Fiscalía incluyó al exministro en lista de “personas de interés” por caso ProCultura, generando revuelo político en el Frente Amplio.
12 de mayo de 2025
Javier Saldívar
Santiago, Chile – La investigación del caso ProCultura, uno de los escándalos de corrupción más significativos en Chile desde el retorno a la democracia, ha colocado nuevamente al exministro Giorgio Jackson, figura clave del Frente Amplio (FA) y excolaborador cercano del presidente Gabriel Boric, en el centro de la controversia. Según antecedentes revelados por La Tercera y confirmados en el expediente judicial, Jackson fue considerado una “persona de interés” por la Fiscalía, lo que implicó una vigilancia especial sobre sus movimientos migratorios en 2024, antes de que la alerta fuera levantada en febrero de 2025. Este nuevo capítulo intensifica el debate sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos y pone en jaque la credibilidad del FA en un año electoral crucial.
El caso ProCultura, vinculado al más amplio “Caso Convenios”, destapó una red de presuntas irregularidades en la transferencia de fondos públicos a fundaciones, incluida ProCultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín. Desde 2010, esta organización, registrada como colaboradora del Estado, obtuvo cerca de $4.200 millones en convenios con instituciones estatales en nueve regiones, según Malaespina Check. Sin embargo, la amplitud de sus actividades, que iban desde pintura de edificios hasta programas de prevención del suicidio, levantó sospechas sobre la legitimidad de los contratos.
La investigación, ahora encabezada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, tomó un giro significativo en enero de 2024, cuando el entonces fiscal de Aysén, Carlos Palma, ordenó a la Brigada Anticorrupción (Briac) de la PDI monitorear a 13 personas relacionadas con ProCultura, entre ellas Jackson. La medida buscaba registrar cualquier movimiento migratorio de estos “blancos investigativos” y recopilar información sobre sus domicilios y contactos al salir del país. Además de Jackson, la lista incluía a Larraín, su padre, y varios funcionarios de la fundación, como Allan Mix y Emilio Fuentes.
El exministro, quien renunció al Ministerio de Desarrollo Social en agosto de 2023 tras cuestionamientos por el “Caso Convenios” y un robo de computadores en su cartera, declaró ante la Fiscalía el 22 de febrero de 2024. Días después, se trasladó a España, un movimiento que no pasó desapercibido para las autoridades. Aunque la alerta migratoria sobre Jackson y los demás implicados fue cancelada el 28 de febrero de 2025, un informe de la Briac señaló que, en el caso del exdiputado, dicha medida ya había sido levantada previamente, sin especificar la fecha exacta.
La inclusión de Jackson en la lista de “personas de interés” ha generado un torbellino político. Como fundador de Revolución Democrática (RD) y una de las figuras más prominentes del FA, su vinculación al caso ProCultura reaviva las críticas de la oposición, liderada por partidos como la UDI y el Partido Republicano. Estos sectores han acusado al gobierno de Boric de tolerar prácticas corruptas, señalando que los $25 mil millones investigados en el “Caso Convenios” representan el mayor escándalo de corrupción desde 1990.
En un post en X el 12 de mayo de 2025, Jackson desmintió cualquier implicación, calificando las acusaciones como “clickbait” y afirmando que no tiene “absolutamente nada que ver” con el caso. Sin embargo, la oposición, liderada por figuras como el diputado Andrés Longton (RN), insiste en que las irregularidades de ProCultura podrían estar ligadas al financiamiento irregular de la campaña presidencial de Boric en 2021, una acusación que la Fiscalía aún no ha descartado.
El caso ProCultura comenzó a tomar forma en 2023, cuando la Contraloría General de la República amplió sus auditorías a fundaciones que recibían fondos del Ministerio de Vivienda, incluyendo Democracia Viva, otra organización vinculada a RD. Las investigaciones revelaron que ProCultura ejecutó convenios por sumas desproporcionadas, como los $629 millones destinados a la limpieza y pintura de tres edificios en Antofagasta. Además, un informe de Contraloría señaló que $990 millones de un convenio con el Gobierno Regional de La Araucanía no fueron utilizados, y $5,8 millones se gastaron en coctelería y cerveza para un evento musical.
En junio de 2024, el fiscal Cooper asumió la investigación, manteniendo las diligencias iniciadas por Palma. Aunque las alertas migratorias fueron levantadas en 2025, la Fiscalía continúa explorando posibles vínculos entre los fondos de ProCultura y el financiamiento político, un aspecto que ha generado especial interés tras la solicitud rechazada de Cooper para intervenir el teléfono del presidente Boric.
El caso ProCultura, con Giorgio Jackson como una de sus figuras centrales, pone de manifiesto las tensiones estructurales en el sistema político chileno.
El caso ProCultura no es solo un escándalo de corrupción; es un reflejo de las profundas fisuras en el sistema político chileno y un desafío existencial para el Frente Amplio (FA). Giorgio Jackson, como símbolo de la renovación política post-2011, encarna tanto las esperanzas de una generación como las contradicciones de un proyecto político que prometió transparencia y transformación, pero que ahora enfrenta acusaciones de opacidad y favoritismo.
La investigación, liderada por el fiscal Patricio Cooper, ha destapado no solo posibles irregularidades financieras, sino también una narrativa que la oposición ha explotado con eficacia: la del FA como un proyecto elitista que, bajo el discurso de la justicia social, habría replicado prácticas clientelistas del pasado. Según La Tercera, la posible vinculación de fondos de ProCultura con la campaña de Gabriel Boric plantea preguntas inquietantes sobre la ética del financiamiento político en Chile, un tema que resuena en un país aún marcado por escándalos como el caso Penta o SQM.
Sin embargo, el análisis debe ir más allá de la retórica sensacionalista. Como señala El Mostrador en un editorial reciente, la magnitud del caso ($25 mil millones en supuestos fraudes) palidece frente a otros escándalos históricos, pero su impacto político es desproporcionado debido al contexto: un gobierno con una minoría parlamentaria, una oposición fragmentada pero agresiva, y un electorado desencantado. El FA, que en 2017 irrumpió como una fuerza disruptiva, enfrenta ahora el riesgo de ser percibido como parte del establishment que una vez criticó.
Jackson, en este sentido, es tanto víctima como arquitecto de esta crisis. Su trayectoria, desde líder estudiantil hasta ministro, lo convirtió en un ícono del progresismo chileno, pero también en un blanco fácil para la oposición. Su salida del gobierno en 2023 y su traslado a España, aunque justificado como una decisión personal, alimentaron las teorías conspirativas y debilitaron su capacidad de respuesta. Como señala Ciper Chile, la falta de una estrategia comunicacional clara por parte del FA ha permitido que la narrativa de la oposición domine el debate público.
El impacto a largo plazo dependerá de cómo el FA gestione esta crisis. Por un lado, la investigación podría esclarecer los hechos y exonerar a Jackson y otros implicados, fortaleciendo al gobierno de cara a las elecciones de 2025. Por otro, una condena o nuevas revelaciones podrían fracturar aún más la coalición gobernante, dando oxígeno a la derecha y a sectores populistas. En cualquier escenario, el caso ProCultura subraya la necesidad de reformas estructurales en el financiamiento de campañas y la fiscalización de fundaciones, un debate que, hasta ahora, ha sido eludido por la clase política.
En conclusión, el caso ProCultura no solo pone a prueba la resiliencia del FA, sino también la madurez de la democracia chilena. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser más que eslóganes; deben traducirse en instituciones robustas y en un compromiso real con la ética pública. De lo contrario, el legado del FA, y de figuras como Jackson, podría quedar reducido a una promesa incumplida.
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