como el de Democracia Viva, se les dio cabida a investigaciones sobre convenios suscritos incluso en gobiernos previos. En una declaración que resuena en el contexto actual, Boric afirmó que “no pone las manos al fuego por nadie” —una pronunciamiento que lleva consigo un peso considerable en un escenario de desconfianza generalizada.
En este contexto de filtraciones, la administración ha insistido en que no hay irregularidades que involucren directamente al presidente. Etcheverry fue enfática al enfatizar que Boric no está implicado procesalmente, buscando así liberar al mandatario de cualquier tipo de especulación. Sin embargo, la falta de claridad en cuanto al origen y contenido de las filtraciones ha dejado un vacío informativo que contribuye al creciente escepticismo en la ciudadanía.
Las filtraciones llegan en un momento delicado para el país, donde la ciudadanía permanece cada vez más desencantada con la clase política. El estallido social de 2019 dejó expuesto un profundo malestar institucional, y aunque Boric llegó al poder prometiendo atender estas demandas, los escándalos recurrentes han complicado su narrativa de cambio. Según un sondeo de Cadem en 2023, un alarmante 86% de los chilenos que tenían conocimiento del caso Democracia Viva lo asociaron con corrupción, en lugar de un simple error administrativo. Esta percepción podría verse aun más agravada con las nuevas filtraciones que emergen.
Además, el contexto político se torna aún más tenso con la proximidad de las elecciones municipales y de gobernadores en octubre de 2025, junto a la inminencia de la carrera presidencial hacia 2026. En este entorno, figuras destacadas como Carolina Tohá, de la candidata del Socialismo democrático, y Jeannette Jara, del Partido Comunista y Acción Humanista, las candidatas del oficialismo que formaron parte del gobierno, estas filtraciones podrían debilitar la cohesión interna de la coalición.
Las filtraciones actuales representan un desafío crítico para el gobierno de Gabriel Boric, no solo por su impacto inmediato sino también por lo que revelan sobre las debilidades estructurales de su administración. Desde su llegada al poder, Boric ha intentado equilibrar las expectativas de una base progresista con las demandas de una ciudadanía que exige resultados tangibles. Sin embargo, los escándalos recurrentes —desde el caso Democracia Viva y pro cultura hasta las filtraciones de 2025— sugieren que la administración no ha logrado consolidar un sistema robusto de gobernanza y transparencia.
Según un análisis de EL PAÍS Chile, estas filtraciones no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también politicizan la justicia penal, un fenómeno visible en otros países como Brasil con el caso Lava Jato o en Polonia con el escándalo Waitergate. En Chile, la difusión de conversaciones privadas en los medios de comunicación, sin un debido proceso, alimenta un “espectáculo mediático” que deslegitima a las instituciones y refuerza la percepción de inestabilidad.
Además, la oposición ha sabido capitalizar estas crisis para apretar al gobierno. La salida de figuras como la subsecretaria Tatiana Rojas en 2023 y el ministro Giorgio Jackson, cercano a Boric, evidencia la fragilidad de la coalición oficialista ante acusaciones de irregularidades. La derecha, liderada por Evelyn Matthei, se perfila como una fuerza dominante según las encuestas, lo que podría complicar las aspiraciones del oficialismo para las elecciones de 2026.
Por otro lado, el gobierno ha mostrado esfuerzos genuinos por contrarrestar esta narrativa. La creación de la comisión de probidad en 2023 y las declaraciones de las ministras Etcheverry y Vallejo en su oportunidad, son un intento de proyectar control y compromiso hacia la transparencia. No obstante, como ha señalado Cooperativa.cl, la efectividad de estas medidas dependerá de su implementación concreta y de la capacidad del gobierno para evitar que los informes “queden guardados en un cajón”.
En un contexto más amplio, las filtraciones de información subrayan la dificultad de gobernar en una era de hiperconectividad, donde datos que deberían ser reservados se convierten en armas políticas. Para Boric, el desafío es doble: primero, demostrar que su gobierno puede manejar estas crisis sin comprometer su agenda de reformas sociales, y segundo, recuperar la confianza de una ciudadanía que, según la ministra Vallejo, no debe olvidar las causas que dieron origen al estallido social de 2019.
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