El Presidente Gabriel Boric declara ante la Fiscalía en relación a la fallida compra de la casa de Salvador Allende, mostrando su disposición a colaborar con la investigación, la cual se originó por la prohibición legal de que ministros celebren contratos con el Estado, involucrando a figuras como la exministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende.
Chile28/03/2025
Victor Manuel Arce Garcia
El Presidente Boric fue interrogado por la Fiscalía debido a la polémica compra de la casa de Allende, según lo anunciado previamente por su equipo de Presidencia, resaltando su disposición total para colaborar en la investigación.
Este viernes, Gabriel Boric, en su calidad de Presidente, compareció ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en relación con la adquisición frustrada de la residencia del exmandatario Salvador Allende.
Desde la Dirección de Comunicaciones de Presidencia se informó que Boric declaró voluntariamente en el Palacio La Moneda ante el fiscal regional Cooper Monti en la mañana del viernes 28 de marzo de 2025.
Se subrayó que esta declaración voluntaria forma parte del compromiso continuo del Presidente en colaborar con la investigación fiscal.
En enero, la ONG Fundación Fuerza Ciudadana presentó una denuncia para investigar posibles irregularidades en la fallida compra del inmueble.
El objetivo del Gobierno era adquirir la propiedad del expresidente Allende en Providencia para convertirla en un museo.
El Ministerio de Bienes Nacionales tenía la intención de adquirir las casas donde residieron los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende para transformarlas en museos.
Sin embargo, en el caso de este último, la operación no se concretó debido a la prohibición legal que impide a los ministros realizar contratos con el Estado, situación que involucraba a la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende y una de las propietarias del inmueble. Asimismo, la senadora del Partido Socialista (PS) Isabel Allende, otra de las propietarias, también se vio afectada por esta restricción legal.
El escándalo resultó en la destitución de Sandoval de su cargo y en la imputación por parte de la fiscalía de la exministra Fernández y la senadora Allende, quienes fueron convocadas a declarar pero decidieron ejercer su derecho al silencio.
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