La presentación, dirigida a la presidenta de la Comisión, Ana María Bravo, acusa a Kaiser de propagar falsedades, comparando su actuar con tácticas de desinformación. El caso reaviva el debate sobre la ética parlamentaria y la veracidad en la política chilena.
Chile18 de abril de 2025
The Times en Español
Santiago, Región Metropolitana, Chile. En un nuevo capítulo de controversias protagonizadas por el diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una solicitud formal ante la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados para que se sancione al parlamentario de ultraderecha. La acusación se centra en las declaraciones de Kaiser, quien afirmó categóricamente que el empresario Andrónico Luksic, uno de los hombres más ricos de Chile, recibe la Pensión Garantizada Universal (PGU), un beneficio social destinado a los sectores más vulnerables del país. La aseveración, que generó revuelo en redes sociales y medios de comunicación, fue desmentida por diversas fuentes, incluyendo el equipo de Luksic, lo que motivó la acción de Rendón.
La presentación, dirigida a la presidenta de la Comisión de Ética, Ana María Bravo, fue ingresada el pasado 18 de abril de 2025, según reportes periodísticos. Rendón argumenta que las declaraciones de Kaiser no solo son falsas, sino que contribuyen a la “intoxicación del debate público” con mentiras que afectan la credibilidad de las instituciones y el bienestar de la sociedad chilena. “Es necesario poner un freno a la intoxicación del debate público con falsedades que gente como Kaiser acostumbra hacer”, señaló el abogado, quien comparó el actuar del diputado con el principio propagandístico atribuido al nazi Joseph Goebbels: “Miente, miente, que algo queda”. Según Rendón, Kaiser ha incurrido en un patrón de desinformación, citando como ejemplo previo sus afirmaciones cuestionadas sobre la cantidad de vacunas durante la pandemia.
La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio estatal que entrega hasta $206.173 mensuales a personas mayores de 65 años que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, y que cumplan ciertos requisitos de residencia y cotizaciones previsionales. Dado que Andrónico Luksic, cuya fortuna familiar se estima en más de $26 mil millones de dólares según Forbes, no cumple con los criterios de vulnerabilidad económica, la afirmación de Kaiser resulta inverosímil. Fast Check CL, un medio especializado en verificación de datos, catalogó la declaración como “falsa” tras consultar al equipo de comunicaciones de Luksic, que confirmó que el empresario no recibe la PGU. Además, no existen registros oficiales ni evidencia documental que respalden la acusación del diputado.
El caso ha generado un intenso debate en la esfera pública, especialmente en redes sociales, donde usuarios han cuestionado la ética de Kaiser y su historial de declaraciones polémicas. Por ejemplo, un post en X del 12 de abril de 2025, señaló que el abogado Rendón acusó a Kaiser de “mentir descaradamente o incumplir el deber de denunciar delitos”, refiriéndose a la gravedad de la acusación contra Luksic. Otros usuarios, como @WenaChile
, pidieron sanciones no solo contra Kaiser, sino también contra otros parlamentarios por conductas similares, reflejando una creciente frustración ciudadana con la desinformación en la política.
Johannes Kaiser, conocido por su retórica provocadora y su militancia en el Partido Nacional Libertario tras renunciar al Partido Republicano, no es ajeno a las controversias. En los últimos años, ha enfrentado múltiples denuncias ante la Comisión de Ética por conductas como insultos a parlamentarias, gestos agresivos en el hemiciclo y declaraciones que han sido interpretadas como apología a la dictadura de Pinochet. En marzo de 2025, la diputada Nathalie Castillo (PC) presentó un requerimiento contra Kaiser por “insultos y gestos agresivos” contra la bancada comunista durante una sesión parlamentaria, solicitando una “sanción ejemplar” por lo que calificó como conductas misóginas y violencia política. Estas acusaciones previas refuerzan la percepción de que Kaiser adopta un estilo confrontacional que, para sus críticos, cruza los límites de la ética parlamentaria.
