Victor Manuel Arce Garcia
Irina Karamanos, ex primera dama, admitió haber comparecido como imputada en la pesquisa relacionada con la Fundación ProCultura. A través de su perfil en X, confirmó que los abonos cuestionados a dicha organización en realidad eran transferencias bancarias rebotadas, y que el expediente correspondiente ya está en manos de la Fiscalía.
En octubre, Radio Bío-Bío reveló un informe confidencial de la PDI que revelaba cinco transferencias realizadas por Karamanos a la cuenta de ProCultura, reavivando así el Caso Convenios en el Palacio de La Moneda, el cual surgió en junio de 2023 con el caso Democracia Viva.
Según el peritaje firmado por la contadora Tatiana Mora, entre agosto de 2021 y enero de 2022, la ex pareja del Presidente Gabriel Boric efectuó cinco pagos a la ONG de Alberto Larraín, sumando cerca de un millón de pesos. Karamanos estuvo vinculada a ProCultura durante nueve meses.
Tras la divulgación del informe, Karamanos emitió un comunicado en sus redes sociales desmintiendo cualquier irregularidad. Afirmó no haber realizado abonos a la Fundación ProCultura, a la que prestó servicios por una remuneración mensual de 973.500 pesos desde mayo de 2021 hasta febrero de 2022.
El Presidente Boric expresó su total confianza en que las sospechas contra su ex pareja serán despejadas.
A pesar de que Mega Investiga intentó contactar a Karamanos, esta se negó a dar una declaración oficial. No obstante, su entorno aseguró que redactaría un comunicado junto a sus abogados para abordar el tema.
En respuesta a las acusaciones, Karamanos declaró voluntariamente ante el fiscal Cooper como imputada, subrayando que las acusaciones en su contra eran infundadas. Denunció que el informe de la PDI presentaba inconsistencias, incluyendo transacciones que no correspondían a abonos, sino a diversos gastos como estacionamientos, comidas y combustible.
La ex primera dama confió en que la PDI corregiría su informe preliminar y criticó las filtraciones de la investigación reservada dirigida por el fiscal Cooper, señalando que minaban la confianza de la ciudadanía en los medios democráticos y de comunicación.
Por otro lado, renunció la abogada de ProCultura, Susana Borzutzky, tras discrepancias con sus clientes sobre la estrategia de defensa. Inicialmente, Borzutzky había defendido a Karamanos afirmando que esta había devuelto fondos de manera transparente, pero luego rectificó al constatar que no existieron tales devoluciones. Posteriormente, la abogada renunció a su representación de la Fundación ProCultura.
El fiscal nacional Ángel Valencia designó a Carlos Palma como perseguidor exclusivo de ProCultura, quien se encuentra suspendido del Ministerio Público por presuntamente filtrar información de causas reservadas a Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva.
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