
Organizaciones sociales y estudiantiles piden a la contraloría rectificar dictamen sobre uso de TNE
Cecilia Toro y Otras Organizaciones Exigen A La Contraloría Que No Se Extralimite En Sus Funciones y Restituya Derechos Estudiantiles.
Parlamentarios requieren información al Ministerio de Seguridad sobre inmuebles utilizados para secuestros y extorsiones en diversas comunas.
Chile08 de agosto de 2025Los diputados chilenos de la Región del Biobío, Karen Medina (IND-DC) y Roberto Arroyo (PSC), han tomado medidas urgentes contra las organizaciones criminales que operan en el país. A través de diversos oficios dirigidos al Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), han solicitado información detallada sobre las denominadas "casas de tortura" utilizadas por bandas como el Tren de Aragua. Este grupo delictual ha sido señalado por establecer centros operativos de secuestro, extorsión y homicidio en varias localidades del país.
"No podemos permitir que las bandas del crimen organizado tomen el control de sectores completos", enfatizó Medina, destacando la urgencia de desmantelar estos recintos que han sembrado el miedo en la población.
Las acciones recientes de los diputados son una respuesta a la alarmante situación de seguridad en Chile. La Brigada Investigadora de Secuestros de la PDI ha revelado cifras preocupantes: entre 2022 y 2025, se identificaron al menos 17 inmuebles asociados a actividades criminales en comunas como Santiago Centro, Maipú, Talagante, Estación Central e incluso Valparaíso. Muchos de estos sitios fueron hallados en tomas ilegales o eran viviendas subdivididas, lo que plantea un reto significativo para la autoridad pública.
En su demanda, la parlamentaria Medina subrayó la importancia de saber qué medidas se están tomando para abordar esta amenaza. "Es fundamental entender qué acciones se están implementando para desmantelar estos centros de tortura", agregó. Además, hizo hincapié en la necesidad de proteger a las familias que viven bajo la constante amenaza de la delincuencia.
Por su parte, el diputado Arroyo advirtió que "lo que estamos viendo en Chile no es aislado; son delitos tipificados en el narcotráfico internacional". En este sentido, los parlamentarios están buscando un catastro actualizado de estas casas de tortura, ya que consideran inaceptable la falta de coordinación entre las fuerzas policiales y las municipalidades.
La expansión de estas prácticas delictivas no solo afecta la seguridad pública, sino que también pone en riesgo el control territorial del Estado. La realidad es que, si estas circunstancias no se abordan de manera efectiva, se corre el riesgo de que el crimen se institucionalice en muchas comunidades chilenas.
“No queremos que Chile termine normalizando este tipo de delitos”, reflexionó Medina, manifestando la preocupación compartida por muchos ciudadanos.
En respuesta a la situación, los diputados han solicitado a Carabineros información sobre los operativos realizados en estos inmuebles, así como las detenciones y los decomisos de evidencias. "Es urgente establecer una estrategia de inteligencia policial que prevenga la reactivación de estas casas de tortura", indicó Arroyo, recordando que detrás de cada acto criminal hay familias destruidas y comunidades sumidas en el miedo.
Uno de los aspectos más críticos de la situación actual en Chile es la falta de coordinación entre las distintas instituciones encargadas de garantizar la seguridad. La legisladora Medina hizo un llamado a una colaboración efectiva entre las fuerzas policiales y los municipios. "Sin un trabajo conjunto, es imposible abordar de manera integral un fenómeno tan complejo como el crimen organizado", advirtió.
Los diputados coinciden en que se requiere un plan integral que no solo contemple la intervención de estos inmuebles, sino que también incluya programas de prevención y reinserción social. "Es crucial que se implementen políticas efectivas en los territorios más afectados. El Estado debe hacerse presente y actuar con decisión", concluyó Medina.
La situación en Chile respecto a las casas de tortura y el crimen organizado demanda una respuesta urgente y eficaz. Las acciones de los diputados Medina y Arroyo resaltan la necesidad de un enfoque colaborativo y coordinado para enfrentar este fenómeno que amenaza la paz y la seguridad de la población. La presión ejercida sobre las autoridades podría ser un primer paso para transformar la realidad de muchas comunidades en riesgo.
Palabras Clave: casas de tortura, crimen organizado, Tren de Aragua, secuestro, extorsión, Chile, Carabineros, PDI, inseguridad pública, coordinación policial.
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