Chile: Urgente Fortalecimiento de Instituciones

Chile no enfrenta una simple amenaza futura; está inmerso en una realidad que aún no ha logrado aceptar por completo. Nos encontramos en uno de los territorios más desafiantes del planeta, constantemente vulnerables a desastres naturales, fenómenos climáticos extremos y un entorno internacional que se caracteriza por una creciente incertidumbre y competencia. A pesar de esto, seguimos abordando nuestra protección nacional como si viviéramos en tiempos pasados.

Despertar ante esta realidad no implica alarmarse, sino reconocer que la seguridad de un país actual no puede depender únicamente de su capacidad militar convencional o de sus sistemas de respuesta civil ante emergencias. La defensa de Chile debe enfocarse en la capacidad del Estado para reaccionar de manera eficiente, coordinada y continua cuando se presentan situaciones que desbordan la normalidad institucional. Las crisis de hoy son complejas y llegan de forma desordenada; desastres naturales que generan tensiones sociales, incendios que coexisten con criminalidad y fallos en infraestructuras críticas que paralizan regiones enteras.

La pregunta clave que debemos plantearnos no es si enfrentaremos nuevas crisis, sino si estamos realmente preparados para afrontarlas de manera más efectiva que en el pasado. Y esta preparación no recae únicamente en el ámbito político, sino en la voluntad de la sociedad de exigir instituciones que puedan protegerla en un mundo que es cada vez más complejo.

Chile tiene la particularidad de poseer un territorio diverso y complicado, cuya exposición a desastres naturales se agrava en un contexto global de crisis interconectadas. El fenómeno del cambio climático, la presión sobre las infraestructuras y el aumento de la criminalidad organizada y las tensiones internacionales son variables de un escenario de riesgo estructural.

Es esencial que dejemos de concebir la defensa, la seguridad y la gestión de emergencias como entidades separadas. La experiencia internacional demuestra que los países que mejor protegen a su población son aquellos que desarrollan capacidades permanentes y profesionales para lidiar con emergencias y crisis complejas. Un ejemplo claro es España, con su Unidad Militar de Emergencias (UME), especializada en actuar en desastres naturales y emergencias tecnológicas. Esta unidad no solo mejora la respuesta ante crisis, sino que también reduce el desgaste de las fuerzas armadas convencionales y fortalece la colaboración entre agencias.

No obstante, el desafío chileno no es simplemente copiar modelos extranjeros. Necesitamos diseñar una solución que se fundamente en nuestra propia experiencia y circunstancias, creando una unidad que responda a los desafíos específicos que enfrentamos y que se anticipate a los que probablemente surgirán en el futuro.

En este contexto, la discusión sobre la nomenclatura de una unidad—ya sea militar, de emergencias o de reacción rápida—es irrelevante. Lo fundamental es construir una capacidad estatal que responda a la realidad actual, asegurando que las instituciones encargadas de la protección de la población se adapten a las exigencias del siglo XXI.

Chile es también un país geopolítico con características únicas que deben ser consideradas en este debate. Desde el extremo sur del continente hasta la Antártica, nuestra posición no solo representa soberanía, sino que se convierte en un activo estratégico en un escenario global cada vez más competitivo. Esto realza la necesidad de contar con instituciones sólidas y efectivas que puedan asegurar la continuidad operativa frente a emergencias, en lugar de depender de estructuras laborales diseñadas para funciones administrativas normales.

Es esencial que definamos un marco jurídico claro para el uso de nuestras capacidades de respuesta. No es razonable que la toma de decisiones cruciales en situaciones de crisis esté sujeta a criterios políticos cambiantes o tardíos. La única forma de garantizar la efectividad de un sistema de respuesta ante emergencias es mediante reglas claras y definidas, que aseguren una autoridad legítima en la gestión y despliegue de estas capacidades.

La optimización de nuestro servicio militar debe ser vista como un componente integral de un sistema que construya capacidades permanentes al Estado, para poder enfrentar las complejidades presentes y futuras. Este enfoque no busca debilitar el control democrático; al contrario, lo fortalece, al hacer responsable a quienes establecen las reglas y normas que rigen la actuación del Estado durante situaciones críticas.

Chile requiere fuerzas profesionales, capacitadas para enfrentar desafíos que son más que hipotéticos; son una realidad palpable. La seguridad moderna radica en la resiliencia de nuestras infraestructuras, en la capacidad de responder a fenómenos climáticos extremos y en la preparación del Estado para actuar en caso de que múltiples crisis se desarrollen simultáneamente.

La conversación sobre la seguridad nacional no es militar ni ideológica, sino una discusión sobre la capacidad del Estado para proteger a su población y asegurar un funcionamiento continuo en un contexto de creciente complejidad. Un Estado que está realmente preparado para proteger a su población no es un Estado agresivo, sino uno consciente de sus vulnerabilidades y responsabilidades.

La clave está en anticiparse a la próxima crisis, utilizando el tiempo adecuadamente para construir capacidades que en el futuro puedan marcar la diferencia entre resiliencia y colapso. La seguridad no es solo un problema de políticas públicas; es la responsabilidad de toda la sociedad organizarse y demandar un sistema que asegure su protección, un compromiso que debe ser solidificado por el Estado en su función esencial de resguardar la vida de sus ciudadanos.