El ex miembro de la DINA, José Zara Holger, fue liberado tras 15 años de condena por crímenes de lesa humanidad. Su salida genera controversia al no contribuir al esclarecimiento del paradero de las víctimas de la dictadura chilena.
Chile26 de agosto de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
La reciente liberación de José Zara Holger, ex brigadier de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), ha desatado una ola de reacciones en Chile. El Gobierno, representado por la ministra vocera Camila Vallejo, ha expresado su lamentación ante la falta de colaboración de Zara para esclarecer el paradero de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Zara cumplió más de 15 años de condena por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, un crimen que marcó un hito en la historia negra de Chile.
El 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires, Argentina, se consumó un atentado que conmocionó a Chile y al mundo. Carlos Prats, entonces comandante en jefe del Ejército, y su esposa Sofía Cuthbert, perdieron la vida tras la detonación de una bomba en su vehículo, un acto que fue ordenado por la dictadura chilena. Este asesinato marcó el comienzo de una serie de violaciones a los derechos humanos que seguirían durante años.
El atentado no solo fue un ataque contra Prats, un general que se había opuesto públicamente al régimen militar, sino también un símbolo del uso del terrorismo de Estado para silenciar a la oposición.
Este año se conmemoran 50 años de la Operación Cóndor, un operativo clandestino de colaboración entre diversas dictaduras en América Latina para perseguir, torturar y eliminar a opositores políticos. La liberación de Zara llega en un momento crítico para recordar los horrores de ese periodo y el impacto que estos crímenes continúan teniendo en la sociedad chilena.
A través de sus redes sociales, la ministra Camila Vallejo hizo eco del descontento gubernamental. "Como Gobierno, lamentamos que el exintegrante de la DINA, José Zara, haya terminado su condena sin contribuir al esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada", afirmó. La falta de información sobre estos casos sigue siendo una herida abierta en Chile, que aún busca justicia y verdad.
"Más aún, en este año que marca 51 años del asesinato del General Carlos Prats y su esposa", agregó Vallejo, destacando la relevancia del contexto temporal y la necesidad de recordar a las víctimas y sus familias.
José Zara fue condenado no solo por el asesinato de Prats y Cuthbert, sino también por otros delitos asociados a la asociación ilícita. La condena inicial se dictó en 2010, y Zara cumplió su pena en el penal de Punta Peuco, situado en la región metropolitana de Chile. Esta prisión alberga a muchos exfuncionarios de la DINA, lo que ha llevado a críticas sobre la naturaleza de la justicia chilena respecto a crímenes de Estado.
Pese a haber cumplido su condena, Zara nunca ha ofrecido una declaración pública que ayude a esclarecer el paradero de los desaparecidos, lo que genera frustración entre las familias de las víctimas y activistas de derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos han manifestado su descontento al enterarse de la liberación de Zara. "La impunidad se siente como un golpe más en el corazón de quienes aún esperan respuestas sobre sus seres queridos", afirmó una portavoz de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile.
La liberación de José Zara no es solo un evento judicial; es un recordatorio doloroso de que el camino hacia la verdad y la justicia en Chile está lleno de obstáculos. La sociedad chilena se enfrenta a un reto constante: reconocer el pasado y trabajar para que estos actos no queden en el olvido.
El hecho de que Zara no haya contribuido al esclarecimiento de los casos de desaparición forzada subraya una problemática persistente: la falta de cooperación de aquellos que tienen información valiosa sobre crímenes atroces cometidos durante la dictadura.
La situación actual también ha reavivado el debate sobre la justicia transicional y la necesidad de fortalecer las instituciones que velan por los derechos humanos en Chile. Las organizaciones han hecho un llamado al Estado para reforzar sus esfuerzos en identificar, procesar y sancionar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad.
"La memoria es un arma poderosa", afirmó uno de los líderes de un colectivo de derechos humanos. Las palabras reflejan la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas y de garantizar que nunca más se repitan los horrores del pasado.
La liberación de José Zara, un ex DINA condenado por uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura chilena, pone de relieve las grietas en el sistema judicial en relación con la justicia por crímenes de lesa humanidad. La respuesta del gobierno chileno y el clamor de organizaciones de derechos humanos muestran que la búsqueda de verdad, justicia y memoria sigue siendo un objetivo fundamental para la sociedad chilena. A medida que se cumplen 50 años de la Operación Cóndor, el dolor y la incertidumbre de las familias afectadas siguen presentes, a la espera de respuestas que aún parecen distantes.
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