La solicitud de Rendón pone a prueba el rol de la Comisión de Ética, que tiene la facultad de aplicar sanciones como amonestaciones, multas de hasta el 15% de la dieta parlamentaria o censuras públicas, según el Reglamento de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la efectividad de estas medidas es objeto de debate, ya que casos similares, como el del exdiputado Gaspar Rivas en 2016, quien fue sancionado por insultar a Luksic en el hemiciclo, no siempre han disuadido conductas similares. En aquella ocasión, Rivas llamó a Luksic “hijo de puta” y “máximo delincuente”, lo que llevó a una queja formal del empresario y una revisión por parte de la Comisión de Ética, aunque el parlamentario se negó a retractarse.
El caso de Kaiser también reaviva la discusión sobre la responsabilidad de los parlamentarios en el uso de la información y el impacto de sus declaraciones en la confianza pública. Rendón enfatizó que la falsa acusación contra Luksic, de ser cierta, implicaría un abuso de recursos públicos pagados por “los más humildes habitantes de este país”. Esta narrativa resuena en un contexto de creciente polarización política, donde las acusaciones sin fundamento pueden exacerbar las divisiones sociales y erosionar la legitimidad de las instituciones.
Hasta el cierre de esta nota, ni Kaiser ni su equipo han respondido públicamente a la solicitud de Rendón ni a las verificaciones que desmienten su afirmación. La Comisión de Ética, presidida por Ana María Bravo, deberá ahora evaluar la denuncia y determinar si los dichos del diputado constituyen una infracción al reglamento parlamentario. El resultado de este proceso podría sentar un precedente sobre cómo se abordan las falsedades en el discurso político chileno, especialmente en un año marcado por las elecciones presidenciales.
La solicitud de sanción contra Johannes Kaiser por mentir sobre la PGU de Andrónico Luksic pone en el centro del debate la creciente problemática de la desinformación en la política chilena. La afirmación del diputado, desmentida de manera contundente, no solo carece de evidencia, sino que parece responder a una estrategia deliberada para generar controversia y captar atención mediática. Este tipo de conductas, como señaló Luis Mariano Rendón, no son aisladas en el historial de Kaiser, quien ha construido su carrera política sobre una retórica provocadora que, si bien atrae a ciertos sectores, daña la calidad del debate público.
El caso también destaca las limitaciones del sistema de sanciones éticas en el Congreso. Aunque la Comisión de Ética tiene herramientas para castigar conductas inapropiadas, las multas o amonestaciones suelen ser percibidas como insuficientes para disuadir a parlamentarios que, como Kaiser, buscan capitalizar la polarización. La comparación con el caso de Gaspar Rivas en 2016 es reveladora: a pesar de las sanciones, Rivas no se retractó y mantuvo su postura desafiante, sugiriendo que las consecuencias éticas no siempre logran cambiar comportamientos.
Además, la denuncia contra Kaiser plantea preguntas sobre la regulación de la desinformación en el ámbito político. En un contexto donde las redes sociales amplifican declaraciones sin verificar, como lo demuestra la viralización del video de Kaiser, es urgente que las instituciones democráticas desarrollen mecanismos más robustos para sancionar la propagación de falsedades. Sin embargo, cualquier medida debe equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proteger la veracidad del discurso público, un desafío que trasciende el caso particular de Kaiser.
Finalmente, el incidente refleja las tensiones entre el poder económico y el político en Chile. La figura de Andrónico Luksic, un símbolo de la élite empresarial, ha sido recurrentemente utilizada por parlamentarios como Kaiser o Rivas para cuestionar el sistema, pero estas acusaciones, cuando carecen de fundamento, terminan debilitando la legitimidad de las críticas estructurales. La Comisión de Ética tiene ahora la oportunidad de enviar un mensaje claro: la mentira, aunque efectiva para generar titulares, no puede ser un recurso impune en la política chilena.
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