206 precandidatos candidatos a la Presidencia de Chile: ¿Vocación política o interés financiero?

Durante los procesos electorales en nuestra nación, se ponen en marcha una variedad de métodos de financiamiento, tanto públicos como privados. Uno de ellos implica la compensación que candidatos y partidos políticos reciben por cada voto obtenido, lo cual les permite cubrir sus costos electorales y evitar posibles fuentes de financiamiento ilegales.

En Chile, hasta la fecha, se han contabilizado 206 candidatos independientes compitiendo por la presidencia, excluyendo a aquellos postulantes de movimientos políticos no reconocidos como partidos. Estos candidatos precisan conseguir respaldo para poder aparecer en la boleta electoral, ya que no tienen la alternativa de participar en una primaria.

Resulta sobresaliente la presencia de figuras reconocidas y potenciales contendientes en la contienda presidencial. Es intrigante que, hasta ahora, apenas el 0.09% de la población chilena haya brindado apoyo a cierto candidato en particular. Este fenómeno no me sorprende, dado que en la última campaña presidencial en la que 35 precandidatos se postularon en 2021, solo dos lograron llegar a la codiciada boleta y ser oficializados como candidatos presidenciales para La Moneda. Los requisitos para ser candidato independiente, como la necesidad de obtener patrocinio para figurar en la boleta electoral, pueden también erigir barreras de entrada para aquellos que deseen postularse sin estar afiliados a un partido político establecido.

Es entendible que algunos ciudadanos cuestionen las verdaderas motivaciones de ciertos candidatos para postularse, especialmente si parece que su principal incentivo es el beneficio económico que supone la compensación por voto. Este tipo de situaciones pueden sembrar la desconfianza en la ciudadanía y socavar la legitimidad del proceso electoral.  

La alta cantidad de candidatos independientes (206 para la presidencia) refleja tanto una apertura democrática como un desafío logístico y político. La exigencia de patrocinios para aparecer en la boleta, si bien es una barrera razonable para filtrar candidaturas poco serias, también puede desincentivar a quienes no cuentan con redes de apoyo preexistentes, como los partidos establecidos. Esto se ve agravado por el hecho de que, históricamente, muy pocos logran consolidarse (solo 2 de 35 en 2021), lo que sugiere que el sistema favorece a los actores ya posicionados.

Numerosos ciudadanos se preguntan cuáles son las verdaderas intenciones de figurar en la boleta, quizás motivados por el financiamiento estatal que reciben los candidatos por cada voto emitido. En el caso de los candidatos independientes, la compensación es de veintiséis milésimas de UF por voto, aproximadamente 1.554,56 pesos por voto en primera vuelta y 388,64 pesos en una eventual segunda vuelta.

Asimismo, los partidos políticos también obtienen financiamiento, quince milésimas de UF por voto (583 pesos), aunque para las elecciones del 2024, el monto se redujo a un centésimo de UF por voto (388 pesos). Estas compensaciones se sufragan con fondos provenientes del presupuesto del Servel. En caso de no ser suficientes, se recurre al Tesoro Público, administrado por la Tesorería General de la República.

Por ello, la población chilena observa con recelo el interés de muchos precandidatos que buscan obtener una parte de los fondos estatales para financiar sus campañas presidenciales y justificar gastos dudosos,como el caso de una candidata a gobernadora que presentó un desayuno de 50 millones, el más caro del país, o un candidato presidencial que declaró como gasto de campaña la compra de ropa Hugo Boss (cinturones, corbatas, bóxers, calcetines y zapatos). 

En el escenario político chileno, resulta ser un desafío significativo para los partidos establecidos y aquellos en proceso de formación obtener los patrocinios necesarios para su reconocimiento oficial, como en el caso de Amarillo, Liberales, Demócratas Chile, Federación Regionalista Verde Social o el Partido Nacional Libertario, que aún no ha alcanzado dicho estatus. Es alentador observar las medidas de fiscalización implementadas en Chile para garantizar la transparencia en la financiación de las campañas electorales. La presentación detallada de los ingresos y gastos de campaña ante el Servicio Electoral es crucial para asegurar la correcta y legal utilización de los fondos públicos.

Por Víctor Manuel Arce García, Propietario de The Times en Español y Precandidato Presidencial