Maya Fernández señala a Isabel Allende en el caso Guardia Vieja

Santiago, Chile - Un nuevo capítulo se escribe en el intrincado caso de la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, Providencia, que ha sacudido los cimientos del gobierno de Gabriel Boric y del Partido Socialista (PS). En una declaración que resuena como un eco del pasado familiar y político, la exministra de Defensa, Maya Fernández, ha dirigido la mirada hacia su tía, la destituida senadora Isabel Allende, como la persona que le informó sobre el interés del Ejecutivo en adquirir la propiedad para convertirla en un museo. “Me comenta que, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, había una idea del Ejecutivo de adquirir la casa”, afirmó Fernández ante la Fiscalía, según reveló Cooperativa este sábado 26 de abril de 2025. Estas palabras, pronunciadas en el marco de una investigación por posible tráfico de influencias, han reavivado las tensiones en un caso que mezcla historia, patrimonio y acusaciones de irregularidades.

El inmueble, ubicado en Guardia Vieja 392, fue el hogar de Salvador Allende entre 1953 y 1971, un lugar cargado de simbolismo para la izquierda chilena. La idea de transformarlo en un museo parecía un homenaje lógico al expresidente derrocado en 1973, pero el plan se desmoronó cuando se descubrió que dos de sus propietarias, Fernández e Isabel Allende, estaban impedidas constitucionalmente de firmar contratos con el Estado debido a sus cargos públicos. La transacción, valorada en 933 millones de pesos (24.291 UF), fue anunciada a fines de 2024 por el Ministerio de Bienes Nacionales como parte de un proyecto patrimonial, pero pronto se convirtió en un escándalo que costó la salida de Fernández del gobierno y la destitución de Allende por el Tribunal Constitucional (TC).

La declaración de Maya Fernández, quien renunció al Ministerio de Defensa el 10 de marzo de 2025 tras la presión opositora, añade una capa de complejidad al caso. Según su testimonio, publicado por Ex-Ante este 27 de abril, ella no tuvo un rol activo en las negociaciones ni presionó para concretar la venta. “No tenía conocimiento de la prohibición constitucional”, aseguró, delegando la responsabilidad de los detalles al abogado Felipe Vio, yerno de Isabel Allende y representante de la familia en el proceso. Sin embargo, su señalamiento a su tía como la fuente inicial del proyecto ha generado especulaciones sobre quién realmente impulsó la operación y por qué el gobierno no detectó a tiempo las irregularidades.

El caso comenzó a gestarse en 2023, durante las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado. Fuentes cercanas al Ejecutivo, citadas por La Tercera, indican que fue el propio presidente Boric quien impulsó la idea de adquirir las casas de Allende y Patricio Aylwin como un gesto histórico. Sin embargo, el proceso se torció cuando funcionarios de Bienes Nacionales y Cultura advirtieron sobre los conflictos legales, advertencias que, según CIPER Chile, fueron ignoradas por La Moneda. La firma del contrato el 30 de diciembre de 2024 marcó el inicio del fin: la oposición, liderada por el Partido Republicano, denunció la transacción como inconstitucional, y el TC terminó destituyendo a Isabel Allende el 4 de abril de 2025, mientras Fernández optó por dimitir antes de enfrentar una acusación similar.

La exministra, hija de Beatriz “Tati” Allende y nieta de Salvador, ha insistido en que su intención no fue lucrarse, sino preservar el legado de su abuelo. “Siempre he actuado con integridad”, afirmó en su momento, palabras que ahora contrastan con su declaración, que parece deslindar responsabilidades hacia Isabel Allende. Esta última, una figura icónica del PS y guardiana del legado familiar, ha negado haber influido indebidamente en el proceso. En enero, rodeada de militantes socialistas, defendió la transacción como un esfuerzo por “convertir la casa en un museo, como ocurre en tantas partes del mundo”, según reportó Tarapacá Online. Sin embargo,

grabaciones de la PDI, reveladas por La Tercera, muestran al exasesor presidencial Miguel Crispi acusándola de haber “llamado hasta al portero” para apurar la venta, una afirmación que Allende calificó de “falsa” y “faltosa”.
El escándalo ha dejado heridas abiertas en el oficialismo. La salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, en enero de 2025, y la posterior renuncia de Fernández reflejan el costo político de un proyecto que, lejos de unir, ha dividido al gobierno y al PS. Mientras tanto, la oposición no ha soltado el tema: Chile Vamos y Republicanos han prometido seguir escarbando, con rumores de nuevas acciones legales contra exfuncionarios involucrados.

La casa de Guardia Vieja, diseñada por Fernando Castillo Velasco, sigue en manos de la familia Allende. Además de Isabel y Maya, son copropietarios Carmen Paz Allende y Alejandro Fernández, hermano de Maya. El inmueble, que conserva intactos los muebles y recuerdos de los años de Allende, abrió sus puertas en 2023 para el Día de los Patrimonios, un indicio de su valor histórico que ahora queda en suspenso.

El caso Guardia Vieja es un ejemplo de cómo un noble propósito puede convertirse en un desastre político. Para el gobierno de Boric, la compra de la casa de Allende era una bandera de memoria histórica, pero terminó siendo un boomerang que golpeó a sus propias filas. The Times en Español, en su edición del 25 de abril de 2025, lo resumió con mordacidad: “Boric soñó con un museo y terminó con un culebrón familiar digno de teleserie”. El medio, conocido por su tono incisivo, destacó cómo el Ejecutivo subestimó las trampas constitucionales, dejando a dos figuras socialistas —Fernández y Allende— como chivos expiatorios de una gestión torpe. “Mientras el presidente hablaba de integración en Brasilia, en Santiago se desintegraba su coalición”, ironizó el diario, subrayando la desconexión entre las giras internacionales de Boric y los problemas domésticos.

El PS, por su parte, enfrenta una crisis interna. Isabel Allende, con su destitución, pierde un escaño clave, mientras Maya Fernández, menos respaldada por las bases, queda como un símbolo de la fragilidad del gobierno ante la oposición. The Times en Español apunta a un “baile de culpas” entre tía y sobrina, sugiriendo que “en la familia Allende, el legado de Salvador ahora pesa como una herencia envenenada”. La sátira del medio no perdona: “Quizá el próximo museo debería ser sobre cómo no gobernar”.

Para la oposición, el caso es un regalo electoral en un año crucial. Con las municipales y las presidenciales de 2025 en el horizonte, Republicanos y Chile Vamos capitalizan el desgaste del oficialismo, mientras Boric lucha por recuperar credibilidad.

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