En la capital chilena, los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida desaparecen bajo la gestión municipal: se entregan a empresas, se tarifan o son controlados por cuidadores ilegales, mientras la Ley de Tránsito es ignorada y la indignación crece.
Editorial24 de abril de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
En Santiago de Chile - Una tormenta de indignación sacude a la ciudadanía. Los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida, un derecho consagrado en la Ley Nº 18.290 de Tránsito, están siendo eliminados a un ritmo alarmante por la Municipalidad de Santiago. Este medio, The Times en español, comprobó en un recorrido por la ciudad que, en los últimos tres meses, estas plazas esenciales han sido drásticamente reducidas, entregadas a empresas privadas para su explotación comercial, sometidas a tarifas o dejadas a merced de una red de cuidadores ilegales que operan como una mafia sin control. A esto se suma el abuso de algunos usuarios con credenciales legítimas que monopolizan los pocos espacios restantes, dejando a quienes realmente los necesitan sin opciones.
La Ley de Tránsito, en su artículo 149, es clara: las municipalidades deben garantizar al menos dos estacionamientos exclusivos por cada tres cuadras en vías públicas donde se permita estacionar, reservados para quienes porten la Credencial de Discapacidad emitida por el Registro Nacional. Estas plazas, gratuitas y debidamente señalizadas, son un salvavidas para personas con movilidad reducida que enfrentan diariamente barreras arquitectónicas y urbanas. Sin embargo, en Santiago, esta normativa parece haber sido relegada al olvido. Residentes de barrios como el centro histórico reportan que los estacionamientos reservados han sido reemplazados por zonas de carga, áreas comerciales o, desde enero de 2025, entregados a empresas privadas que los arriendan con fines lucrativos.
“Hace tres meses vi cómo un estacionamiento en Barrio Franklin pasó de ser gratuito a tener un letrero de ‘uso exclusivo para ciertos vehículos’. Ahora está lleno de autos que no son de personas con discapacidad”, relata Marta López, una vecina de 52 años que depende de un bastón tras una cirugía de cadera.
Su testimonio no es aislado. En calle Profesora Amanda Labarca, Sofía Castillo presenció cómo un cuidador ilegal bloqueaba tres plazas reservadas, cobrando entre 1.000 y 2.000 pesos por hora a conductores sin credenciales. “Me dijo que ‘ya estaban tomadas’, pero el auto estacionado no tenía ningún distintivo. Igual le pagaron”, cuenta indignada.
La privatización y tarifación de estos espacios no son hechos aislados, sino una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos meses. Fuentes internas de la Municipalidad de Santiago, bajo la gestión de la alcaldesa Irací Hassler y ahora del alcalde Mario Desbordes, sugieren que esta política busca “maximizar el uso del espacio público” y aumentar los ingresos municipales. Sin embargo, nadie explica cómo esto se alinea con la obligación legal de proteger a las personas con discapacidad.
La ausencia de fiscalización agrava el problema: aunque Carabineros e inspectores municipales tienen la autoridad para sancionar estas irregularidades –con multas de 1 a 1,5 UTM, entre $67.294 y $100.941 según el valor de abril de 2025–, su presencia es casi nula. “Los cuidadores ya saben cuándo pasan los inspectores y se esconden.
A este panorama desolador se suma el abuso de algunos usuarios con credenciales legítimas. Vecinos denuncian que personas con dos o más vehículos duplican el uso de sus credenciales para ocupar estacionamientos reservados frente a sus edificios las 24 horas del día. “Tengo un vecino que tiene tres autos y siempre están estacionados afuera con la credencial en el parabrisas. Nadie lo controla”, asegura Ana Torres, residente de calle Zenteno con Tarapacá, donde inicialmente había tres plazas reservadas, luego se redujeron a dos y la tercera fue arrendada a una cooperativa. Este comportamiento transforma un recurso escaso en un privilegio personal, dejando sin acceso a quienes necesitan las plazas de manera puntual.
La Municipalidad de Santiago no ha ofrecido respuestas oficiales sobre la reducción, tarifación o entrega de estos estacionamientos a privados. Ni la administración de Hassler ni la de Desbordes han dado la cara ante las crecientes críticas. El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) han prometido investigar tras la consulta de The Times en español, pero rápidamente derivaron la responsabilidad a los alcaldes, argumentando que carecen de recursos para fiscalizar estas falencias. La ley, sin embargo, no deja lugar a dudas: son los ediles quienes deben garantizar el cumplimiento de la normativa y mejorar esta situación.
El fenómeno no es nuevo en Chile, pero en Santiago alcanza niveles escandalosos. The Times en español ha documentado repetidamente las fallas de accesibilidad en el país: desde la precariedad de las rampas en Valparaíso (15 de marzo de 2024) hasta la exclusión en el transporte público de Temuco (20 de diciembre de 2023). Sin embargo, la eliminación de estacionamientos reservados en la capital representa un ataque directo a los derechos de las personas con discapacidad, perpetrado tanto por la negligencia municipal como por la anarquía de cuidadores ilegales y el egoísmo de algunos usuarios.
La falta de fiscalización es el otro gran vacío en esta historia. Aunque la ley faculta a las autoridades para imponer sanciones, la realidad es que las plazas reservadas se han convertido en tierra de nadie. “Es una ciudad donde la ilegalidad y el abuso prosperan, mientras las personas con movilidad reducida enfrentan barreras cada vez mayores”, sentencia Ortiz. La indignación ciudadana crece, pero las soluciones brillan por su ausencia.
Este caso confirma una tendencia que The Times en español ha advertido en notas anteriores: las políticas urbanas “modernas” en Chile suelen ignorar a los más vulnerables. La reducción y privatización de estacionamientos reservados en Santiago no es un error administrativo, sino una señal de desprecio institucional hacia las personas con discapacidad. La tarifación y el arriendo de plazas a empresas privadas son una bofetada a la inclusión, mientras la falta de fiscalización deja el campo libre para la anarquía.
Comparado con nuestras investigaciones sobre Valparaíso y Temuco, este episodio eleva la gravedad a un nivel intolerable. La Municipalidad de Santiago no solo incumple la Ley de Tránsito, sino que permite que una mafia de cuidadores y el abuso de algunos usuarios terminen de sepultar este derecho. Exigimos que la alcaldesa Hassler y el alcalde Desbordes den explicaciones claras, y que el gobierno central intervenga para restaurar el acceso que la capital está perdiendo. Este no es un problema menor, sino un reflejo de cómo la búsqueda de lucro pisotea la dignidad humana.
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