Victor Manuel Arce Garcia
En cada ciclo electoral, las elecciones presidenciales en Chile reflejan no solo la salud de nuestra democracia, sino también sus contradicciones más profundas. Una de las más evidentes es la tolerancia hacia los funcionarios públicos —senadores, diputados, alcaldes u otros — que, son financiados con los impuestos de todos, se lanzan como candidatos presidenciales sin abandonar sus puestos.
Esta práctica, amparada por una normativa difusa, plantea una pregunta ineludible: ¿es justo que sigan cobrando sueldos y usando recursos estatales mientras persiguen sus ambiciones personales, relegando las responsabilidades para las que fueron elegidos?
Estos candidatos deberían renunciar antes de competir. La Constitución y las leyes chilenas, como la Ley N° 18700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, asignan roles claros a parlamentarios y alcaldes: legislar, fiscalizar o gestionar comunas. Para ello, reciben asignaciones, vehículos y equipos de apoyo, recursos que no están destinados a financiar campañas ni a promocionar imágenes personales. Sin embargo, cuando un senador recorre regiones ajenas a su circunscripción o un alcalde se pasea por programas de radio y TV nacionales, el uso indebido de estos privilegios se hace evidente. Aunque el Servel y el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias prohíben explícitamente destinar fondos públicos a campañas, la fiscalización brilla por su ausencia y las sanciones son casi inexistentes.
El conflicto de intereses es innegable. Un funcionario que reparte su tiempo entre sus deberes y su campaña no cumple plenamente con ninguno. Un diputado que deja el Congreso por buscar votos o un alcalde que descuida su comuna traiciona a sus electores. En países como México o Perú, la renuncia es un requisito para quienes aspiran a cargos desde posiciones públicas, un estándar que Chile debería adoptar. Aquí, en cambio, la Ley N° 19.653 sobre probidad administrativa podría sancionar estas conductas, pero la falta de claridad legal y voluntad política perpetúa el abuso.
Esta práctica ha desatado un debate sobre la ética en la política chilena. Expertos y ciudadanos cuestionan la legitimidad de usar recursos del Estado para fines personales, especialmente en un contexto de desconfianza hacia las instituciones. "Es una bofetada a la ciudadanía que paga esos sueldos y espera que sus representantes trabajen por el bien común, no por sus ambiciones", afirmó María Paz Troncoso, analista política de la Universidad de Chile.
La legislación chilena establece que los ministros y otros altos funcionarios deben renunciar al menos un año antes de las elecciones si desean postularse, pero esta restricción no aplica a parlamentarios ni alcaldes. En 2021, un proyecto de ley buscó cerrar esta brecha, exigiendo la renuncia de todo cargo público para candidatearse a la Presidencia, pero la iniciativa no prosperó en el Congreso, donde muchos legisladores vieron en ella una amenaza a sus propias aspiraciones.
La Contraloría General de la República ha emitido dictámenes señalando que el uso de recursos públicos para campañas es indebido, pero su fiscalización es limitada y las sanciones, cuando las hay, suelen ser leves. Esto ha permitido que la práctica persista, alimentando la percepción de una clase política que opera con impunidad.
Las próximas elecciones son una oportunidad para corregir este despropósito. La desconfianza ciudadana, alimentada por escándalos y privilegios, no soporta más ambigüedades. Exigir la renuncia de estos candidatos no solo garantizaría un uso ético de los recursos públicos, sino que obligaría a los postulantes a demostrar compromiso real, sin aferrarse al sueldo estatal como red de seguridad. La Contraloría y el Congreso deben actuar ya para cerrar este vacío legal.
Pero la responsabilidad no es solo institucional. Los chilenos debemos alzar la voz y demandar que quienes nos representan elijan: o sirven a sus electores, o se lanzan de lleno a sus campañas. Tolerar que usen el Estado como trampolín presidencial perpetúa una cultura de ventaja que erosiona la democracia. En un país que exige transparencia, la renuncia no es negociable: es un imperativo ético. Que las urnas sean un terreno de igualdad, no un escaparate de privilegios.
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