La capital enfrenta protestas masivas mientras el gobierno intenta restaurar el orden.
Latam17 de octubre de 2025
Javier Saldívar
En respuesta a una creciente ola de violencia provocada por pandillas criminales y manifestaciones masivas, el gobierno interino de Perú, liderado por el presidente José Jerí, ha declarado el estado de emergencia en Lima Metropolitana. La medida se toma en un contexto de extorsiones, homicidios y enfrentamientos en las calles, con el objetivo de restablecer la seguridad en la capital.
Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez, anunció que "el estado de emergencia abarcará al menos a Lima Metropolitana". Álvarez caracterizó a los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la Generación Z, como "una banda que quiere asaltar la democracia", mientras la presión social crece con llamados a la renuncia del gobierno y a elecciones anticipadas.
El punto de explosión fue una jornada de protestas el miércoles, donde miles de jóvenes se congregaron en el centro de Lima exigiendo que "se vayan todos", refiriéndose a los miembros del gobierno y del Congreso. Las manifestaciones, motivadas por la corrupción y la creciente inseguridad, desencadenaron violentos enfrentamientos cerca del Palacio Legislativo. Los reportes oficiales indican que cientos resultaron heridos y un manifestante perdió la vida tras ser alcanzado por disparos de la policía, lo que intensificó la crisis.
Según datos del gobierno, en el primer semestre de 2025 se registraron 161 homicidios más en comparación con el mismo periodo del año anterior, un aumento que refleja el control que ejercen bandas como el Tren de Aragua sobre diferentes sectores de la ciudad.
Desde su llegada al poder tras la destitución de Dina Boluarte en septiembre, Jerí ha prometido una política de “mano dura” contra el crimen organizado. Las acciones planificadas incluyen operativos en penitenciarías y un endurecimiento de las penas para los delitos graves. Sin embargo, estas medidas han encontrado resistencia y críticas. Grupos opositores y organizaciones no gubernamentales (ONGs) alertan que la declaración de estado de emergencia podría resultar en recortes a las libertades civiles, lo que agudizaría las tensiones en un país ya polarizado.
“Vivimos con miedo; las pandillas controlan barrios enteros”, declaró un comerciante anónimo de Lima en una conversación con los medios de comunicación. Este testimonio refleja la creciente sensación de inseguridad que experimentan los ciudadanos en su vida cotidiana.
El estado de emergencia entrará en vigor de forma inminente, lo que implicará el despliegue de fuerzas armadas en las calles de Lima. Analistas sugieren que, sin reformas estructurales profundas, Perú podría ver un aumento de la inestabilidad social y política en un año ya marcado por manifestaciones desde septiembre.
La Generación Z en Perú, frustrada por la violencia y la ineficacia de la política tradicional, planea continuar sus movilizaciones. Este grupo demográfico ha demostrado su capacidad de organización y está decidido a alzar la voz en busca de cambios significativos.
"Estamos cansados de la violencia y la corrupción, queremos un futuro diferente", afirmaron jóvenes manifestantes en varias reuniones recientes. La desesperada situación económica del país, combinada con el creciente descontento social, crea un escenario complicado que requiere atención urgente.
La implementación del estado de emergencia es un intento claro del gobierno para recuperar el control en Lima, pero plantea varias preocupaciones. Históricamente, este tipo de declaraciones han sido utilizadas en varios países de la región con consecuencias tanto positivas como negativas.
Las ONG y opositores advierten que la medida podría resultar contraproducente, intensificando la represión y provocando más apenas de la ciudadanía. A su vez, la falta de diálogo con los jóvenes y otros sectores sociales podría derivar en un ciclo de resistencia.
En el actual clima de polarización política y social, es fundamental que el gobierno busque soluciones integrales para abordar no solamente la seguridad, sino también las causas subyacentes de las protestas, como la corrupción sistemática y la falta de oportunidades para los jóvenes.
Perú se encuentra en un cruce crítico. La declaración de estado de emergencia es un intento de mantener el orden en una situación desbordante, pero también es un desafío que podría modelar el futuro del país. La comunidad internacional y los peruanos observan de cerca cómo evoluciona esta situación, esperando que la paz y la estabilidad puedan finalmente ser restablecidas.
El estado de emergencia permite al gobierno tomar medidas extraordinarias para restablecer el orden y la seguridad en situaciones críticas, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas.
Las protestas son impulsadas por el descontento social ante la corrupción, la inseguridad y las condiciones económicas del país.
Las organizaciones de derechos humanos advierten que el estado de emergencia podría llevar a restricciones en la libertad de reunión y expresión.
Los jóvenes de la Generación Z están organizando nuevas movilizaciones para exigir cambios en el gobierno y abordar los problemas sociales y de seguridad.
Según el gobierno, se ha registrado un aumento de 161 homicidios en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.
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