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Santiago de Chile, 27 de abril de 2025 – En un movimiento que ha dejado atónitos a propios y extraños, Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, ha anunciado que interpondrá una demanda contra el Estado de Chile por la no despreciable suma de 5.000 millones de pesos (unos 5,2 millones de dólares), acusando al Gobierno de haber permitido injurias que, indicaron fuentes de su propio partido que según ella, han dañado su honor y el legado de su padre. La exsenadora socialista, recientemente destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional, lanzó esta bomba política con un mensaje claro: “El honor de mi padre está en juego y no permitiré que se manche su legado”.
La génesis de este conflicto judicial se encuentra en la destitución de Allende el pasado 3 de abril, cuando el Tribunal Constitucional, en una votación de ocho contra dos, decidió sacarla del Senado tras comprobar que ella y su sobrina, la exministra Maya Fernández, tenían intereses en la compraventa de la casa de Allende, violando la normativa que prohíbe a funcionarios públicos negociar con el Estado. El fallo no solo marcó el fin de una carrera política de más de 30 años, sino que desató una avalancha de críticas que, según la exsenadora, derivaron en una campaña de desprestigio orquestada desde sectores gubernamentales y amplificada por la oposición.
“Han querido reducir el legado de mi padre a un escándalo inmobiliario. No lo voy a tolerar”, afirmó la fuente cercana a la ex senadora, quien justificó los 5.000 millones como una cifra que refleja tanto el agravio personal de ataque del mismo gobierno, su imagen y el de su familia como el peso simbólico de Salvador Allende en la historia chilena.
Abogados expertos en derecho civil coinciden en que, aunque el monto pueda parecer exorbitante, tiene un carácter más simbólico que práctico, diseñado para captar titulares y presionar al Estado a responder. “Es una jugada arriesgada, pero brillante. Está poniendo el valor de la memoria de Allende en la mesa de negociación”, comentó un jurista consultado por esta nota.
La ausencia de un pronunciamiento claro de Boric, quien en el pasado se refirió a Salvador Allende como una inspiración personal, añade una capa de incertidumbre a un caso que ya tiene ribetes de drama familiar y político.
El trasfondo de esta demanda trasciende lo económico. En un Chile donde la memoria del golpe de 1973 sigue siendo un terreno sensible, Isabel Allende está jugando una carta arriesgada pero poderosa: transformar una derrota personal en una causa colectiva. Si bien las posibilidades de que prospere una indemnización de tal magnitud son inciertas –los tribunales chilenos rara vez conceden sumas tan altas por daño moral–, el gesto ya ha logrado su primer objetivo: volver a poner a Salvador Allende en el centro del debate público, obligando al Gobierno y a la sociedad a mirarse en el espejo de su propia historia.
Hasta el momento, ni Isabel Allende ni su entorno han emitido una declaración oficial. La información disponible proviene de fuentes cercanas a la exsenadora, por lo que se espera una confirmación para esclarecer los detalles de esta polémica acción judicial.
Pero aquí viene lo raro: nadie del equipo de Isabel ha dicho una palabra oficial. Ni un comunicado, ni un tuit, nada. Todo esto viene de “voces cercanas del PS” . ¿Una demanda millonaria real o una fake news para revolver el avispero? En un Chile donde el golpe del 73 sigue siendo combustible para peleas, esto huele a cortina de humo ¡Atentos, que esto parece más ficción que realidad!
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