The Times en Español
Cerrillos, Región Metropolitana – 6 de abril de 2025 Un estremecedor caso de parricidio tuvo lugar la tarde de este domingo en un condominio de la comuna de Cerrillos, cuando un funcionario activo de la Policía de Investigaciones (PDI) disparó y causó la muerte de su hijo de dos años, para luego quitarse la vida con la misma arma. El hecho fue reportado por vecinos que alertaron a Carabineros tras escuchar disparos. Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron al menor fallecido en el suelo y al hombre en estado crítico en el baño, con una herida de bala autoinfligida. Fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde finalmente falleció, según confirmó el alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez.
El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, indicó que “los funcionarios de Carabineros constataron la presencia del menor sin vida y del adulto en riesgo vital, ambos por impactos de bala”. Peritos de la PDI trabajan en el sitio para esclarecer la secuencia de los hechos. La madre del niño, también integrante de la PDI y cónyuge del detective, estaba en el departamento al momento del incidente, sin resultar herida, aunque quedó en evidente estado de shock.
Rosas señaló que “se gestionará acceso a la ficha clínica del funcionario, incluyendo antecedentes psiquiátricos, para indagar las causas de este crimen”, destacando que no había registros previos de violencia intrafamiliar en el matrimonio. Por su parte, el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, afirmó que “se continúa trabajando en el sitio del suceso, recolectando evidencia para determinar la dinámica de los hechos”.
Este trágico episodio no solo sacude por su brutalidad, sino que expone, una vez más, las grietas en la salud mental de quienes portan armas en nombre del Estado. Que un funcionario de la PDI, entrenado para proteger, haya segado la vida de su propio hijo y la suya propia plantea serias dudas sobre los filtros psicológicos y el seguimiento a los efectivos policiales. La ausencia de antecedentes de violencia intrafamiliar no exime a la institución de responsabilidad.
En un país donde la depresión y el estrés laboral son pandemias silenciosas, este caso debería detonar una revisión urgente de las políticas de bienestar en las fuerzas de orden. La investigación no solo debe esclarecer los hechos, sino también iluminar las fallas sistémicas que permitieron esta tragedia.
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