Abogado exige ampliar investigación de licencias falsas en Chile

Santiago, Chile – En un esfuerzo por combatir el fraude en licencias médicas, el abogado querellante Luis Mariano Rendón presentó una solicitud formal a la fiscal regional Lorena Parra para que se amplíe la investigación sobre las licencias falsas a los años 2021 y 2022. Esta petición surge tras la revelación de que miles de funcionarios públicos habrían abusado de estas licencias, causándole al sistema de salud pública un perjuicio fiscal superior a $700 mil millones, que equivale al 25% del presupuesto de Fonasa para licencias.

La Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, había limitado su fiscalización a los años 2023 y 2024 debido a problemas de prescripción administrativa. Sin embargo, Rendón argumenta que el plazo de cinco años para la prescripción penal permite ampliar la investigación, lo que podría ayudar a identificar a más responsables de este escándalo que ha generado una fuerte indignación en la ciudadanía.

Un escándalo que revela la crisis en el sistema de salud

Desde que la Contraloría hizo pública la investigación sobre las licencias médicas falsas, se han detectado numerosas irregularidades, incluyendo el uso de estos documentos para realizar viajes tanto dentro como fuera del país mientras se alegaba estar enfermo. La magnitud del fraude ha llevado a la Contraloría a ampliar su fiscalización a cuerpos policiales y Fuerzas Armadas, tras descubrir irregularidades en estos sectores.

La respuesta de la ciudadanía ha sido crítica. La indignación social es palpable, y muchos ven esta situación como un saco de corrupción que afecta a toda la sociedad. Según Rendón, "no debe haber ninguna impunidad para aquellos que han pretendido viajar a divertirse a costa de saquear los recursos del sistema de salud pública".

La solicitud de Rendón: un llamado a la justicia

En su presentación, Rendón enfatizó la necesidad de que la investigación abarque 2021 y 2022, indicando que "la prescripción de los simples delitos es de cinco años", lo que justifica la extensión de la investigación. El abogado sostiene que una pesquisa más exhaustiva podría llevar a un mayor número de condenas, tanto para los médicos que emitieron licencias fraudulentas como para los usuarios que las utilizaron, con el objetivo de "erradicar profundamente este fraude".

El impacto del fraude no se limita a lo económico; también afecta a la salud pública, ya que los recursos desviados impiden que los pacientes que realmente lo necesitan reciban atención a tiempo. En el contexto actual, donde existen listas de espera prolongadas, este desvío de fondos representa una grave afrenta a la equidad en el acceso a la salud.

Reacciones y antecedentes del caso

La Contraloría ha sido clave en la detección de irregularidades y ha denunciado la existencia de publicidad en redes sociales que promovía la compra de licencias falsas. Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, Pérez destacó que el cruce de datos entre Fonasa, Suseso y Compin podría haber detectado estos fraudes mucho antes, evidenciando fallas en los controles existentes.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, defendió las acciones del gobierno, afirmando que se han entregado denuncias y se están llevando a cabo sumarios. Sin embargo, estas medidas no han calmado la indignación pública, que demanda respuestas más contundentes y resultados palpables.

Implicaciones para el sistema de salud pública

El fraude en licencias médicas plantea serios desafíos no solo legales, sino también sociales. La desviación de recursos puede costarle muy caro al sistema de salud pública, perjudicando su capacidad para atender a los verdaderamente necesitados. Los $700 mil millones que se han desviado podrían haber financiado tratamientos críticos y mejoras en infraestructura hospitalaria.

Este escenario pone en el centro del debate la necesidad de reformar los mecanismos de control en el sector público. La falta de coordinación entre las distintas entidades implicadas permitió que el fraude pasara desapercibido durante años, lo que genera dudas sobre la efectividad de estas instituciones.

El rol del abogado querellante

En el sistema penal chileno, la figura del abogado querellante es fundamental para representar a las víctimas y exigir que se persigan los delitos de forma efectiva. La solicitud de Rendón busca asegurarse de que no haya impunidad para los responsables de este fraude. Al ampliar la investigación, busca presionar a la Fiscalía para que actúe con celeridad y eficacia.

Además, la querella presentada por Rendón no solo busca sanciones para los responsables, sino también sirve de advertencia para desincentivar futuras conductas similares. Este enfoque habla a la necesidad de establecer precedentes claros que fortalezcan la justicia en casos de corrupción.

El caso de las licencias médicas falsas se presenta como un escándalo judicial que resalta los desafíos políticos que enfrenta Chile en un contexto de alta polarización. La solicitud de Rendón para ampliar la investigación amenaza la imagen del gobierno, que ya está bajo escrutinio por su manejo de la salud pública y la fiscalización de recursos estatales.

La magnitud del fraude y su impacto no solo afectan a las finanzas públicas, sino que también propicia un debate sobre la reforma estructural en el sistema de salud. La facilidad con la que se emitieron las licencias falsas pone en entredicho la eficiencia de la burocracia estatal, obligando al gobierno a tomar acción inmediata y efectiva para restaurar la confianza ciudadana.

La solicitud de Luis Mariano Rendón es un llamado claro a la acción y representa la voz de una sociedad que ya no tolera la corrupción. La lucha por la verdad y la justicia en el caso de las licencias médicas falsas no debe ser ignorada, ya que sus implicaciones trascienden lo legal, impactando la moral y la ética de un país en crisis.

Este caso es una oportunidad para que el periodismo profundice en la relación entre corrupción, salud pública y justicia, proporcionando una cobertura que no solo informe, sino que también impulse un cambio significativo en el sistema. La implicación de diversas instituciones en el escándalo da una dimensión más amplia al análisis, resaltando la necesidad de reformas en un sistema que debe ser más transparente y responsable ante la sociedad.

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